En el marco del 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el 20 de septiembre se celebró el diálogo interactivo con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos con ocasión de la presentación de su quinto informe.
El informe de la Misión abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. El organismo abrió su declaración oral señalando que la maquinaria represiva del Estado continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos “en un contexto en el que está desapareciendo la mínima apariencia de legalidad en la actuación de las autoridades”. Por ello, no dudó en calificar que “el riesgo de una desintegración del Estado de Derecho en Venezuela es muy alto”. La Misión relacionó directamente el agravamiento de la situación con los eventos post-28 de julio, en donde la persecución política ha ido en aumento para intentar aplacar los reclamos de transparencia que señalan a un gobierno que pretende imponerse, sin evidencia, como ganador en las elecciones.
La Misión reconoció al menos a 25 personas muertas en el contexto de las protestas electorales, de las cuales 24 fueron producto de armas de fuego “en varios casos con la presencia de la Policía Nacional Bolivariana o la Guardia Nacional Bolivariana haciendo uso de sus armas para reprimir las protestas”. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes de barrios populares. A estos hechos se sumó “un número muy alto de personas detenidas, incluyendo niños y personas con discapacidad”. Preocupó especialmente la detención de al menos 158 niños y niñas, un fenómeno nunca registrado con tal alcance y magnitud.
A tono con los hallazgos de la sociedad civil venezolana y otros organismos internacionales, la Misión expresó igualmente casos de desapariciones de corta duración, torturas y tratos crueles, incluyendo violencia de género, y numerosos procesamientos arbitrarios, en general bajo cargos de terrorismo, incitación al odio, conspiración y otros delitos.
Un elemento central subrayado por la Misión consistió en comprender la sistematicidad de los patrones identificados. Las violaciones documentadas “no pueden entenderse solamente como el producto de la crisis poselectoral, sino que son el resultado de un plan diseñado anticipadamente para desalentar, silenciar y anular a la oposición política y las voces críticas al gobierno”. La Misión resaltó que existe una línea de conducta con sus informes anteriores y que configura crímenes de lesa humanidad. La maquinaria de represión nunca fue desarticulada, se reactivó utilizando métodos de represión dura a través de persecuciones selectivas a sectores opositores reales o percibidos como tales.
En la declaración oral se indicó que la violencia estatal alcanzó “un nivel sin precedentes en los últimos años tras el anuncio de los resultados electorales”. Ya antes de las elecciones el presidente Maduro y otras autoridades habían advertido sobre la posibilidad de un estallido de violencia si no lograban la victoria electoral. La Misión advirtió que las autoridades reconocieron más de 2200 detenciones ocurridas solo entre el 29 de julio y el 6 de agosto, y si bien continuaron estas prácticas contra miembros de oposición política y de la sociedad civil, “la mayoría de las víctimas provenían de barrios populares” y fueron identificadas mediante “la obtención de videos o fotografías publicadas en redes sociales o por la delación de personas en respuesta a llamados del propio presidente”. La misión constató que la vigilancia tecnológica como método represivo fue implementada a mayor escala y sofisticación.
También se señalaron “detenciones masivas e indiscriminadas que se ejecutaron a partir de planes preconcebidos, como la amenaza de la operación Tun Tun”. Al respecto, se describió como parte del patrón que los cuerpos de seguridad entraron a las casas de quienes participaron o se sospecha estuvieron en las protestas, sus viviendas fueron marcadas con una “X”, fueron arrestados sin órdenes judiciales, y en varios casos documentados por la Misión, “los funcionarios no conocían ni el nombre de las personas a detener”. Maduro luego afirmó que los detenidos debían enviarse a “campos de trabajo para su reeducación”.
En materia de violencia sexual en el contexto postelectoral, la Misión hablo de actos contra mujeres detenidas como “manoseos de senos, glúteos y genitales”, “desnudez forzada y requisas invasivas”, “amenazas e insultos sexistas”, y “denegación de derechos sexuales y reproductivos” tanto en perjuicio de algunas de las más de 200 mujeres y niñas en prisión, como de mujeres familiares visitantes. Sobre el debido proceso, la “Misión identificó graves y sistemáticas violaciones al debido proceso de las personas detenidas”. Entre los patrones, se reportaron: i) detenciones sin órdenes judiciales ni motivos informados; ii) retrasos injustificados para la presentación ante un juez; iii) impedimento de elección a la defensa; iv) celebración de audiencias en horas de la noche vía telemática; e, v) imputaciones desproporcionadas sin base factual que implican penas de 30 años de cárcel.
Además de la Misión, la Corte Penal Internacional debe jugar el papel que le corresponde en el contexto crítico venezolano. La Corte ya pudo atestiguar una ola en tiempo real sobre la naturaleza e implicaciones graves de los crímenes que está investigando. Por lo tanto, debe avanzar cuanto antes con las imputaciones a máximos responsables y emitir las correspondientes órdenes de captura para disuadir la ocurrencia de nuevos crímenes.
Ya la Sala I de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en aplicación del principio de jurisdicción universal ordenó la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros funcionarios del gobierno como parte de la causa abierta tras la denuncia penal presentada en enero de 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). Es fundamental que los responsables sepan que sus crímenes tendrán un costo real y que no se permitirá la impunidad en el caso venezolano.
AlertaVenezuela llama a la comunidad internacional a seguir impulsando acciones coordinadas y efectivas en la defensa de los derechos de la población venezolana y su democracia, de la cual pende no sólo el país sino la propia paz y estabilidad de las Américas.