A medida que se acerca el 28 de julio, fecha fijada para la elección presidencial, han comenzado a surgir propuestas desde algunos sectores que se presentan como de oposición a quienes detentan el poder, que asumen que cualquier intento de justicia es un acto de revancha que reduce los incentivos del chavismo para dejar el poder, en caso de resultar perdedor en la elección.
Para dar legitimidad a las recomendaciones, estas propuestas están siendo presentadas como el resultado de una amplia consulta con la sociedad civil. Sin embargo ninguna organización de familiares, víctimas o de derechos humanos ha sido consultada sobre estas propuestas que apuntan a la impunidad de graves violaciones de derechos humanos, como mecanismo para que el chavismo acepte ceder el poder de forma pacífica.
Es dañino para la misma transición que un pequeño grupo se abrogue la representación de la sociedad civil, sin tener en cuenta la voz de los millones de víctimas de la lista Tascón, los encarcelados, torturados y ejecutados a causa de su ejercicio legítimo de la libertad de expresión, de reunión pacífica y asociación y un sin fin de etcéteras.
En este sentido, AlertaVenezuela hace suyas las reflexiones del comunicador, defensor de derechos humanos y víctima de desaparición forzada Luis Carlos Díaz, en cuanto que cualquier «acuerdo político» que pretenda eliminar la investigación sobre perpetradores venezolanos en la Corte Penal Internacional (CPI) debe ser rechazado no solo por nocivo y cómplice de la impunidad, sino también por ignorante.
El proceso de justicia en la CPI, como muchos otros, debe estar blindado de intereses políticos. La justicia es un derecho de las víctimas que no puede ser secuestrado por ninguna parcialidad política. Más bien necesita ser acompañado con absoluta seriedad por todas las partes interesadas para proteger el proceso y librarlo de chantajes.
Con las propuestas en la mesa se están llevando muy lejos la intención de «pasar la página», «dejar atrás» o presionar a las víctimas y sus familiares para «tragar sapos» como si ya hoy los aliados del poder pudiesen imponer cuáles sapos tragar. Están quedando en vergüenza cada vez que plantean que la justicia puede ser un obstáculo para la paz, cuando es todo lo contrario. El problema es que abordan este tema desde dos aristas, la soberbia y el buenismo, que de cierta manera cree que la justicia implica persecución o venganza, algo errado, o asumen que anular el derecho a la justicia puede facilitar cualquier negociación política por eso que llaman «costos de salida». Eso está mal. Lo están haciendo mal y están revictimizando a toda una sociedad.
Es absurdo que este tipo de propuestas tengan cabida en espacios diplomáticos, institutos, academias y otras instancias donde se está haciendo lobby, por una razón sencilla: no responde a estándares de derechos humanos. No serían aceptables en otras sociedades. No cabe en la Venezuela que se quiere construir con libertad, democracia, verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no reparación. Así que lo mejor es dejar de pisotear la dignidad de los demás y ser más serios si quieren hablar de transición, cambios y democratización. Con una agenda antiderechos no van a llegar muy lejos sin que la gente se dé cuenta de que trabajan para la impunidad.
La ignorancia de estas propuestas se refleja también en la pretensión de acordar pactos sobre procesos que se encuentran ante tribunales internacionales, si entender que estos son innegociables y siguen su curso una vez que se ha acordado investigar con base en hechos verificados. Es lamentable constatar que tales propuestas de “transición” asumen que la justicia internacional o la justicia universal se manejan según la misma lógica de ausencia total de independencia, como sucede en Venezuela y que , en consecuencia, puede ser manipulada con fines políticos.
La historia de finales del siglo pasado en América Latina estuvo llena de fórmulas de amnistía y leyes de punto final, que sirvieron para intentar negociaciones políticas, pero que fueron revertidas al establecerse -por parte de los órganos internacionales de derechos humanos- que son mecanismos de impunidad, incompatibles con los compromisos internacionales de derechos humanos.