El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) presentado esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos número 63, vuelve a levantar las alarmas sobre la violencia estructural en el país. Este nuevo documento ofrece un estudio en profundidad sobre los «colectivos», estructuras paramilitares que se mantienen plenamente activas después de la incursión armada de EE.UU. del 3 de enero. Lejos de disolverse, estos grupos coexisten con el aparato estatal manteniendo una dinámica de control social y territorial, por lo que la Misión los caracteriza como un actor “de facto del aparato represivo estatal”.
La MIIV sostiene que “tiene motivos razonables para creer que existió una delegación estratégica de funciones represivas y la coordinación logística entre estos grupos y las fuerzas de seguridad, en un contexto de impunidad” e indica que se trata de una relación de larga data. Igualmente advierte que esta relación se mantiene hasta el presente, por lo que sostiene que se requiere un “desmantelamiento efectivo de estos grupos”, para lo cual es necesario que cese el apoyo del Estado hacia estas estructuras, proceder a su desarme, investigar a sus miembros y a las autoridades que actuaron en coordinación con ellos y “garantizar a las víctimas verdad, justicia y reparación”.
Mientras el informe de la FFM desglosa la anatomía del paramilitarismo oficialista, la realidad en el terreno a lo largo del último año muestra una violencia que mutó con la intervención de EE.UU. en aguas del Caribe y el Pacífico, pero que ya no se limita a los operativos en alta mar o zonas fronterizas, sino que se ejecuta abiertamente en tierra firme. Los recientes casos de alias «Niño Guerrero» en Venezuela y alias «Bendito Menor» en Colombia son sintomáticos de esta práctica emergente. Aunque ambos perfiles tienen en común la intervención de Estados Unidos —ejercida de maneras muy distintas—, comparten un libreto oficial similar: en ambos casos se alegó una supuesta «resistencia a la autoridad» para justificar sus muertes. Sin embargo, la ausencia de contraloría independiente impide corroborar la versión estatal, lo que fundamenta la sospecha de ejecuciones sumarias. El misterio que rodea estos operativos y el bloqueo impuesto sobre los cuerpos de los abatidos siembran dudas sobre las verdaderas circunstancias de las muertes.
Por otra parte, durante su visita a Colombia, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, calificó como insostenible la presencia de campamentos del ELN y disidentes de las FARC en territorio venezolano. Asimismo, reconoció que se han discutido opciones de acciones y posibles intervenciones con el gobierno interino en Caracas para frenar estas operaciones irregulares, lo que podría apuntar a escalar la práctica de ejecuciones sumarias bajo la ya conocida excusa de la «lucha contra el narcoterrorismo». Ante esta presión, queda por ver qué papel aceptaría jugar Delcy Rodríguez y cómo se avizora la viabilidad de una alianza entre el palacio de Miraflores y un gobierno de extrema derecha que, paradójicamente, se alinea con la figura de Donald Trump, el nuevo y pragmático aliado del clan Rodríguez.
El 15 de septiembre la administración Trump anunció que, considerando los “pasos positivos” adoptados por el gobierno de facto, Venezuela “ya no debe ser señalada por haber incumplido de manera demostrable sus compromisos de control de drogas”. Tomando en cuenta que el documento se emite cuando faltan 48 días para las elecciones de medio término, con un nivel de aprobación inferior al que tuvieron sus predecesores más recientes en periodos equivalentes. De allí el afán por describir sus esfuerzos en el combate del tráfico de drogas y las llamadas organizaciones narcoterroristas como un “progreso histórico”.
Curiosamente, ni los anuncios de Rubio en su visita a la región ni el discurso público de Rodríguez, ni los recientes anuncios de Trump, mencionan a los colectivos como actores armados que socavan la cacareada «estabilización» del país. Este silencio levanta una sospecha: ¿estamos ante un enfoque represivo diseñado exclusivamente para liberar zonas estratégicas y asegurar operaciones de extracción minera y petrolera? De ser así, la represión no buscaría el orden, sino la limpieza de terrenos para el gran capital, que bien puede calificarse como una estabilización selectiva.
Ante este panorama, la comunidad internacional tiene el desafío de activar mecanismos de vigilancia para garantizar que la bandera del «antiterrorismo» no se siga utilizando como una patente de corso para eliminar sujetos de manera selectiva mediante ejecuciones extrajudiciales en mar y tierra.