El mundo ha cambiado de manera decisiva en los últimos años. La pertinencia de las organizaciones internacionales, su capacidad de ejercer influencia en defensa de principios y derechos se ha visto disminuida en tiempos recientes.
El caso venezolano es una muestra de esta situación, vista la dificultad de organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Corte Penal Internacional y el sistema de las Naciones Unidas para detener, o mitigar de manera significativa, la grave crisis en la que han confluido violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y una crisis humanitaria que ha golpeado al país de manera inclemente. Largos años de denuncia activa ante distintos organismos por parte de activistas y defensores de derechos humanos que solo tuvieron victorias parciales, pequeños avances, mientras la crisis se profundizaba día a día frente a la mirada del mundo.
Esta evidente debilidad de la institucionalidad internacional ha sido el escenario en el cual los Estados Unidos ha decidido ejecutar en Venezuela acciones que, de acuerdo con los pronunciamientos oficiales de ese país, buscan incidir directamente en la conducción de un proceso que culmine en la realización de elecciones libres y justas.
Este proceso, que en principio puede conducir a una mejora de la grave situación social del país y a una reivindicación de los derechos políticos de los ciudadanos con la realización de una contienda electoral, sin embargo, carece del acompañamiento activo de Europa y otros países cuya presencia contribuya a que el proceso se produzca de manera armónica y balanceada y tenga lugar bajo una mirada amplia y diversa.
La realidad, no obstante, es diferente. La voz fuerte que abiertamente tutela, monitorea o dirige el proceso es la de los Estados Unidos. Por ello, es sumamente importante que los distintos sectores de ese país comprendan a cabalidad la complejidad de la situación venezolana, las características sociales, económicas y políticas de la crisis, que sigan rigurosamente los acontecimientos para así evitar perderse en los detalles. Esta comprensión implica abordar el problema con una mirada amplia, que vaya más allá de los intereses norteamericanos más obvios y de corto plazo.
Así, tiene un carácter vital el que las instituciones de los Estados Unidos, en particular en Ejecutivo y el Legislativo, comprendan la magnitud y las especificidades de ciertos aspectos clave más allá de lo estrictamente económico. Ciertamente, Venezuela tiene ante sí la posibilidad de comenzar un proceso de transición, y una transición no solo se produce con la llegada de nuevas autoridades, sino también con la redefinición de normas y principios democráticos para la convivencia, así como el consiguiente rescate a los derechos de los ciudadanos. ¿Es esta visión compartida por las autoridades de los Estados Unidos?
Por nuestra parte, vemos como preocupantes algunos factores que operan como barreras a la transición. Un eje central de la transición es la realización de un proceso electoral libre y justo, y esto no es posible en el marco actual, dada la existencia de numerosos obstáculos claramente identificables, como la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la elaboración de un Registro Electoral confiable que incorpore a todos los venezolanos y la selección de un equipo técnico comprometido con la transparencia. Estos, sin embargo, son sólo algunas de las barreras que impiden el ejercicio del voto en condiciones democráticas. En efecto, las leyes que restringen el espacio cívico y la libertad de expresión, las condiciones impuestas a los medios de comunicación y que han creado un clima de persecución sobre los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil, limitan la participación de los actores políticos en condiciones de igualdad.
Hay áreas en las que se ha avanzado, como en el tema de la ley de amnistía. Sin embargo, a la fecha, la cantidad de excarcelaciones ha sido lenta, poco significativa, selectiva, revictimizante y usada con fines políticos para mantener el sometimiento de la población. En el amplio grupo de militares presos no se ha producido liberación. Las estructuras de la represión siguen sin cambios, nadie ha sido investigado por los daños ocasionados a la población víctima de la persecución por motivos políticos, las cifras de excarcelaciones y amnistiados son inauditables.
Estos son solo algunos de los aspectos que deben ser considerados a profundidad como parte de la vía venezolana a la democracia. Todo esfuerzo de la comunidad internacional que contribuya a resaltar la necesidad de incorporar estos y otros temas, la seguridad jurídica, la reestructuración del poder judicial, la presencia de grupos armados irregulares y el manejo transparente de los recursos provenientes de las ventas de petróleo y minerales, al desarrollo del proceso venezolano, será de gran ayuda. Venezuela requiere, de parte de la comunidad internacional en general, y de parte de los Estados Unidos en particular, un acercamiento con sentido amplio, una visión comprometida con los derechos propios de una sociedad democrática.