Comenzó la cuenta regresiva. Cinco días separan a Venezuela del evento electoral más trascendental de su historia reciente. Los venezolanos conocen todo lo que está en juego a partir del domingo. Nunca había importado tanto celebrar unas elecciones que, aunque abiertamente no democráticas, permitan a la población expresarse. El Estado está obligado a asegurar el desarrollo pacífico de este proceso y a respetar y hacer cumplir la decisión soberana que emane de las urnas.
Lamentablemente el gobierno ha dado señales de querer violentar la elección. A las declaraciones públicas de que “un gobierno distinto no duraría ni un año en el poder” y la reunión de gobernadores con varios colectivos para “garantizar la paz y una victoria contundente a Nicolás Maduro”, se suma la amenaza del propio Maduro anunciando que, de perder la reelección, el país podría «caer en un baño de sangre, en una guerra civil». La CIDH emitió un comunicado condenando este tipo de discursos que tienen “como efecto amedrentar y coartar la libertad política del electorado” y que ponen en tela de juicio una eventual trasmisión de mando ante la posibilidad de un resultado favorable a la oposición. Según ha monitoreado la CIDH, “conforme se acercan las elecciones presidenciales, se retrocede e incumple con las garantías para el ejercicio de los derechos civiles y políticos”.
La novedad es que la población venezolana insiste en la vía electoral a pesar de su carácter no democrático y los esfuerzos sostenidos del gobierno por violentarla con mayor represión desde inicios de año. Si el país aun así se mantiene aferrado a una alternativa electoral, existe un mensaje que debe interpelar al Estado: el convencimiento de una transición pacífica del poder. El domingo brinda una oportunidad histórica al gobierno para facilitar el camino a una transición en el marco del Estado de Derecho. Por eso desde ahora la bifurcación es real y el gobierno debe elegir entre la Constitución y los cambios democráticos que el país demanda o desconocer la voluntad popular y allanar el terreno a un desenlace no pacífico. En cualquier caso, la responsabilidad será exclusivamente de quien detenta el monopolio de la fuerza, que es el Estado y sus funcionarios.
El llamado principal es a las fuerzas armadas en cuyas manos está el Plan República (operativo logístico militar para las elecciones). Las fuerzas armadas están a días de acompañar un proceso electoral en medio de una investigación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional y el monitoreo intensivo de los organismos de protección de derechos humanos como la CIDH, la Misión de Establecimiento de Hechos, y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Lo que suceda a partir del 28 de julio, e incluso antes, ya comienza a correr por responsabilidad de su alto mando, especialmente si surgen nuevas violaciones a los derechos humanos a cuenta de un eventual fraude. También las fuerzas armadas tienen la oportunidad de desempeñarse, como exige el artículo 328 de la Constitución, como una “institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y la soberanía de la Nación (…)”.
Cualquier institución y alto funcionario del Estado que crea en la democracia debe desandar el camino de la violencia que el gobierno ha intentado instalar y prevenir todo intento de postergación o desconocimiento a las elecciones. Es el momento de las definiciones. No hay más espacio para reprimir a una población que ya asumió que la transición en Venezuela ha comenzado. La propuesta de avanzar hacia un escenario distinto de una transición democrática conforme con la Constitución y la plena garantía de los derechos humanos de la población traerá con seguridad peores consecuencias para todos.
Más allá de que varios países señalan a Venezuela por haber violado los Acuerdos de Bardados, Brasil ha mantenido un espacio de interlocución y finalmente enviara una observación técnica a las elecciones. Colombia estaría evaluándolo. Ambos países pueden jugar un papel importante como factores de contención y coadyuvar al desenvolvimiento pacífico de las elecciones, abriendo oportunidades para negociaciones posteriores. Hay que tener presente que el momento electoral no se trata de un día ni de varios sino de un proceso, por lo que conviene mantener la mayor cercanía a fin de crear los incentivos para la transición. Es otro país el que comenzará a autodescribirse a partir del 28 de julio.
AlertaVenezuela pide a la comunidad internacional emitir pronunciamientos respaldado la celebración de elecciones pacíficas y el respeto a la voluntad popular el domingo 28 de julio. Asimismo, señalar que intensificarán sus esfuerzos de monitoreo y denuncia a la situación de derechos humanos durante estos días, manteniendo el foco al menos hasta enero de 2025, cuando deba realizarse la juramentación del nuevo presidente electo y desarrollando un registro de aquellos funcionarios, civiles y militares que pretendan desconocer el mandato de la mayoría. Estos días son clave para disuadir al gobierno de aventurarse por una opción que no sea el traspaso de mando y la implementación efectiva de acuerdos para la reconstrucción de la democracia.