El viernes 27 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe de actualización sobre el (in)cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el sistema de protección de derechos humanos de la ONU a Venezuela, que fue seguido por un diálogo interactivo. Este análisis cubre tanto algunos aspectos destacados del informe, como los asuntos más mencionados en el diálogo interactivo y las reacciones de Venezuela.
Lo primero que destaca es un tono más contundente tanto en el documento escrito, como en la presentación oral, con respecto a informes anteriores. De hecho, estaba previsto que la presentación la realizara la Alta Comisionada Adjunta (como sucedió en marzo de 2025), pero a última hora se anunció que sería el mismo Alto Comisionado quien presentaría el informe, lo que denota el rango mayor de importancia dado a este informe, en circunstancias particularmente complejas en la relación entre la OACNUDH y el Estado venezolano.
Al referirse a la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, un asunto que recuerda el informe de manera recurrente es la opacidad de la conducta gubernamental, que se evidencia en la ausencia de información oficial en asuntos como tasa de mortalidad, decisiones ambientales, censo actualizado sobre población indígena (el más reciente es de 2011), violencia de género. Esta opacidad se extiende a la no publicación del presupuesto nacional desde 2017. Un elemento significativo es el hecho de que, pese a que la OACNUDH mantiene su guiño al referirse al tema de las medidas coercitivas unilaterales, en este informe sostiene que “[l]a ausencia de datos financieros públicos sobre las sanciones impide una evaluación exhaustiva de su impacto sobre los derechos humanos de la población en Venezuela”; de esta manera, el informe le resta piso a la narrativa oficial que pretende justificar las graves deficiencias en el área de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales invocando el tema de las sanciones.
En el campo de los derechos civiles y políticos, el informe se refiere sin ambages a la práctica creciente de la desaparición forzada, y presenta registros alarmantes en derechos como debido proceso, libertad personal, integridad personal, violencia basada en género, asociación y reunión pacífica, todo en el contexto de una respuesta altamente represiva a los reclamos de la población por otro flagrante ocultamiento de información, como fue la no publicación de los resultados de la elección presidencial de julio de 2024. Se trata de derechos vulnerados de manera masiva a lo largo de período cubierto por el informe, que no puede ampararse en los efectos de las sanciones contra funcionarios venezolanos.
En síntesis, Venezuela no cumple recomendaciones, ni facilita el trabajo de monitoreo internacional, al punto que el informe termina reiterando las recomendaciones emitidas anteriormente y suma otras once sobre hechos y situaciones nuevas constatadas durante el período. La falta de interés de Venezuela en cooperar con el sistema de derechos humanos de la ONU quedó en evidencia cuando el representante del país abandonó la sala en pleno debate. Por su parte, el fiscal general publicó un comunicado en el que recomienda que Venezuela se retire del Consejo de Derechos Humanos.
Ente informe cubrió el período del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025. Cabe recordar que la OACUNIDH fue expulsada de manera sumaria en febrero de 2024 y tuvo un retorno parcial y muy limitado – como el mismo informe reconoce – a partir de diciembre de ese mismo año. Es decir, estamos en presencia de un informe más contundente que todos los anteriores desde 2020, que fue elaborado durante la ausencia del equipo de Caracas por medio año y la otra mitad del tiempo con una presencia mínima en el país. Este hecho debería ser un elemento para tener en cuenta al momento de evaluar la pertinencia de la renovación de un memorándum de entendimiento que se encuentra vencido y que, antes de expirar, ya estaba siendo aplicado de manera muy limitada.
En el diálogo interactivo, los países democráticos se hicieron eco de la grave situación de los derechos humanos y reclamaron la libertad de los presos políticos y la restitución del castigado espacio cívico. Al menos siete países se refirieron también a los extranjeros detenidos, hecho que refleja una situación emergente que genera preocupación especial debido a la violación recurrente de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares por parte del gobierno de facto.
Las delegaciones que tomaron la palabra también pidieron superar el retorno parcial de la OACNUDH en Venezuela, e hicieron un llamado a la renovación de la carta de entendimiento, lo cual fue mencionado por 18 países. Este mensaje generalizado de los estados en favor del retorno de la OACNUDH al país contrasta con la total ausencia de mención del tema por parte de las 10 ONG que intervinieron en nombre de la sociedad civil. Sin duda, hay un mensaje detrás de este silencio frente al tema, que obliga a considerar el valor de una presencia maniatada, en contraste con una acción más vigorosa – como fue el caso de este informe – desde fuera del país. Sin duda, algunos cambios en el equipo en Ginebra también han influido favorablemente para esta reorientación en el enfoque hacia Venezuela, lo que se notó en la intervención durante la réplica de la Oficina en el diálogo interactivo. Que la OACNUDH tenga o no dolientes dentro del país dependerá de su capacidad para construir un espacio de diálogo con la sociedad civil y con los países democráticos sobre el sentido y propósito de su presencia, habiendo transcurrido seis años desde el inicio de su accidentada operación en terreno.