Cuando en julio de 2023 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Volker Turk se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos para cumplir con la resolución que le pedía un informe exhaustivo y con una valoración detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas al gobierno de Venezuela, desde AlertaVenezuela no dudamos en calificar su informe como “genérico, débil e insuficiente”. Un año más tarde y tras cinco meses de la expulsión del equipo de la Oficina de la OACNUDH de Venezuela, se observa un tono más determinado en el nuevo informe presentado.
Valga recordar que la expulsión del equipo de la OACNUDH se produjo, según admitió el fiscal impuesto Saab, debido al mensaje publicado por la Oficina en la red social X sobre la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, afirmando que el desconocimiento de su paradero llevaba a “potencialmente calificar su detención como una desaparición forzada”. Pese a no haber un señalamiento expreso de la desaparición de San Miguel, el gobierno consideró el mensaje lo suficientemente ofensivo como para expulsar a los oficiales de la OACNUDH.
Cambios en el tono
Hoy observamos con satisfacción que el nuevo informe de Turk no solo reitera que San Miguel estuvo sometida a una desaparición forzada, sino que hace un ejercicio pedagógico en el que recuerda que “no existe un límite de tiempo para que se produzca una desaparición forzada”, citando la doctrina del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Involuntarias o Forzadas (GTDIF), que desconoce Saab en sus declaraciones contra la OACNUDH.
El informe hace referencia a miembros de partidos de oposición y sindicalistas y agrega “11 de estas detenciones podrían equivaler a desapariciones forzadas”; menciona el traslado de personas privadas de libertad sin notificación a sus familiares “lo que podría equivaler a desapariciones forzadas”; se refiere a la detención arbitraria de 28 personas (incluyendo 5 mujeres) “que fueron sometidas a desapariciones forzadas por períodos que oscilaron entre dos y 41 días”; y la desaparición de personas en zonas fronterizas y mineras.
De esta manera, la OACNUDH está encendiendo las alarmas frente a lo que no se puede calificar como hechos aislados y sobre lo cual ya había advertido el GTDIF. En consecuencia, Turk hace un llamado concluyente al pedir “poner fin e investigar todas las denuncias de desapariciones forzadas”.
También se observa un tomo más definido con respecto a la situación del defensor Javier Tarazona, en cuyo caso “reitera su llamamiento para que sea puesto en libertad sin condiciones”. Lo cierto es que nunca se había producido un llamamiento sobre la libertad incondicional de Tarazona, por lo que hablar de reiteración es infundado, pero constituye un avance. Bachelet se había limitado a solicitar “acceso urgente de abogado”, mientras Turk había expresado preocupación por su salud. En esa misma línea, el informe hace además una nueva recomendación con un lenguaje más directo que pide “liberar de manera plena e incondicional a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente, incluyendo personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas”.
El informe hace un mejor ejercicio de comparación entre las recomendaciones formuladas a Venezuela y su cumplimiento efectivo, evidenciando brechas significativas en varios temas, como las condiciones de detención de las mujeres y las personas LGBTIQ+, la continuación de la aplicación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo sumada a la ausencia de debido proceso y derecho a la asistencia legal, la falta de progreso en las investigaciones sobre muertes en protestas, la ausencia de determinación de responsabilidades de las cadenas de mando en muertes en protestas y en operativos de seguridad, falta de avances en las investigaciones sobre asesinatos de indígenas y sobre desapariciones ocurridas entre los años 2017 y 2019, así como el retraso en las investigaciones de denuncias de torturas.
Los silencios y omisiones
Sobre su propia expulsión, el informe se limita a decir que “el ACNUDH lamenta este hecho”, sin ningún llamado a la reconsideración, ni alguna información sobre las gestiones que realiza (o no) su oficina para revertir la decisión gubernamental. La parquedad de la frase da pie para cualquier especulación, pero es algo que escapa al objeto de este análisis.
Si bien el informe “acoge con satisfacción” los compromisos del gobierno sobre varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo, incluyendo el N° 87, sobre libertad sindical, pareciera que tal satisfacción no se corresponde con los hechos, toda vez que el mismo informe da cuenta de una serie de atropellos contra sindicalistas y dirigentes sindicales durante el período, incluyendo detención de cinco dirigentes sindicales y gremiales o sindicalistas (todos hombres) acusados, entre otros, de incitación al odio, conspiración y asociación para delinquir, el despido de dirigentes sindicales y sindicalistas de su lugar de trabajo por participar en protestas y la incursión de agentes de la Policía Nacional Bolivariana sin orden judicial, durante una reunión sindical.
Aunque el informe dedica un espacio considerable a las afectaciones del espacio cívico y democrático, llama la atención la ausencia de información sobre la negación masiva de acceso al registro electoral que afecta a unos 5 millones de venezolanos en el exterior que no podrán votar en la elección presidencial, así como a otra serie de irregularidades que se vienen acumulando en la preparación de la elección presidencial. La continuación del silencio en esta área da a entender que la OACNUDH mantiene su postura de evadir el tema electoral, al asumirlo todavía como un asunto “político”, y no de derechos humanos.
También preocupa que en la sección sobre el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, no se hace mención al impacto de la iniciativa Arco Minero del Orinoco, aunque sí hay una referencia a este proyecto depredador al referirse a desapariciones y formas contemporáneas de esclavitud en las zonas mineras.
En la sección sobre Estado de derecho y rendición de cuentas, es llamativo y preocupante que el ACNUDH le dedique un párrafo -por lo demás necesario- a la investigación que adelanta el Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, pero no haga ninguna referencia a las igualmente importantes y valiosas investigaciones de la Misión de Establecimiento de Hechos sobre Venezuela, lo que denota que permanece la muralla impuesta desde tiempos de Bachelet a un mecanismo de gran importancia para documentar las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela.
Perspectivas
Es imprescindible que este primer giro de timón se vea reforzado con mensajes que recojan el propósito preventivo y de protección que debe mantener la OACNUDH hacia Venezuela, independientemente de dónde se encuentren sus oficiales. En esta misma semana, organizaciones de la sociedad civil venezolana hicieron un llamado a Turk para “agotar todas las acciones dentro de su mandato para acompañar a la población venezolana en su derecho a dirimir de manera pacífica y participativa sus conflictos”.
AlertaVenezuela ha advertido sobre el crecimiento exponencial de la represión en los primeros meses de 2024 y se observa cómo, a medida que se acerca la fecha de la elección, crece todo tipo de expresiones de castigo a quienes apoyan a la candidatura de la oposición. En ese contexto, el monitoreo y la vocería firme del ACNUDH resultan más necesarios y la comunidad internacional debe sumarse a este llamado de protección a la población venezolana.