El gobierno de Nicolás Maduro ha convocado elecciones para mayo de 2025 en un contexto político profundamente antidemocrático, donde se violan de forma sistemática los derechos civiles y políticos de la ciudadanía venezolana. Esta convocatoria, lejos de representar una oportunidad real para la restitución del orden democrático, se produce en un ambiente de represión, censura, exclusión y ausencia de garantías mínimas, lo que invalida el carácter libre y justo que debe tener todo proceso electoral.
Según el informe publicado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) en mayo de 2025, el proceso electoral venezolano está viciado por la ausencia de condiciones esenciales: no existe una observación internacional independiente y creíble; se mantienen las inhabilitaciones arbitrarias de líderes y partidos opositores; no hay garantías para la libertad de expresión, reunión y asociación; y el Registro Electoral no ha sido actualizado ni depurado, dejando fuera a millones de electores, especialmente a la diáspora venezolana. PROVEA advierte que al menos un 25 % de la población en edad de votar no podrá participar, configurando así un fraude preelectoral estructural.
El informe también destaca que la represión a la disidencia sigue siendo una política de Estado. Defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil sufren hostigamiento, judicialización y persecución constante. Esta represión, sumada al colapso de los servicios públicos, la pérdida del poder adquisitivo y la migración forzada de más de siete millones de venezolanos, evidencia el carácter autoritario del régimen y la negación práctica del derecho a la participación política.
Esta nueva convocatoria electoral debe leerse también a la luz del fraude cometido por el régimen en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, donde Maduro manipuló todo el proceso para perpetuarse ilegítimamente en el poder. Aquellas elecciones, marcadas por irregularidades masivas, exclusión de candidatos opositores, censura mediática y ausencia de observación imparcial, fueron denunciadas nacional e internacionalmente como una farsa. Lejos de corregir ese rumbo, el nuevo proceso electoral repite el mismo patrón autoritario y fraudulento.
PROVEA exige la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos, el fin de las inhabilitaciones arbitrarias, el restablecimiento de garantías democráticas y la apertura de un espacio electoral plural e inclusivo. La presión sostenida de la sociedad venezolana, junto con el acompañamiento de la comunidad internacional, es esencial para obligar al régimen a respetar el derecho del pueblo a elegir en libertad.
Frente a esta grave situación, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional —organismos multilaterales, gobiernos democráticos y defensores de derechos humanos— a no convalidar un proceso electoral fraudulento. Es indispensable exigir condiciones reales para una transición democrática: elecciones libres, transparentes, verificables, con participación plena y sin represión. El silencio o la pasividad solo reforzarán un modelo autoritario que amenaza la dignidad y el futuro de todo un pueblo.