En abril de 2023, la Dirección General de Migraciones de Islandia incorporó a Venezuela en su lista de países seguros. Poco después comenzaron los rechazos de solicitudes de asilo y, en noviembre del mismo año, las deportaciones. El mismo patrón se observó en el caso de EE.UU. a partir de octubre. Por su parte, los cancilleres de Colombia y Venezuela firmaron un acuerdo para el “Retorno Seguro de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales”, al tiempo que, con el argumento de que el tránsito de venezolanos por el Darién se acabará cuando se levanten las sanciones contra Venezuela, el presidente colombiano propuso a EE.UU. el desarrollo de un “programa de humanización del éxodo”, consistente en el giro de bonos de estabilización económica para que regresen las personas migrantes de Venezuela a su lugar de origen, según se lee en la nota publicada por la Cancillería de ese país. Casi en simultáneo, el gobierno de Perú aprobó un decreto que autoriza deportaciones en un plazo de 48 horas, aclarando que se respetarán los derechos humanos y el debido proceso, cuestión difícil de imaginar en un lapso sumario como el acordado.
Todo indica que el cansancio y desgaste que sienten muchos países frente a la ausencia de soluciones a la crisis político institucional de Venezuela, es una factura que se le está cobrando a los migrantes y solicitantes de refugio venezolanos mediante la deportación y el estímulo del retorno “voluntario”. Para justificar estas acciones se alega que Venezuela es un país seguro. Las más recientes cifras publicadas por HumVenezuela desmienten esta supuesta mejora que ha intentado imponer la administración de Maduro.
En lo que respecta a ingresos y medios de vida, HumVenezuela registró un aumento en la pérdida de fuentes de ingresos de los hogares de 53,6% a 61,5% entre marzo 2022 y agosto 2023. Esta merma de ingresos está incidiendo en la inseguridad alimentaria de las familias, llevando al 91,6% de los hogares a recurrir a estrategias de sobrevivencia para que sus integrantes puedan comer, lo cual ha afectado especialmente la ingesta de proteínas, que registra el mayor déficit de más del 60% en su consumo.
Este cuadro de pérdida de ingresos y de seguridad alimentaria se refleja también en más enfermedades que no pueden ser adecuadamente atendidas debido a la inoperancia de los servicios de salud. El programa Barrio Adentro, presentado en sus inicios como un ejemplo de gestión en la materia, se encuentra inoperante en un 97,8%, al tiempo que otros servicios del sistema de salud también presentan altos índices de inoperatividad: Clínicas Populares (97,3%), Centros de Atención Integral (90,1%), Ambulatorios (87,8%) y Hospitales (74,3%).
Por otra parte, un 26,7% de la población en edad escolar no está asistiendo a la escuela, y los que asisten lo hacen de manera irregular, registrándose un aumento de 44,8% a 50,7% en la población de 3 a 17 años.
En materia de servicios, la situación sigue deteriorándose. Entre junio 2021 y agosto 2023, los hogares sin acceso regular al agua pasaron de 69,1% a 74,5%. Las interrupciones frecuentes y prolongadas en el suministro de electricidad pasaron, de 26,4% a 58,6%, entre junio 2021 y agosto 2023, y los hogares sin acceso a un servicio de transporte público ascendieron, de 17,1% a 28,1%, entre marzo 2022 y agosto 2023. Además, se registró un aumento de fallas severas en el servicio de internet que pasó de 9,2% a 26,6% entre 2021 y 2023.
A todo lo anterior se suma un incremento en la acción de grupos armados irregulares, pasando de 19,2% en junio de 2021 a 24,7% en agosto de 2023, en un contexto de la mayor inflación y el menor salario mínimo del continente. De allí que los planes de abandonar el hogar se incrementaron, de 8% a 13,1% entre marzo 2022 y agosto 2023, y de este grupo el 72,8% tiene intenciones de migrar a otro país.
Así, Venezuela no es un país seguro para nadie, ni para quienes viven en su territorio, ni tampoco para quienes retornan; no solo porque se verán sometidos a la persistente emergencia humanitaria, sino porque la recepción de los deportados se ubica, en el mejor de los casos, en la categoría del trato inhumano y degradante. Los deportados que han llegado desde EE.UU. e Islandia han sido aislados y retenidos en contra de su voluntad, sin acceso a sus familiares o a los medios de comunicación. Según algunos testimonios, se les ha obligado a firmar un papel cuyo contenido desconocen y al menos tres deportados fueron inmediatamente detenidos por supuestas órdenes de detención pendientes en su contra.
Venezuela sigue siendo un destino lleno de riesgos y la comunidad internacional debe hacer esfuerzos para acordar opciones humanitarias de manejo de los flujos de población procedente del país, usando la deportación solo de manera estrictamente excepcional y no como la principal respuesta. De igual manera, resulta inaceptable acordar la repatriación “voluntaria” con el mismo gobierno que dio origen a la salida de millones de personas, desde mucho antes de la imposición de sanciones.