Esa ha sido la estrategia de Maduro a lo largo de más de una década. Así la expresión “puerta giratoria”, usada para referirse al sistema penitenciario soviético, ha cobrado vigencia bajo el régimen de Maduro.
Es en esa lógica perversa que el 12 de noviembre, Maduro expresó en su programa de TV: “Le hago un llamado al doctor Tarek William Saab, fiscal general, le hago un llamado a los jueces del país, como jefe de Estado, si hay algún caso que rectificar y revisar también que haya justicia”. El 15 de noviembre el fiscal Saab anunció que se reevaluaría la situación de cientos de detenidos. Así, hasta el 19 de noviembre había producido la excarcelación de 143 personas (10 adolescentes y 133 adultos).
Los motivos para celebrar son pocos. Los procesos por terrorismo siguen su curso, los excarcelados deben presentarse periódicamente ante el tribunal a cargo, las denuncias de tortura no han sido investigadas, las declaraciones y confesiones bajo coacción siguen vigentes, el irrespeto masivo a los derechos de decenas de niños no ha sido reparado. Muchos detenidos fueron excarcelados en las ciudades a las que habían sido trasladados, no en el lugar donde fueron arbitrariamente arrestados, por lo que sus familias tuvieron que recoger fondos para reunirse, en un país donde la gasolina y el transporte son un lujo para muchos.
Solo hay un pequeño grupo de madres y esposas que ya no tendrán que comunicarse con sus hijos y parejas detenidos a través de globos blancos desde el otro lado de un muro, ni ceder a la extorsión para pasar comida, ropa o medicinas. Solo eso hay que celebrar.
El cinismo de Maduro sobre las excarcelaciones fue reflejado por él mismo en un tuit: “La feliz liberación de este grupo de venezolanos y venezolanas fue una iniciativa conjunta entre el fiscal general, Tarek William Saab; la presidenta del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia), Caryslia Beatriz Rodríguez, y mi persona, en la búsqueda de la justicia”. Insistimos, no son liberaciones, son excarcelaciones.
Para Jesús Manuel Martínez Medina, detenido en el contexto de las protestas, no llegó la “felicidad”; el jueves 14 de noviembre falleció en custodia, a causa de la denegación de atención oportuna para su salud; padecía una enfermedad cardiaca y diabetes, lo que se complicó con infecciones en la piel. La fiscalía emitió un comunicado afirmando que Martínez Medina “contó con la debida atención médica y se le suministraron los medicamentos y demás tratamientos que su condición de salud ameritaba”, sin referirse a la tardanza de su traslado al hospital donde le fue amputada una pierna.
La puerta sigue girando, con la operación Tun Tun, las amenazas, las extorsiones, el cierre del espacio cívico, la criminalización de las víctimas y las presiones para silenciar a quienes denuncian. En esta última modalidad, la organización Provea fue blanco de un nuevo ataque. Provea había denunciado la muerte del periodista y dirigente del estado Apure Edwin Santos, cuya muerte fue presentada por el gobierno como accidental. El ministro de interior, justicia y paz dijo que serían investigadas las personas y organizaciones que afirmaron que la muerte de Santos fue un asesinato y, de hecho, el 17 de noviembre el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, recibió una citación para declarar en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), sin que se conociera la calidad en que era citado ni el proceso judicial al que se relacionaba la solicitud de declaración. El caso de Murillo despertó de inmediato las alarmas, pero también gran solidaridad nacional e internacional. Al cierre de este análisis se conoció que Murillo compareció en calidad de testigo en el expediente sobre el caso de Santos.
Mientras Murillo declaraba en Caracas, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional rodearon la sede de los tribunales del estado Zulia, llevándose detenido al presidente del Circuito Judicial Pedro Velazco y a otras dos jueces. También se reportó la detención de al menos un fiscal del Ministerio Público, sin que se conozcan detalles de los posibles motivos de estas detenciones.
Maduro pareciera querer proyectar una imagen internacional de normalización a medida que se acerca el 10 de enero, fecha de la toma de posesión del presidente electo de Venezuela y el 20 de enero, fecha de la toma de posesión del presidente electo de EE.UU. Sus recientes referencias a la paz y la justicia así lo sugieren.
Sin embargo, Maduro actúa como un depredador que juega con su presa, aflojando, pero no soltando. La comunidad internacional debe mantenerse alerta y no dejarse distraer por esta puesta en escena, cuando el fondo del conflicto sigue intacto: el desconocimiento de los resultados de la elección presidencial.