Desde inicios del mes de julio, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desarrolla operaciones militares en los estados Bolívar y Amazonas en lo que cataloga como una lucha contra la minería ilegal que ha destruido los ecosistemas, para instaurar un «plan de rescate ambiental».
El 13 de septiembre, el ministerio de Defensa informó supuestos enfrentamientos entre agentes militares y mineros ilegales de la zona del Parque Nacional de Yapacana, en el estado Amazonas, que habrían dejado al menos un saldo de dos personas muertas y seis heridas. Las cifras extraoficiales, sin embargo, hablan de hasta 10 muertos y al menos 17 heridos y cuestionan el carácter del supuesto enfrentamiento. Los hechos tuvieron lugar en la mina Cacique luego de que militares, como parte de la Operación Autana, trataron de desalojar a presuntos mineros que se habrían negado a salir del área natural protegida por el Estado.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), el 18 de septiembre el comandante estratégico operacional de la Fuera Armada informó que un tribunal acordó “medidas judiciales precautelativas de carácter ambiental, sobre el Parque Nacional Yacapana, autorizando (…) la práctica de la detención inmediata de personas que se identifican por alias, presuntos líderes negativos que controlan toda la actividad minera en el Parque Nacional Yapacana”. Según el Ministerio de Defensa, la fuerza armada “ha desalojado de la Amazonía venezolana a más de 12.000 personas” señaladas como mineros ilegales. Ante lo crítico de la situación en la zona sur, el coordinador residente de la ONU en el país llamó a “que se investiguen los hechos” y a “promover soluciones duraderas desde el respeto integral al Estado de Derecho (…)”.
En mayo de 2022, AlertaVenezuela alertó la peligrosa situación que enfrentaba el pueblo Uwottüja, en la zona conocida de los cuatro ríos, en el estado Amazonas. A mediados de mayo de 2022, el indígena Pablo Medina fue retenido por personas narcotraficantes por varias horas y dejado en libertad al final de la tarde, pero era evidente que este no sería el último encuentro. El 30 de junio, Virgilio Trujillo, de 38 años y perteneciente a los Guardianes Indígenas del Territorio Ancestral, fue asesinado en Puerto Ayacucho, cuando regresaba del territorio y las comunidades de Autana. Es decir, fue alcanzado por los narcotraficantes en la capital del estado Amazonas, a 85 kilómetros de su territorio ancestral, lo que evidencia la extensión de la operación de estos grupos irregulares que actúan con total impunidad.
En su más reciente Informe “Una Tragedia Ignorada”, AlertaVenezuela identificó que en la última década se ha producido una proliferación de grupos armados irregulares en el país, que incluyen, entre otros, grupos paramilitares, grandes bandas de crimen organizado y organizaciones irregulares de origen colombiano. Estos grupos tienen control de territorio y capacidad de gobernanza y están ocasionando una grave afectación a los derechos de la población venezolana y limitaciones de acceso a la acción humanitaria. En todos los casos, la actividad de estas organizaciones solo es posible con la anuencia o complicidad de autoridades civiles y militares del ámbito nacional o local. En el caso del Arco Minero del Orinoco, que se supone está bajo control del Estado, es más evidente su relación con diversos grupos irregulares, donde permanece una lógica de reacomodo de mafias según los interés políticos y comerciales, sin afectar el negocio del extractivismo, el controbando y otras actividades ilícitas, pero sí favoreciendo las prácticas de trata y tráfico de personas, desplazamiento interno y migración forzada, desapariciones forzadas, asesinatos, afectaciones graves a la salud, explotación sexual y laboral, servidumbre, entre otras prácticas violatorias.
Ante los hechos recientes en Yacapana, AlertaVenezuela reitera su llamado de que se incluya en el proceso de negociación para la reinstitucionalización de Venezuela el tema de la existencia y papel de estos actores irregulares y su impacto en los derechos humanos de la población. El sur del país particularmente se ha convertido en un territorio sin ley, con graves e irreversibles consecuencias para los pueblos indígenas y sus derechos, y la degradación ambiental de sus territorios ancestrales, que son también patrimonio de la humanidad.