Desde que el teniente coronel Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela, la pérdida de institucionalidad ha sido una constante. En efecto, la subordinación de los poderes del Estado al ejecutivo, la domesticación del poder judicial y de las fuerzas armadas y la concepción del gobierno como un ente dependiente del partido político oficialista ha sido la norma.
Así, una de las prácticas más aberrantes en cuanto al manejo del gobierno ha sido la de privilegiar la razón política ante la estructura administrativa del Estado. Uno de los casos más resaltantes ocurrió en 2008, al resultar electo en votación popular como alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma. A los pocos meses de su ejercicio, el gobierno central privó a la Alcaldía de los recursos presupuestarios que le correspondían y que estaban establecidos en el marco legal, procediendo además a la creación, por vía de un decreto presidencial, de una Autoridad Única para el Distrito Capital, que asumió gran cantidad de las competencias ordinarias de la Alcaldía Metropolitana, restringiendo las capacidades de ésta casi exclusivamente al pago de salarios de la nómina.
La privación de competencias y capacidades de la Alcaldía Metropolitana de Caracas fue el primer ensayo de esta modalidad de desconocimiento de la voluntad del elector, de manera que si una elección era ganada por una fuerza distinta al partido socialista unido de Venezuela (PSUV) se procedía a poner en práctica esta operación de castración de la institución electa para, posteriormente, crear una supuesta autoridad, al margen de la Constitución y las leyes, que pasaba a recibir los recursos presupuestarios correspondientes a la entidad en cuestión.
De esta manera, ante cada gobernador opositor que resultó electo, el gobierno le “asignó” una autoridad paralela, llamada con el singular nombre de “protector”, que en la práctica limitaba las competencias de los gobernadores. Esto se produjo en el estado Miranda, Anzoátegui, Nueva Esparta, Táchira y Mérida.
Con ocasión de las elecciones de alcaldes y gobernadores de noviembre de 2021, Maduro había prometido no recurrir a la figura del “protector”. «A partir de estas elecciones, creo que lo mejor es que, gane quien gane, le toque el gobierno en su estado, en su municipio. Vamos a eliminar esto que hemos denominado protectorado, por estado y municipio, para que gane el que gane. Que gobiernen y punto. Vamos a ver qué tal les va», declaró en junio de ese año.
Sin embargo, recientemente, Nicolas Maduro anunció el relanzamiento de este mecanismo, que ahora recibe un nuevo nombre: se trata de “padrinos” y “madrinas” que se ocuparán de los veintitrés estados y el distrito capital. Las funciones de estas autoridades son difusas, y Maduro señala en su anuncio que ellos tendrán como deber “oír al pueblo, atenderlo…”. Más adelante, sin embargo, destaca otras funciones de estos comisarios enviados desde el poder central: deberán supervisar el funcionamiento del “1 x 10”, que es un mecanismo para garantizar el voto oficialista en las elecciones que deberán tener lugar el presente año, así como también velarán por la “bricomiles”, brigadas comunitarias militares para la educación y la salud, cuya operación real está vinculada a reforzar el 1 x 10 electoral.
Los llamados padrinos y madrinas son todos funcionarios del alto gobierno, ministros en su gran mayoría. Es evidente que esta nueva estructura está plagada de problemas. Por una parte, carece de sustento legal, y ello permite avizorar una alta propensión a que generen gastos fuera del marco de la administración y, por ello, fuera de los mecanismos de control presupuestario. Por otra parte, es claro que el esquema planteado implica un volcamiento de la administración a la campaña electoral, lo que es en sí mismo una violación de la legislación, en tanto que representa un uso de recursos públicos en favor de una parcialidad política.
Pero hay más consecuencias lamentables de esta operación que fomenta abiertamente la concepción del estado-partido: si los ministros se dedican a tiempo completo a la campaña electoral, ¿quién dirige los ministerios? ¿Quién vela por el desarrollo de las políticas públicas?
Un comentario final cabe a este despropósito del régimen que comanda Nicolás Maduro: en el autoritarismo se minimiza al ciudadano, se lo banaliza. Así, un ciudadano desvalido, casi inerme, que ha sido llevado a la pobreza deliberadamente, necesita “protectores” y “padrinos”. A ese ciudadano el gobierno le recuerda que no es una persona dotada de capacidades, de iniciativas y de derechos, sino alguien que requiere de un padrino al cual le pida, sumisamente, lo más básico, el techo o el alimento, para poder vivir.
La comunidad internacional ha visto como se aleja la posibilidad de una elección presidencial competitiva, libre y justa en 2024, tal como señala la constitución. Quedan sólo diez meses de este año y no hay fecha definida para la elección, ni para una apertura masiva del registro electoral, ni las previsiones para el voto de los millones de venezolanos en el exterior. Estos “padrinos” son una señal más de la inequidad y el ventajismo que ha caracterizado las elecciones venezolanas en lo que va del siglo XXI.