Desde el día de la realización del referendo consultivo sobre la controversia con Guyana por el territorio Esequibo el pasado 3 de diciembre, se ha registrado una serie de violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales habíamos advertido y otras que están alimentando una escalada en las tensiones entre Venezuela y Guyana.
Al igual que en el simulacro realizado el 19 de noviembre, el día del referendo estuvo marcado por amenazas, especialmente contra empleados públicos que fueron constreñidos a participar y a presentar la prueba de su votación en los puntos de control que instala el partido de gobierno al lado de los centros de votación, en lo que constituye una violación al derecho a la participación política libre de coacción.
Además, en su tercer reporte oral, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que habían participado 10.555.092 electores, en contraste con su primer reporte oral en el que se refirió a 10,5 millones de votos, lo que correspondería a unos 2,1 millones de electores, si se toma en cuenta que cada elector debía votar 5 veces, una por cada pregunta formulada en la consulta. Si ya la cifra de 2,1 millones era difícil de aceptar, dada la ausencia de electores en los centros de votación reportada por medios independientes e infociudadanos, afirmar que hubo una participación del 51,01% del padrón electoral resulta inimaginable, considerando además la imposibilidad de votar de unos 4.5 millones de electores que se encuentran fuera del país. Ello implicaría que votó el 68% de los electores en Venezuela. En términos de participación política, los resultados anunciados solo pueden calificarse como fraudulentos y, por tanto, inválidos para interpretarse como un mandato por “abrumadora mayoría” para justificar la anexión. De esta manera, el «nuevo» CNE demostró una parcialidad que cuestiona su carácter de árbitro confiable de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
Cuatro días después de la realización de la consulta, el CNE no ha publicado ni una nota de prensa, ni un solo boletín de resultados en su página web. Todo lo que se conoce han sido informaciones orales por parte del presidente del órgano electoral, lo que afecta directamente el derecho a acceder a información pública, en un tema tan sensible para el país y para sus relaciones internacionales.
Por otra parte, se vio afectado el derecho a la libertad de expresión. Los medios independientes constataron lo que pudiera ser la más alta abstención de las últimas décadas, pero varios reporteros fueron impedidos de hacer registro fotográfico de la ausencia de electores en los centros de votación. La ONG Espacio Público registró al menos siete casos de violaciones a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación en el marco del referendo en diversos estados del país.
El 5 de diciembre, un día antes de que el presidente del CNE anunciara la “abrumadora victoria” en la consulta, Maduro dio a conocer nueve acciones “para ejecutar las decisiones aprobadas”, entre las que se encuentra la realización de un censo y entregar la cédula de identidad a los habitantes del Esequibo, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Este derecho a la identidad que se le otorga a la población del Esequibo contrasta con la denegación del mismo a miles de ciudadanos venezolanos en el país y a los casi ocho millones de migrantes y refugiados que no tienen posibilidad de obtener o renovar la cédula de identidad en el exterior.
Otra de las acciones anunciadas por Maduro fue aprobar una Ley Especial que decrete áreas de protección ambiental y nuevos Parques Nacionales en la Guayana Esequiba. Tomando en cuenta que otra de las acciones anunciadas es la concesión de licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minerales, es preocupante imaginar el impacto ambiental que puede tener la intervención de Venezuela en ese territorio, habida cuenta de la incapacidad demostrada para proteger los territorios amazónicos en el sur del país, que han sido fuertemente degradados a partir de la creación del Arco Minero del Orinoco.
Tal como advertimos en un análisis anterior, el referendo buscó polarizar a la población para propiciar una nueva ola de persecución política y detenciones arbitrarias con base en una supuesta traición a la patria. Así, el fiscal general impuesto por la asamblea constituyente anunció órdenes de aprehensión en contra de 9 opositores y un ciudadano estadounidense, además de cuatro personas que ocupan posiciones clave en el partido Vente de la candidata opositora María Corina Machado, por los delitos de traición a la patria, conspiración para lesionar al pueblo legitimación y asociación para delinquir. El 6 de diciembre la esposa Roberto Abdul-Hadi, presidente de la organización Súmate, denunció su detención en la sede de los servicios de inteligencia; sin embargo, hasta el día 7 en la noche se desconocía su paradero.
Llama la atención que otra de las acciones anunciadas sea “la activación de un Plan de Atención Social para la población de la Guayana Esequiba”. Este plan social, sumado a la movilización de tropas y construcción de infraestructura en zonas cercanas al Esequibo, implica una alta inversión de recursos que echa por tierra la excusa de las sanciones como obstáculo para la atención de las necesidades de los sectores más vulnerables en Venezuela.
A solo tres días de la consulta y sin que se conozcan los resultados oficiales de la misma, la Asamblea Nacional (AN) ya aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. El proyecto, cuyo texto no aparece en la página web de la AN, fue conocido por AlertaVenezuela de forma extraoficial. El artículo 21 del proyecto prohíbe celebrar contratos “con personas jurídicas que se encuentren operando o colaboren con la operación en el territorio de la Guayana Esequiba o las aguas pendientes por delimitar”, lo que significaría la imposición de sanciones unilaterales, que tanto ha cuestionado Venezuela.
Adicionalmente, el Proyecto de Ley en su artículo 18 establece la sanción de multa entre “1000 a 100.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela”, a “quien elabore, publique, o distribuya mapas, planos o cartas totales o parciales de la República Bolivariana de Venezuela (…) que omitan el territorio del Estado Guayana Esequiba”. Aunado a esta restricción arbitraria a la libertad de expresión, el artículo 22 apunta contra los derechos políticos al señalar que “no podrán ser postulados a cargos de elección popular o ejercer cargos públicos (…) las personas que favorezcan públicamente la posición de Guyana en torno a la Guayana Esequiba o deshonren los símbolos patrios de la Nación”.
Así, el Estado no sólo promueve un conflicto cada vez más intenso con Guyana, sino que obliga a su población a ser parte activa de él; lo que comenzó con la imposición de un referendo plagado de condiciones restrictivas y continúa con la puesta en marcha de condiciones político-sociales que buscan difuminar los derechos más básicos para alinear los intereses de la sociedad con los intereses del partido de gobierno. AlertaVenezuela advierte sobre la disposición violenta del gobierno de utilizar a la población venezolana para fines nacionalistas cuyos derroteros son bien conocidos. Un conflicto con estas dimensiones está lejos de ser una causa por el país y, por el contrario, avanza hacia nuevos escenarios de violencia que deben ser inmediatamente prevenidos.
En definitiva, se trata de medidas y eventualmente normas que afectan por acción o por omisión los derechos de la población de Venezuela en un intento de polarizar a partir del nacionalismo. En este contexto, es indispensable que la comunidad internacional tome todas las acciones a su alcance para prevenir el escalamiento del conflicto, que solo supondrá más sufrimiento para la población.