Venezuela vive en 2025 una crisis estructural de derechos humanos que ya no puede explicarse solo como una desviación política, sino como un colapso deliberado del Estado de derecho. La institucionalidad ha sido reducida a un aparato de legitimación del poder, y los ciudadanos, privados de justicia y garantías, sobreviven en un territorio donde el miedo se ha normalizado como forma de gobierno.
El reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM), presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reitera lo que desde hace años las víctimas denuncian: detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La misión fue categórica: “la única esperanza para las víctimas de Venezuela reside en la acción internacional”.
Sin embargo, mientras los testimonios se acumulan, la respuesta de la justicia internacional avanza con una lentitud desconcertante. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), pese a haber reconocido la existencia de base razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad desde al menos 2017, no ha demostrado avances serios aunque es la única situación que permanece sin la emisión de órdenes de captura. En agosto de 2025, la Corte enfrentó cuestionamientos cuando los jueces de apelación solicitaron la separación del fiscal Karim Khan, alegando conflictos de interés por vínculos indirectos con asesores del gobierno venezolano.
Esa sombra de parcialidad no solo afecta la credibilidad del proceso, sino que hiere la confianza de las víctimas, que han puesto su fe en la jurisdicción internacional después de años de negación y represión interna.
A la par, el régimen venezolano ha expulsado a las pocas voces internacionales que aún documentaban la verdad. En julio de 2025, el gobierno declaró persona non grata al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en abierta afrenta a los mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas.
Esa decisión no es un gesto diplomático, es sencillamente una declaración de impunidad. La percepción de la supremacía de lo irracional sobre la justicia. Un país que expulsa a quien observa sus violaciones demuestra no su soberanía, sino su temor a la verdad.
A lo anterior se suma un escándalo judicial que exhibe la podredumbre institucional. La falta de independencia del poder judicial venezolano es ya inocultable; fiscales que obedecen a órdenes del Ejecutivo, jueces que dictan sentencias por consigna y no por derecho, expedientes manipulados, pruebas fabricadas, y una cultura de persecución política donde el tribunal se convierte en instrumento de venganza. La justicia, en lugar de ser refugio del ciudadano, se ha transformado en una de las herramientas más eficaces de la represión.
Ante esta realidad, el gobierno venezolano no puede seguir alegando soberanía ni autonomía judicial. Ningún principio puede situarse por encima de la protección de las normas imperativas del derecho internacional (ius cogens), entre las cuales se encuentra la prohibición de la comisión de crímenes internacionales. Valores cuya defensa constituye el mandato de la Corte Penal Internacional. Debe comprender de una vez por todas que mantener al país en caída libre —antes que restaurar derechos o garantizar justicia— con el único propósito de aferrarse al poder conduce a un abismo sin fin. No se trata ya de admitir limitaciones técnicas; es reconocer que la perpetuación del mando por encima de la vida democrática convierte a la nación en un cuerpo en declive, economía, instituciones y confianza social se desploman en cadena. Persistir en esa lógica es acción política que destruye el futuro; dejar de hacerlo sería, por el contrario, el único acto redentor posible para detener la espiral y permitir que Venezuela recupere su aliento cívico.
La situación se agrava por la dimensión internacional del conflicto. En octubre de 2025, Estados Unidos declaró que mantiene un “conflicto armado no internacional” contra actores no estatales vinculados al narcotráfico en aguas y territorios adyacentes a Venezuela.
En este contexto, la inacción de la CPI se vuelve insostenible. Cada día que pasa sin avances procesales profundiza la desesperanza ante la justicia internacional y amplía el margen de impunidad de quienes hoy detentan el poder. Las víctimas venezolanas no piden compasión; exigen que el derecho internacional cumpla su promesa fundacional: que los crímenes más graves no queden impunes, sin importar quién los cometa o dónde ocurran.
La comunidad internacional —los Estados parte del Estatuto de Roma, la Unión Europea, la OEA y los bloques regionales latinoamericanos— deben exigir públicamente resultados y plazos concretos. Las condenas simbólicas ya no bastan. Es bien sabido que la inercia es complicidad en el Derecho Internacional.
El país necesita que se le permita respirar justicia. Culpar sin excusas a quienes han llevado al Estado a esta situación es un imperativo moral: no puede haber paz ni reconstrucción mientras la verdad sea silenciada y la responsabilidad esquivada. Venezuela exige y merece que la conciencia internacional actúe con firmeza. No más tolerancia hacia la impunidad; justicia, ahora. La Corte Penal Internacional constituye el único órgano internacional con un mandato reconocido por la comunidad internacional para juzgar a los máximos responsables de la comisión de crímenes internacionales, especialmente en contextos marcados por la irracionalidad y la barbarie. La justicia retrasada aquí no es justicia negada. Es justicia destruida.