El 31 de marzo de 2022, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karin Khan, apareció reunido en el palacio presidencial de Caracas con Nicolás Maduro dispuesto a ofrecer unas declaraciones públicas al término de lo que fue su segunda visita a Venezuela. A diferencia de la primera visita, la actual no fue anunciada, no hubo reuniones con las organizaciones de la sociedad civil, y todo se desarrolló de manera confidencial entre el gobierno y el fiscal.
En su alocución, el fiscal expresó que, a pesar de que el gobierno mantiene su desacuerdo con la apertura de la investigación, “(le) sigue pareciendo que dice mucho en su favor que se haya comprometido a fortalecer la cooperación con mi Fiscalía”. Señaló que hubo avances en la implementación del MoU, como la autorización para abrir una oficina en Caracas con fines de asistencia técnica. El fiscal resaltó su voluntad “de dar vida al principio de complementariedad que ocupa un lugar central en el Estatuto de Roma”, por lo cual “la labor de profundización en la cooperación y de creación de un espacio común a todos los interesados (…) solo puede contribuir a fortalecer el fundamento necesario para realizar investigaciones eficaces”. Esto podría incluir, según detalló el fiscal, fortalecer las relaciones con la OACNUDH.
La manera en que se han dado a conocer los anuncios y las medidas a que darán lugar no dan buenas señales de querer integrar a la sociedad civil en el trabajo por venir. Tampoco dicen nada sobre los parámetros de la apertura de la investigación y cómo proseguirá en el marco de estos esfuerzos de cooperación. La cuestión de cómo se dará “vida al principio de complementariedad” no es una discusión de élites entre la Fiscalía y el Estado, ni entre ambos con la OACNUDH, sino que es un asunto fundamental que debe disparar una conversación más amplia y sincera con la sociedad civil y otros actores interesados. Por lo tanto, la instalación de una oficina de la CPI debería ser seguida por la definición de estándares claros y exigibles y de espacios de participación con la sociedad civil para entender de qué estamos hablando.
La primera visita del Fiscal de la CPI fue transparente, se reunió con la sociedad civil, y culminó firme, al abrir una investigación sobre Venezuela. Luego se anunció la apertura de una oficina con fines de asistencia técnica en el marco de una segunda visita secreta con el gobierno. La ACNUDH hizo algo similar en 2019. En su primera visita fue transparente, escuchó a las organizaciones, y fue firme en sus declaraciones, a las que les siguió el informe más crítico de su gestión. Luego anunció una presencia de su oficina en el país que ha ido trabajando secretamente con el gobierno al punto que ha minimizado su capacidad de incidencia pública.
Al igual que la ACNUDH, el Fiscal de la CPI inició transparente y firme y ahora parece decantar por la bilateralidad y la opacidad de su mandato. La nueva oficina debe cuidarse de repetir el modus operandi de la ACNUDH que incluye permitir el uso de su nombre para celebrar las acciones del gobierno mientras se guarda silencio frente a las violaciones que no cesan. Esta es la zanahoria de la asistencia técnica, acompañamiento y talleres a funcionarios para promover mejores prácticas, sin nada que permita valorar la efectividad de lo alcanzado, y con exclusión de las organizaciones para impedir molestias, porque al final esto “es mejor que nada”.
No se trata de cuestionar la importancia de la asistencia técnica, pero sí de asegurar que no se convierta en la zanahoria que distrae. El Fiscal de la CPI tiene que definir criterios para evaluar cómo continúa su investigación independiente y permitir a la sociedad civil plena participación para monitorear y cuestionar las acciones del gobierno. En caso contrario, el Fiscal de la CPI corre el riesgo de convalidar acciones que no sean compatibles con una voluntad genuina de investigar y hacer justicia. Las mejores intenciones siempre deben acompañarse de estándares transparentes, crítica e inclusión en el proceso; de otro modo no sólo no funciona, sino que pone en la ecuación “el valor de quedarse en el país” por encima de cualquier principio.