Venezuela ante la comunidad internacional no sólo practica un doble discurso con los derechos humanos; si es necesario, utiliza a las víctimas venezolanas de otros países para sus fines políticos. Por un lado, en el marco de la presentación del informe del Relator de Migrantes ante el Consejo de Derechos Humanos, el Estado entró en la sala de reunión junto a familiares de detenidos en El Salvador y denunció la continuación de la desaparición forzada de sus nacionales, responsabilizando a El Salvador y los Estados Unidos. Por otro lado, puertas adentro se mantiene con un rol inclemente ante el sufrimiento de miles de venezolanos que claman por sus familiares detenidos o desaparecidos tras la represión electoral de 2024 y que también son castigados en represalia a sus demandas de justicia, al tiempo que se violentan los derechos de unos 150 extranjeros detenidos en Venezuela de manera idéntica a la que se le reclama a El Salvador.
Este patrón de instrumentalización de las víctimas y del discurso de los derechos humanos caracterizó las intervenciones del Estado ante el Consejo de Derechos Humanos durante la tercera semana de junio, lo cual no es nuevo. En el contexto de la presentación del informe del Experto Independiente sobre orientación sexual o identidad de género, Venezuela descalificó el informe por aludir a su sistema de salud, cuestionando que el experto “debe documentarse más ampliamente y verificar las fuentes (…) y de esta manera dar pleno cumplimiento al código de conducta de los procedimientos especiales”, y luego echó mano de su desgastada excusa de las sanciones para “justificar” la privación de derechos.
Una respuesta similar tuvo con la presentación de la Relatora de libertad de asociación, quien denunció la represión sistemática contra el activismo y la oposición política tras el fraude electoral de 2024. Además, recordó que la Misión de los Hechos concluyó que “la represión de las protestas fue instigada por las altas esferas civiles y militares del Estado, (…) a través de declaraciones públicas de carácter amenazante”. El Estado venezolano se limitó a acusar al informe de basarse en fuentes “politizadas” y “no verificables”, a pesar de que luego de 7 meses no respondió ninguna solicitud de información enviada por la Relatora.
Paralelamente a lo ocurrido en Ginebra, en Venezuela, un alto vocero del partido de gobierno sugirió al gobierno retirarse de la Corte Penal Internacional, siguiendo el camino trazado con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la Organización de los Estados Americanos. La estrategia de aislamiento y falta de cooperación siguen intactas en el Estado. La declaración fue emitida en medio de un acto político con manifestantes y los embajadores de Palestina y de Irán. El vocero expresó: “sueño con el día en que Venezuela deje de ser parte de la Corte Penal Internacional” y empleó como argumento el silencio ante las actuaciones de Israel, desconociendo que desde noviembre de 2024 la CPI emitió órdenes de captura contra Netanyahu y su exministro de defensa, Yoav Gallant. Una vez más, el Estado utiliza la bandera de los derechos humanos para sus fines; en este caso, buscando convenientemente -aunque sin sentido- escaparse de la jurisdicción del tribunal penal por los crímenes de lesa humanidad sobre los que tarde o temprano deberá pronunciarse.
Venezuela no deja de desinformar y criminalizar la denuncia al ser contra sus autoridades, pero ante otros países aparenta actuar basada en principios, cuando es evidente su intento de manipulación. Un país con doble rasero y descarnada instrumentalización de los principios y fines que inspiran a la comunidad internacional no puede considerarse serio, y por tanto, gozar del beneficio de la duda. El Estado venezolano no es digno de tener oficinas de cooperación ni de la CPI ni de la OACNUDH, ni de ningún otro organismo internacional, porque ya ha dado pruebas continuas de que su actuar no sólo es contrario a la cooperación, sino que, al igual que las víctimas y los derechos humanos, utiliza estos espacios de asistencia técnica a conveniencia.
El Estado venezolano sólo quiere la cooperación internacional para fines de asistencia técnica, donde no lo vigilen y disfrute de libre disposición para hacer lo que considere, tan solo como una pieza de su narrativa sobre “colaboración” con instancias internacionales. Pero la comunidad internacional no puede comprar más ese chantaje, especialmente la CPI y la OACNUDH. Si Venezuela continúa siendo impermeable a la asistencia técnica, corresponde que las funciones de investigación y monitoreo cobren la mayor centralidad posible; en ese sentido, es hora de reconsiderar el propósito de las oficinas de asistencia técnica porque ante ellas las víctimas crecen y las necesidades de justicia son mayores. AlertaVenezuela hace un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a abrir un caso y formular las imputaciones correspondientes por crímenes de lesa humanidad; y al Alto Comisionado, a replantear una estrategia de protección efectiva en conjunto con otros Estados y actores de la comunidad internacional para que cesen los crímenes y el daño contra la población.
A meses de las violaciones masivas postelectorales y el daño acumulado contra la sociedad venezolana, es evidente que lo único para lo que ha funcionado la presencia de la OACNUDH y de la CPI es para servir al Estado a aparentar su cooperación y retrasar una actuación más encaminada a la justicia y la rendición de cuentas. Venezuela necesita una respuesta internacional diferente.