Lo retos que enfrenta Venezuela cuando se aproxima 2024 son realmente complejos. Son muchas las áreas en las que el país muestra un desempeño extraordinariamente bajo en materia de respeto a los derechos de los ciudadanos. Por una parte, el país sigue sumido en una crisis social y económica de tal magnitud que ha sido el motor que ha alimentado una migración que al cierre de este año va a superar la cifra de ocho millones de personas, es decir, aproximadamente la cuarta parte de la población venezolana ha traspasado las fronteras buscando trabajo, alimento y seguridad.
Sin embargo, es en otro escenario, el de la crisis política, donde parece estar la llave que abriría la posibilidad de que el país comience a transitar caminos de reinstitucionalización y respeto por los derechos y las garantías democráticas. En efecto, la violación sistemática de los derechos políticos de los venezolanos ha permitido el mantenimiento ilegal en el poder de una cúpula que no ha dudado en irrespetar el marco jurídico del país, desde la constitución nacional hasta las leyes ordinarias, con el fin de permanecer en control del poder ejecutivo. Sin embargo, las torturas, los asesinatos de opositores, el fraude electoral y el cercenamiento de la separación de poderes, dejan rastro y estos rastros traen consecuencias. Veamos algunas de ellas, cuyo desenlace en 2024 definirá en gran medida el futuro del país.
Aun cuando en los órganos de Naciones Unidas, vista su condición de ente intergubernamental, el tratamiento de los asuntos en los que se cuestiona fuertemente un gobierno miembro de la organización avanza con mayor lentitud de lo esperado, en ese foro el régimen que lidera Maduro tiene varios frentes abiertos. Por una parte, la Corte Penal Internacional ha decidido proseguir la investigación presentada por el Fiscal Karin Khan ante las numerosas acusaciones de violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Así, a pesar de las apelaciones presentadas por el Gobierno de Maduro, la Corte continúa su consideración de los graves casos presentados y sustentados ante los jueces. El juicio continúa su curso, y todo apunta a que tenga, más temprano que tarde, un resultado que arroje justicia sobre los responsables de crímenes de lesa humanidad.
De igual manera, continua el trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos. Para tener una idea de los hallazgos de la Misión, basta leer un párrafo:
“Los mecanismos de represión investigados por la misión tuvieron lugar en el contexto de una crisis económica y humanitaria continuada. Según fuentes no gubernamentales, para marzo de 2022, el 82,8% de los servicios de atención hospitalaria se encontraban inoperativos, lo que implica que unos 19,1 millones de personas dejaron de beneficiarse de estos servicios. La tasa de inflación anual en abril de 2023 se situaba en el 400%, la tasa nacional más alta del mundo. Para agosto de 2023, al menos 7,71 millones de personas habían abandonado el país…”[1]
Y mientras la CPI continúa sus labores y la Misión de Determinación de Hechos avanza en su trabajo de identificar las realidades de una de las mas grandes crisis del mundo actual, en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, uno de sus integrantes, el Dr. José Manuel Santos País, escuchó la exposición del fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, quien hizo una ardorosa defensa del gobierno. El Dr. Santos País, quien cuenta con cuarenta años de experiencia como fiscal, tomó la palabra para señalar “…no he visto jamás, en este Comité, un fiscal defender de tal forma al gobierno de su país, cuando un fiscal general debe, normalmente, presentar una situación de completa independencia del gobierno…esta ha sido, para mí, la mayor sorpresa de las intervenciones de esta sesión…”[2]
Pero el desafío fundamental de 2024 radica en la realización de las elecciones presidenciales que deberán ocurrir en el segundo semestre del año. Acá, el coctel de irregularidades a superar es extenso: líderes inhabilitados ilegalmente, partidos ilegalizados, autoridades electorales abiertamente oficialistas, uso desembozado de recursos públicos tanto en las campañas del gobierno como en la fecha de la elección… y mucho más. Al cierre de este análisis se conoció que a los miembros del equipo que acompaña a la candidata María Corina Machado les fueron anulados sus pasaportes sin ninguna explicación.
Por si fuera poco, el ente electoral ha violado el derecho al voto de los venezolanos en el exterior repetidamente. Con ocho millones de venezolanos fuera del país. ¿Lo volverá a hacer en 2024? No hay, a un año de la elección, síntomas de recapacitación por parte del Consejo Nacional Electoral. Ante este cuadro, hoy más que nunca la comunidad internacional debe estar presente, levantando su voz en defensa de los derechos de los venezolanos.
[1] Informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de hechos en la República Bolivariana de Venezuela, 18 de septiembre de 2023. A/HRC/54/57
[2] https://www.ntn24.com/noticias-actualidad/miembro-del-comite-de-dd-hh-de-la-onu-cuestiona-defensa-ciega-de-tarek-william-saab-al-regimen-de-maduro-449971