Casi un tercio de la población mundial vive en países con espacios cívicos cerrados. Este es el porcentaje más alto de países bajo esta condición, con un total de 28, desde 2018 cuando la organización Civicus comenzó su monitoreo global. Como “cerrado” se entiende la peor calificación asignada dentro de una clasificación que varía, en orden de gravedad, de “abierto”, a “estrecho”, “obstruido”, “represivo” y “cerrado”. Un país cerrado es uno donde prácticamente es imposible, cuando no altamente peligroso, disfrutar de los derechos de asociación, reunión, expresión y defensa de los derechos humanos.
En un contexto de retrocesos generalizados para las garantías democráticas, las Américas siempre ha sido una región de especial preocupación. En este sentido Civicus informó que, de los 35 países del continente, 6 figuran como “obstruidos”, 5 como “represivos” y 3 como “cerrados”. Sin embargo, al observar su balance regional un mensaje destaca tanto en su informe como en su comunicación hacia terceros: la degradación de Venezuela de país “represivo” a “cerrado”. Venezuela se une de esta manera a Cuba y Nicaragua, los cuales desde 2018 y 2021 respectivamente mantienen esta calificación.
Civicus reconoce que “el impacto acumulativo de las medidas represivas y la represión sistémica de las personas defensoras y las voces disidentes finalmente ha llevado a una rebaja a la categoría cerrada con respecto a Venezuela”. En la práctica, afirma la organización, “estas medidas han suspendido las libertades cívicas fundamentales, dejando a la sociedad civil en un precario estado de vulnerabilidad”. Como parte de los antecedentes relevantes, se mencionan las detenciones fundadas en la “ley contra el odio”, el hecho de que cerca del 55% de organizaciones de la sociedad civil enfrentan obstáculos administrativos y legales para operar, las más de 81 emisoras de radio cerradas -solo en 2022-, los más de 60 medios impresos fuera de circulación indefinidamente y los proyectos de ley anti-ong y de cooperación internacional, incluyendo la intervención de la Cruz Roja venezolana por vía judicial.
Más allá de la gravedad de los antecedentes, el contexto político-institucional es clave para comprender la alarma de Civicus. La ruptura del Estado Democrático de Derecho en Venezuela, cuya raíz más profunda es la ausencia total de poderes independientes y de respeto a la disidencia política, a lo que se ha sumado más recientemente una crisis humanitaria sin precedentes y la comisión de crímenes de lesa humanidad con prevalencia de la impunidad, son algunas de las variables contextuales que hacen de Venezuela un Estado sumido en una emergencia humanitaria compleja. En este cuadro represivo el espacio cívico no puede sino sufrir graves consecuencias con el tiempo. Hoy la sociedad civil venezolana es la fuerza principal que resiste al recrudecimiento autoritario, si bien pagando costos cada vez más altos.
En su intervención en el evento sobre la Sexta Evaluación Global de Datos sobre Libertades Cívicas convocado por Civicus, la organización Espacio Público sintetizó la situación venezolana en tres patrones generales. Primero, un clima permanente de hostilidad y amenaza contra sectores de la sociedad civil a través de acciones violentas focalizadas, cuyas víctimas recientes son los activistas sociales y sindicales. Segundo, una situación de censura normalizada con 400 medios cerrados desde que comenzó su registro en 2002, de los cuales 330 dejaron de existir en los últimos 10 años, incluyendo cientos de medios digitales. Por último, el control social a través del acceso a programas de alimentación y subsidios estatales. Para 2022, la pobreza extrema por ingreso se ubicó en 53% mientras que la pobreza total en más del 80%, lo que convierte a los programas sociales en prestaciones con alta demanda y que en virtud de ello son condicionados por el Estado mediante muestras de apoyo político hacia el gobierno.
A pesar de los riesgos y vulnerabilidades, medios, periodistas, activistas, defensores, líderes y comunidades asumen el riesgo de retar el abuso de poder, lo que puede traducirse en algunas instancias en castigos ejemplarizantes o medidas indirectas a sectores específicos. Esto es lo que ocurre en Venezuela con una estructura de poder que se mantiene intacta, la misma que la comunidad internacional condenó en 2014, 2017 y 2019, y que ha virado por razones estratégicas al ataque focalizado, pero que en función del contexto social y político, puede ser reactivado masivamente, como ha ocurrido en años anteriores. En el presente período electoral, este riesgo es más elevado.
AlertaVenezuela llama a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos en el monitoreo e incidencia con sentido estratégico sobre la situación de libertades democráticas y espacio cívico en Venezuela apoyando firmemente las solicitudes de la sociedad civil, así como exigiendo mayores garantías democráticas al Estado a través de los espacios de negociación y fuera de él. Se hace fundamental liderar una respuesta integral de protección a personas en riesgo de persecución y revertir las principales amenazas legales y judiciales que se ciernen sobre el trabajo de la sociedad civil, lo que en última instancia repercute más en una población ya gravemente vulnerada. De entrada, corresponde avanzar en estrategias coordinadas con los Estados, las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano.