El 22 de noviembre de 2024, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (“OPCV”, por sus siglas en inglés), cuyo mandato consiste en “brindar apoyo y asistencia general a las víctimas y sus representantes legales”, publicó un documento titulado Opiniones y preocupaciones de las víctimas sobre la solicitud de recusación del Fiscal, a propósito de un pedido al respecto formulado por la fundación Arcadia, el cual argumenta un “conflicto de interés grave que compromete la imparcialidad del Fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial en relación con la situación Venezuela I”.
LA OPCV se dirige a la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional destacando la naturaleza inédita de la cuestión, pues es “es la primera solicitud de inhabilitación de un Fiscal de la Corte en el contexto de una situación”, y que los planteos contenidos en la solicitud de recusación afectan directamente los intereses de las víctimas, considerando su “derecho a obtener justicia, a conocer la verdad sobre los hechos que sufrieron y a ser reparadas sin dilaciones indebidas”. Apoyada en estos presupuestos, la OPCV hace pública su postura en respaldo a las víctimas de la situación Venezuela I y manifiesta lo siguiente:
1- “Las víctimas llevan mucho tiempo esperando justicia y tienen derecho a un proceso expedito y justo”. La OPCV sostiene que cualquier medida que se adopte, incluso en respuesta a cualquier constatación de la Sala de Apelaciones sobre el conflicto de intereses alegado en la solicitud, “no tenga como resultado la paralización o el retraso de las investigaciones de la Fiscalía sobre los crímenes cometidos en la situación en Venezuela”.
2- “Esta preocupación se ve agravada por la falta de avances visibles en la investigación y el continuo énfasis del Fiscal en seguir una vía de “complementariedad positiva””. La OPCV señala que esto ocurre a pesar de la “determinación inequívoca” de la Sala de Apelaciones de que Venezuela no está dispuesta a emprender investigaciones y/o procesamientos genuinos. Esto ha generado en las víctimas, según la OPCV, “una profunda sensación de incomodidad y refuerza su sentimiento de abandono, sin un recurso tangible a la justicia”.
Estas expresiones de la OPCV reflejan integralmente las preocupaciones de las víctimas. En este sentido, advierte que las “víctimas temen que la resolución del supuesto conflicto de intereses pueda utilizarse para justificar la falta de urgencia en el avance de la investigación”. Por esta razón, dicha instancia sostiene que si fuera necesaria la intervención de un fiscal adjunto, debe garantizarse el derecho de las víctimas a una “justicia rápida y efectiva y que se mantenga un progreso significativo en la investigación sin demoras indebidas”.
Pero la OPCV va más allá de recoger el parecer de las víctimas que envían sus comunicaciones. También dirige mensajes directos al proceso de investigación que lidera el Fiscal Karim Khan. LA OPCV hace un recuento del proceso en la Situación Venezuela I y manifiesta su propia inquietud en torno a si este sería conforme con otros precedentes dentro de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Al respecto, deja en claro que:
“La situación en Venezuela fue remitida a la Corte el 27 de septiembre de 2018. A pesar de la decisión del Fiscal de proceder con la investigación en diciembre de 2021, la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para reanudar la investigación en junio de 2023, y la posterior sentencia de la Sala de Apelaciones confirmando dicha decisión, aún no se ha abierto ningún caso formal. Este período prolongado sin acciones concretas y la apertura de un caso es preocupante, ya que una investigación debe iniciarse en general sin demora y llevarse a cabo de manera eficiente para que sea efectiva, pues ‘con el paso del tiempo, los recuerdos de los testigos se desvanecen, los testigos pueden morir o volverse imposibles de rastrear, las pruebas se deterioran o dejan de existir y, por lo tanto, las perspectivas de que se pueda emprender una investigación efectiva disminuirán cada vez más’”. (Negritas de AlertaVenezuela, cursivas propias de la OPCV).
Ante la falta de acciones concretas y progresos tangibles en la situación Venezuela I, la OPCV trae a colación que algunas víctimas sienten que el Fiscal no ha dado la misma prioridad que en otras situaciones en las que las investigaciones han avanzado más rápido y dado lugar a la emisión de órdenes de arresto. La OPCV indica que las víctimas “se preguntan por qué los crímenes y el sufrimiento que han padecido parecen ser tratados con menos urgencia en comparación con los que afectan a las víctimas en otros contextos”.
Tras anunciar estas preocupaciones, la OPCV retoma la cuestión de la “complementariedad positiva y su continúo énfasis por el Fiscal” y recuerda que no sólo la Sala de Apelaciones expresó al respecto que Venezuela no está emprendiendo esfuerzos creíbles, sino que, en cualquier caso, el acompañamiento técnico para los procesos nacionales “no debe realizarse a expensas de retrasar pasos de investigación concretos y decisivos a nivel de la CPI” (Negritas de AlertaVenezuela). La OPCV, que hace eco del sentir de las víctimas, considera el argumento de que “la dependencia prolongada en la complementariedad en este contexto pueda diferir la justicia y, por lo tanto, prolongar su sensación de abandono”.
Por último, la OPCV relaciona esta sensación de abandono de las víctimas de Venezuela con la represión postelectoral en curso, expresando que dicha sensación “se agrava más todavía”. En efecto, luego de retomar algunos hechos clave de la represión en términos de detenciones, muertes en protestas, persecución política, exposición a torturas y tratos inhumanos, incluyendo violencia sexual y basada en el género, considerar la diversidad de perfiles de la población afectados, y subrayar la detención de menores de edad, la OPCV procede a lanzar un último mensaje en relación con el Fiscal de la Corte Penal Internacional:
“El Fiscal no ha adoptado una postura pública sobre los recientes crímenes cometidos después de las elecciones de 2024 en Venezuela. Esta falta de comentarios públicos, junto con su aparente inacción, genera preocupación entre las víctimas y sus familias con respecto al compromiso del Fiscal de abordar los graves crímenes en curso y garantizar que la investigación siga respondiendo a los nuevos acontecimientos”.
En suma, concluye la OPCV, “en estas circunstancias, es imperativo que la investigación de la situación en Venezuela avance lo más rápidamente posible (…) sin afectar los intereses de las víctimas”. Es decir, que el proceso siga su curso, se presenten casos, y se emitan las órdenes de arresto contra los principales responsables de los crímenes cometidos.
AlertaVenezuela hace un llamado a la comunidad internacional a respaldar este documento de la OPCV, difundiéndolo al máximo posible, y adoptando medidas en el marco de la Asamblea de Estado Partes de la CPI y otros foros para que la investigación en la Situación Venezuela I resulte en avances expeditos en aras de la verdad, justicia, reparación, y la prevención de nuevas atrocidades en el país, especialmente de cara a los hechos de 2025.