Pocas semanas después de la intervención militar de EE.UU. en Venezuela, comenzaron a producirse diferentes documentos en los que se presentaban hitos o indicadores que se estimaban necesarios para considerar que Venezuela iniciaba su tránsito hacia la recuperación de la democracia. Se trata de actos que deben expresarse en normas, políticas y prácticas que manifiesten señales inequívocas de transición a la democracia, a fin de despejar las dudas sobre la dirección que tomaría Venezuela tras la intervención de una potencia extranjera. En la misma semana en que se cumplen cuatro meses de la intervención militar, se han producido una serie de hechos que apuntan en un sentido contrario de la transición a la democracia.
El 29 de abril, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) envió un mensaje a los venezolanos en el exterior que tengan «algún tipo de resentimiento», diciéndoles “supéralo, perdónanos y vente”. El vocero de la AN usó tres verbos en modo imperativo, es decir, dando una orden. No fue una invitación, fue una imposición desde la arrogancia de quien demanda dejar pasar lo que califica como resentimiento, sin considerar las verdaderas razones de una migración masiva que tiene más de una década; exige perdón sin reconocer sus crímenes; demanda el retorno de unos migrantes que, según la narrativa de una década, no existen. La posición desde la que se pronuncia esta frase es la de la soberbia de quien pretende invertir los roles entre víctima y victimario, para presentarse como el ofendido, no el agresor. No es la postura de quien desea construir puentes para un reencuentro entre venezolanos para recuperar la democracia.
El 1ro de mayo, ante un grupo de empresarios y funcionarios de EE.UU. de esos que están buscando señales de estabilización y seguridad jurídica para traer sus capitales a Venezuela, ante la pregunta de un periodista del New York Times a Delcy Rodríguez sobre cuándo se realizarán elecciones en el país, la respuesta no pudo ser más displicente: “No lo sé… algún día”, acompañada de una sonrisa mientras daba la espalda a los presentes. Había formas más elegantes de evadir la respuesta a una pregunta que le queda incómoda a la cabeza de facto del ejecutivo, para mantener un mínimo de expectativas sobre la eventualidad de una nueva elección, pero Rodríguez escogió la opción que genera menos dudas sobre su agenda, donde la transición a la democracia está ausente.
El mismo 1ro de mayo, Rodríguez anunció un aumento del ingreso – no del salario- de 240 dólares. Al no ser salario base, no es un monto que se considere para prestaciones, vacaciones, utilidades, ni pensión. El salario se mantiene en Bs. 130, equivalentes a 0,26 centavos de dólar mensuales, lo que lo mantiene como el salario mínimo más bajo del mundo. Ese mismo monto será el que reciban los pensionados que no estén inscritos en el sistema “Patria. Todo indica que el escenario del que se hace llamar gobierno obrero es el de no considerar el bienestar a largo plazo del trabajador y no reflejar en su presupuesto las proyecciones de una supuesta recuperación económica. El gobierno de facto sigue sin mostrar cifras de ingresos por concepto de minería y petróleo y se desconoce cómo se reflejan esos supuestos ingresos en un presupuesto público que privilegie lo social. La falta de transparencia y el uso discrecional de los recursos públicos, contraria a los principios de una sociedad democrática, siguen rigiendo el desempeño público.
Otro mensaje no menos preocupante fue el transmitido por el fiscal general recién designado, Larry Devoe, ante una solicitud de acceso a información pública que había sido presentada a su despacho el 15 de abril. La comunicación enviada por las ONG Espacio Público, AlertaVenezuela y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, solicitaba al Ministerio Público información sobre cifras relacionadas con la aplicación de la Ley de Amnistía. Devoe negó el derecho de acceso a información pública alegando que “no se expresan los motivos que justifiquen la solicitud de información de interés público peticionada, tal como lo consagra el artículo 9 numeral 4 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público”. De esta manera, la evasiva respuesta del fiscal general pretende cuestionar la cualidad de los peticionarios y sus motivos para realizar la solicitud. Cabe recordar que la ley de amnistía establece en su artículo 1 que el objeto de esta es “promover la paz social y la convivencia democrática”. Nada puede ser de mayor interés público que la paz social y la convivencia democrática canalizada a través de supuestas liberaciones de disidentes, por lo que cualquier ciudadano o asociación están cualificados para solicitar este tipo de informaciones. La ley de amnistía no solo fue incompleta, de aplicación restringida y recientemente derogada por el ejecutivo sin tener facultades para ello, sino que, además, es otra víctima de la falta de transparencia que caracteriza al gobierno de facto. Resulta imposible “promover la paz social y la convivencia democrática”, cuando se niega acceso a información sobre la implementación del instrumento supuestamente aprobado para ello.
Recientes encuestas señalan un declive en el nivel de credibilidad tanto de la administración Trump como del gobierno de facto en cuanto a los cambios esperados en Venezuela. Existen suficientes documentos con indicadores y demandas claras de diversos sectores de la sociedad venezolana sobre la ruta hacia la transición a la democracia, ninguno de los cuales ha sido si quiera mencionado por las élites políticas de ambos países. La comunidad internacional debe tener muy presentes estos documentos, más allá de declaraciones pomposas de Washington y Caracas sobre los supuestos cambios, y mantener su atención sobre las expectativas de transición a la democracia, teniendo en consideración todas estas señales que apuntan en sentido contrario.