AlertaVenezuela enciende alarmas sobre recientes hechos que permiten sostener la incursión ilegítima de las fuerzas de inteligencia y contrainteligencia venezolanas en otros países de la región con fines de persecución política. Ante indicios claros y consistentes de la participación de Venezuela en la comisión de delitos en otros territorios, emergen también elementos preocupantes para hablar de nuevas dimensiones de un problema de seguridad hemisférica, los cuales apuntan al involucramiento directo de autoridades y funcionarios que están siendo investigados por cometer crímenes de lesa humanidad.
Según un informe de Noticias Caracol, varios desertores de las fuerzas militares venezolanas llegaron a un sector residencial de Cúcuta el 13 de diciembre de 2023 con el objetivo de planear el derrocamiento del gobierno de Maduro. El medio señala que el Estado venezolano supo de sus intenciones y respondió con un proceso de incursión de sus fuerzas de inteligencia militares en la soberanía de Chile y Colombia, creando alianzas con grupos armados irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Tren de Aragua, con la finalidad de capturar a esos desertores y otros disidentes y entregarlos a Venezuela.
Hasta el momento, los objetivos de la persecución con móviles políticos han sido tres hombres señalados por el gobierno venezolano como conspiradores: el capitán Ángelo Heredia, quien fue capturado cerca de Cúcuta por el ELN y entregado a la inteligencia militar venezolana; el teniente Ronald Ojeda, capturado y asesinado en Santiago de Chile por miembros del Tren de Aragua y los servicios de inteligencia venezolana; y el líder estudiantil opositor Pablo Parada, quien hace pocos días fue víctima de un ataque en Bogotá por una organización criminal que, según se sospecha, estaría al servicio del gobierno venezolano.
Además de estos casos reportados por Noticias Caracol, AlertaVenezuela ha registrado información de diversos medios que dan cuenta de otro militar que pidió protección en Chile, un excomisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que huyó de Ecuador con su familia tras recibir amenazas, y un militar en República Dominicana que está bajo la protección de las autoridades de ese país a raíz de conocerse que su vida corría peligro.
De acuerdo con un reportaje del canal Chilevisión, la investigación de la fiscalía chilena sobre el caso Ojeda considera con fuerza la hipótesis de la participación directa de funcionarios venezolanos. El reportaje muestra declaraciones de los fiscales involucrados en el caso que argumentan que los crímenes cometidos contra el teniente no guardan vínculos con un secuestro extorsivo ni con el crimen organizado, por lo que privilegian la tesis del móvil político, con origen en Venezuela. A su vez, varios antecedentes brindan fundamento a dicha tesis.
Primero, Ojeda fue preso político torturado en 2017. Segundo, el reportaje da cuenta de declaraciones de analistas de la autopsia que expresan que los golpes que sufrió tuvieron que ser perpetrados por una persona con experiencia en torturas -evitando dejar marcas visibles-. Tercero, según expertos del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, dos datos son esclarecedores. Por un lado, la persona que llevaba a Ojeda sujetado al cuello en su trayecto de huida mostraba entrenamiento en la técnica. Por otro lado, la reacción corporal de la víctima da a entender que sabía de qué trataba la situación, viéndosele en un momento charlar con sus raptores. Por último, la fiscalía chilena afirma que este caso supone “cierto grado de preparación y ejecución del delito que no se había visto previamente en la historia democrática de Chile”. Según la fiscalía, el Tren de Aragua no ha actuado con un modus operandi como el que desplegaron en este caso, disfrazados de policía, y con el “trabajo de enterrarlo a 1 metro 40 de profundidad y cementarlo”.
Adicionalmente, el informe del medio Noticias Caracol habla de una “coordinación” entre la inteligencia venezolana y el crimen organizado en Colombia. Al respecto, se señala el caso del teniente Franklin Caldera, quien en 2021 fue raptado por el ELN en Cúcuta y entregado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). También es mencionado el caso del capitán Ángelo Heredia, víctima en 2023 del mismo procedimiento del ELN y la DGCIM, y quien antes habría estado reunido con Ojeda en Colombia. Noticias Caracol recoge otras referencias sobre la vinculación de la DGCIM en Colombia, como fotos del organismo venezolano operando en el territorio colombiano e informes internos reservados sobre “la expansión y operación de militares venezolanos en otros países”.
Frente estas denuncias verosímiles en otros Estados, Venezuela continúa con su política frontal de descalificación. En su programa Con Maduro +, el presidente venezolano afirmó que Noticias Caracol era “anti-Venezuela” y “antibolivariano” y que “quedará en la basura”, haciendo referencia a su informe. El 3 de abril el canciller colombiano rechazó las palabras de Maduro, precisando que Caracol “es un medio muy serio”, y que tendrá reuniones con su par venezolano para tratar el tema. En sentido similar, el 11 de abril el presidente de Chile llamó en consulta a su embajador en Caracas, luego de los dichos del canciller venezolano, quien aseguró que el Tren de Aragua “es una ficción” creada por los medios. Luego de un intercambio con el canciller venezolano, Chile aún espera la colaboración con hechos concretos de Venezuela para esclarecer el caso de Ojeda.
AlertaVenezuela expresa su preocupación por las denuncias sobre la relación del Estado venezolano con grupos armados irregulares y su accionar delictivo en otros países. En nuestro informe Una tragedia Ignorada, advertimos la presencia y extensión de grupos irregulares en el territorio venezolano con la complicidad o anuencia del gobierno y su grave impacto en la crisis humanitaria y de derechos humanos que enfrenta el país. Hoy surge una realidad redimensionada que apunta a crímenes extraterritoriales de las autoridades venezolanas siguiendo, en varios casos, patrones que ocurren en Venezuela, y que podrían arrojar nuevos elementos en la investigación de la CPI por crímenes de lesa humanidad.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional a cooperar con los países de la región en sus esfuerzos de prevención y castigo de estos crímenes y violaciones a los derechos humanos fuera de Venezuela relacionados íntimamente con móviles de persecución.