El lunes 30 de octubre, mientras miembros de la Comisión Nacional de Primaria (CNP) asistían a una citación del Ministerio Público por la apertura de una investigación penal sobre la elección opositora que fue calificada como “constitutiva de delitos” por el fiscal general impuesto por la asamblea nacional constituyente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervenía también sobre la primaria ordenando la suspensión de “todos los efectos del proceso electoral conducido por la CNP” por “la presunta comisión de ilícitos electorales”.
Según se desprende de la sentencia nº 122, la CNP deberá consignar ante el TSJ «los antecedentes administrativos, contentivos de las veinticinco fases del proceso electoral» de las primarias, que van desde la convocatoria al evento hasta las actas de escrutinios, totalización y proclamación. Además, deberá consignar el “acta de aceptación de la postulación, formulada por la ciudadana inhabilitada de manera firme por quince (15) años, María Corina Machado”, así como las renuncias de los ciudadanos Henrique Capriles y Freddy Superlano, ambos inhabilitados por 15 y 7 años, respectivamente.
Esta decisión del TSJ llega una semana después del proceso de primarias, en sintonía con las declaraciones de líderes del gobierno como Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, así como otros dirigentes regionales, todos los cuales habían calificado de “fraude” al comicio interno. La sentencia propina un duro golpe a los Acuerdos de Barbados que fueron celebrados apenas dos semanas atrás, en donde el gobierno se comprometía a respetar “el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato presidencial de manera libre y de acuerdo con sus mecanismos internos”. La situación de cómo quedan los acuerdos ante estos hechos y el proceso de negociación se supone que deberán ser evaluados por la comisión de verificación de los acuerdos, que a la fecha no ha sido convocada por el gobierno de Maduro. Antes que ello ocurra, Estados Unidos declaró que “tomará acciones” si el gobierno no cumple con la ruta electoral plasmada en los acuerdos de Barbados.
El gobierno, haciendo un uso coordinado y expedito de sus órganos subordinados como el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, ha decidido asumir los costos políticos y económicos de negar a como dé lugar la participación de María Corina Machado en las elecciones presidenciales de 2024. Este hecho trae mayores implicaciones después de unas primarias que contaron con una importante participación y simbolismo democráticos. Parece que el cálculo principal del gobierno es evitar medirse electoralmente con una candidata que ha mostrado su capacidad de movilización de una parte relevante de la población, por lo cual busca desalentarla de su lucha democrática imponiéndole a la candidata opositora obstáculos que se suman a su inhabilitación política.
Mientras tanto, Venezuela plantea una anexión de territorio.Al día siguiente de la primaria, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer las cinco preguntas que se someterán a consulta de la población en un referéndum a realizarse el 3 de diciembre de 2023. La consulta había sido aprobada por la Asamblea Nacional en septiembre de 2023, con el objeto de que “el pueblo refuerce la defensa de la Guayana Esequiba”.
La quinta pregunta de la consulta está formulada en los siguientes términos: ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?
Analizar los méritos e historia de la reclamación de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, así como la pertinencia de las otras cuatro preguntas, escapa al alcance de esta nota. Sin embargo, es innegable que la manera en que está formulada esta pregunta, sugiere una disposición de anexión que podría interpretarse como un acto hostil. En efecto, el gobierno de Guyana reaccionó de manera inmediata afirmando que la anunciada consulta tiene “el potencial de incitar a la violencia y amenazar la paz”, al tiempo que los países del Caricom, hasta ahora aliados incondicionales de Venezuela gracias a los beneficios de Petrocaribe, cerraron filas a favor de Guyana.
Es una antigua y conocida receta de gobiernos autoritarios y dictatoriales el invocar sentimientos nacionalistas que pretenden aglutinar a toda la población en contra de un enemigo externo cuando su popularidad es muy baja. La guerra de Las Malvinas y la guerra del Cenepa son ejemplos recientes en la región. En este tipo de escenarios de conflicto, el chavismo tiene experiencia en la manipulación y la polarización, donde no se aceptan matices. Así, es fácil prever que los señalamientos por traición a la patria se impondrán como una forma de descalificación y persecución contra quienes no expresen de forma contundente su respaldo al referéndum.
Una vez más, el derecho a la participación política libre de coacción se verá amenazado en Venezuela. En la antesala de una elección presidencial, la tentación de dar a esta consulta un carácter plebiscitario es grande. Además, realizar el referéndum a seis semanas de la primaria, constituirá un reto de movilización de participantes para contrastar cifras con respecto a las anunciadas por la Comisión Nacional de Primaria.
La comunidad internacional, y especialmente los organismos multilaterales, deben activar de inmediato todos los mecanismos a su alcance para la resolución pacífica de controversias, pues las tensiones entre Venezuela y Guyana están escalando de manera alarmante, amenazando no solo la paz, sino también los derechos humanos y el acceso a la asistencia humanitaria de una población que ya se encuentra severamente golpeada por la emergencia. Adicionalmente, la comunidad internacional debe velar porque el gobierno respete la ruta electoral permitiendo que la candidata abanderada por la oposición, así como cualquier persona que desee hacerlo, pueda participar libremente en las elecciones presidenciales, sin condicionamientos ni limitaciones arbitrarias a sus derechos políticos y electorales. Esto supone establecer un cronograma electoral claro y dotado de las debidas garantías. A su vez, se debe garantizar los derechos a la libertad, seguridad e integridad personales de los miembros de la CNP y de todas las personas participantes de la primaria en condiciones de igualdad y no discriminación, incluyendo la plena protección de sus datos personales.