Todos los estudios sobre el fenómeno migratorio venezolano que comenzó a mediados de la década pasada coinciden en caracterizarlo como un hecho masivo y de flujos mixtos. El carácter mixto de la migración venezolana significa que coexisten diferentes tipos de migración que incluye la humanitaria, la política y la económica. La migración económica corresponde a sectores que ya no pueden desarrollarse en el país desde el punto de vista financiero, por lo que buscan nuevas oportunidades más allá de las fronteras. Así, las megabandas criminales que han traspasado las fronteras de Venezuela son un tipo particular de migración económica, tal como lo recogimos en el estudio Una tragedia ignorada, en el que se afirma que “en el caso de las megabandas se observa una expansión más allá del territorio de Venezuela, que se corresponde con la limitación de oportunidades de negocio en el país; es imposible hacer un secuestro exprés cuando ha desaparecido el dinero en efectivo, por ejemplo”.
Sin duda, la megabanda venezolana conocida como Tren de Aragua ha extendido su presencia en varios países del continente, desde EE.UU. hasta Chile. Sin embargo, esta presencia ha sido sobredimensionada, pretendiendo aparentar que se trata de una enorme estructura criminal que constituye una seria amenaza para la seguridad de los países en los que se encuentra, cuando su amenaza es igual o menor a la de otras estructuras criminales. Una consulta a la inteligencia artificial arrojó datos llamativos sobre la cantidad de miembros de diferentes estructuras criminales en el continente. Se estima que los cárteles mexicanos tienen entre 160,000 y 185,000 integrantes repartidos en 150 organizaciones criminales activas, siendo el cartel de Sinaloa el más numeroso. El Clan del Golfo (Colombia) tiene entre 9 y 14 mil miembros; el Primeiro Comando da Capital (Brasil) cuenta con entre 30 y 50 mil integrantes; la Mara Salvatrucha (EE.UU.) está integrada por entre 50.000 y 100.000 miembros con presencia en Norteamérica y América Central. Por su parte, el Tren de Aragua tiene entre 3 mil y 7 mil miembros. Es indudable que, en términos cuantitativos, el Tren de Aragua está muy por debajo de muchos de sus pares regionales.
Este sobredimensionamiento del Tren de Aragua pareciera ir de la mano con la corriente xenófoba que se extiende por el continente en contra de la población venezolana magnificando sus crímenes, al tiempo que la presencia de otras agrupaciones pasa desapercibida en la narrativa de los medios de comunicación y de los voceros políticos. Cuando la xenofobia se combina con el afán por soluciones efectistas, es fácil invocar el fantasma del terrorismo para erradicar la plaga de la criminalidad extranjera. La etiqueta terrorista cosifica a las personas, despojándolas de derechos y se traduce en un cheque en blanco para la persecución y la arbitrariedad, con base en perfilamientos que criminalizan a las personas con base en su apariencia y un potencial peligro y no por actos objetivos que hayan cometido y que sean tipificables de acuerdo con los principios básicos del derecho penal.
El Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo ha advertido sobre los riesgos de los perfilamientos afirmando que “[l]a práctica de elaborar perfiles basados en estereotipos según los cuales las personas de determinada raza, origen nacional o étnico o religión son particularmente propensas a plantear un riesgo puede dar lugar a prácticas con respecto a los controles de fronteras y, más generalmente, a medidas de lucha contra el terrorismo, que son incompatibles con el principio de no discriminación”.
Por su parte, el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, realizó un detallado estudio sobre la práctica del perfilamiento, en el que concluye que “La utilización de perfiles raciales y étnicos en la aplicación de la ley constituye una violación de los derechos humanos de las personas y los grupos a los que se dirigen esas prácticas, debido a su naturaleza fundamentalmente discriminatoria”.
Si el Tren de Aragua cuenta con unos 7 mil miembros -según las estimaciones menos conservadoras- y solo una parte de ellos está en los EE.UU., la suspensión del TPS a más de 350.000 venezolanos y el parole humanitario a otros 117 mil, es una acción absolutamente desproporcionada que se cobija en una supuesta actividad terrorista no demostrada, a lo que se suma la invocación de un acta de 1798 para la expulsión sumaria y masiva de miles de personas cosificadas y despojadas de derechos.
La magnificación del impacto del Tren de Aragua se alimenta además en un mito según el cual Maduro habría vaciado las cárceles de Venezuela para enviar a los delincuentes a EE.UU. como parte de un plan orquestado por el gobierno venezolano. Varios estudios de verificación de informaciones han desmentido esta aseveración.
Tan dañino es el sobredimensionamiento del Tren de Aragua para los derechos de millones de venezolanos honestos que fueron forzados a migrar, como la romantización de esta mega banda criminal. Recientemente el presidente Petro, a raíz de una controversia con la secretaria de seguridad de EE.UU. afirmó que el Tren de Aragua son “unos jóvenes excluidos por la migración forzada porque vivían bien en Venezuela. Como solo vivían del petróleo y les cerraron el petróleo, esos jóvenes terminaron acá, y ahí esos jóvenes no encontraban la universidad, la cultura”. Tal afirmación supone una simplificación extrema del hecho migratorio venezolano por una parte, como si todos los jóvenes migraron porque les “cerraron” el petróleo, desconociendo la existencia de una crisis por diseño que condujo a una emergencia humanitaria compleja; y, por otra parte, una generalización según la cual todo joven que ha migrado de Venezuela sería un miembro del Tren de Aragua, cuando lo cierto es que a su manera, esta banda delictiva gozó de enormes privilegios en Venezuela desarrollando su actividad y fortaleciendo su organización al amparo de altos funcionarios del gobierno de Maduro.
Es tan inaceptable la victimización de los criminales como la criminalización de las víctimas. Por ello, la comunidad internacional debe evitar tanto las visiones simplistas sobre los grupos de delincuencia organizada como las generalizaciones que pretenden imponer un sinónimo entre delincuencia y migración, etiquetando a los migrantes y sometiéndolos a prácticas masivas de persecución que recuerdan a los tiempos oscuros del fascismo del siglo XX.