La grave crisis que atraviesa Venezuela ha llegado a un punto de inflexión: después de décadas de control del poder por parte de Nicolas Maduro mediante un proceso de desinstitucionalización del sistema político y de cancelación de la separación de poderes, el momento electoral del 28 de julio ha operado como un vendaval. Un país que hasta hace pocos meses lucía desanimado y avasallado por el poder omnímodo del gobierno que ha creado la emergencia humanitaria compleja, hoy se encuentra en una suerte de estado de ebullición ciudadana que manifiesta todos los días su deseo de cambio, y en muchas ocasiones lo hace desafiando al poder de manera clara.
Las constantes evidencias de una especie de fervor popular que han generado las concentraciones públicas de la oposición venezolana son de tal magnitud que han hecho que amplios sectores tengan esperanzas de que un cambio hacia el respeto a los derechos humanos, la justicia y la libertad es posible. Eso ciertamente puede suceder, pero queda un largo trecho para que lo que hoy se palpa como una voluntad mayoritaria de cambio se concrete mediante una elección que cumpla con los criterios internacionalmente aceptados para ser definida como justa y libre.
Ya desde 2015 las fuerzas opositoras han sumado un apoyo popular mayoritario que sucumbió ante la supresión fáctica del poder legislativo ordenada por Maduro, y este apoyo popular tampoco pudo expresarse en 2018 cuando Maduro orquestó un fraude electoral a través de la inhabilitación de lideres opositores y el secuestro jurídico de partidos políticos ejecutado por vía de un Tribunal Supremo de Justicia subordinado a las órdenes del poder ejecutivo.
En esta ocasión, Maduro ha utilizado su ya habitual repertorio de violaciones de derechos políticos: inhabilitó a la candidata ganadora en las primarias de la oposición, María Corina Machado, desconoció la inscripción de la candidatura de Corina Yoris propuesta por Machado, generó un sorprendente número de candidatos “opositores” alentados y financiados por su gobierno, y mantuvo un descarado ventajismo en el Consejo Nacional Electoral que impidió a millones de venezolanos en el exterior ejercer su derecho al voto.
Sin embargo, esta avalancha de arbitrariedades ha lucido incapaz de frenar las manifestaciones masivas de la voluntad de votar y de orientar el país hacia su reinstitucionalización. De acuerdo con los sondeos de opinión, los opositores triplican a Maduro en intención de voto, de modo que sería una sorpresa mayúscula que no obtuviesen la victoria electoral, a no ser que se produzca una intervención por parte de los órganos del Estado que condicione la elección por vía de nuevas inhabilitaciones, ilegalización de los partidos que apoyan al candidato opositor o algún otro mecanismo ilegal.
Así las cosas, vistos los antecedentes de Maduro, la pregunta que se hacen los venezolanos es: ¿utilizará Maduro una vez más las prerrogativas que le otorga el control ilimitado de los recursos e instituciones del Estado para impedir ilegalmente la derrota electoral que se avecina para él? ¿Se arriesgará a violentar el derecho al voto de los millones de ciudadanos que expresan abiertamente su rechazo al régimen que preside? Es una pregunta pertinente, pero sin respuesta.
Ante este escenario, surge otra interrogante importante: ante un régimen autoritario no competitivo, como es el caso, ¿es conveniente proponer mecanismos que bajen los costos de salida del poder para la elite gobernante? Definitivamente sí. ¿Pueden esos mecanismos estructurarse en una suerte de amnistía general que elimine las responsabilidades de quienes han cometido crímenes de lesa humanidad y han violentado los derechos más elementales de los ciudadanos, incluyendo el derecho a la vida? Definitivamente no. Los derechos humanos son universales y no son negociables, y se debe garantizar la no repetición de las innumerables violaciones de derechos que han sufrido los venezolanos.
Esta coyuntura entonces es compleja. Estamos a pocos días de la fecha electoral, y las posibilidades de que el régimen vacíe de contenido la elección son elevadas. Sólo la lucha ciudadana y la organización de los votantes para defender sus derechos permitirá un resultado que sea realmente acatado por el país. Esto nos lleva a reiterar la importancia de que la comunidad internacional esté atenta a lo que suceda en el país hasta la fecha electoral y sobre todo los días posteriores, y que respalde de manera clara que la única solución para la crisis pasa por un evento electoral libre y justo, cuyos resultados sean reconocidos de manera efectiva por el perdedor, más allá de las formalidades. Cualquier posibilidad de salida del poder por mecanismos políticos debe primero pasar por unas elecciones libres y segundo tener por objetivo memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición.