Al cierre de septiembre, un juzgado de Argentina ordenó la captura de funcionarios venezolanos por considerar que ha habido en el país un “plan sistemático” para llevar a cabo torturas, secuestros y ejecuciones. Se hace bajo la premisa de la jurisdicción universal, que permite juzgar en otros países los crímenes atroces cometidos en lugares donde no hay interés ni capacidad para hacer justicia real. Es una forma de proteger a las víctimas, que ante crímenes así de graves abarca toda la humanidad, y de tratar de ponerle freno a los abusos que se siguen cometiendo y que pueden convertirse en amenazas regionales.
La medida es bastante compleja porque los tribunales argentinos se activaron en paralelo por dos causas sobre Venezuela, una presentada en enero de 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), en la que denunciaban patrones de tortura y persecución; mientras que pocos meses después se recibió otra denuncia por ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2014, y cuyas víctimas están apoyadas por la Fundación Clooney para la Justicia.
Lo mejor que podría pasar es que ambas causas se mantengan separadas aunque se refieran al mismo país, porque una apunta a la cima de la cadena de mando en Venezuela y la otra apunta a mandos medios y responsables directos de crímenes. En todos los casos, los encargados de investigar y sancionar tendrán que recuperar elementos de prueba para sustentar cada acusación, pero ahí es donde los procesos y la distancia a recorrer entre los hechos y los responsables de cada caso son distintos. Por supuesto que ambas causas se alimentan porque tienen en común que Venezuela es un país sin tribunales independientes ni un poder judicial autónomo que pueda juzgar estos crímenes, pero la trazabilidad que hay desde los afectados hasta los responsables, exige distintas capacidades de trabajo.
En realidad, estamos en un nuevo terreno de justicia que nos toca recorrer juntos y sobre todo en medio de la erupción migratoria de venezolanos, que sigue impactando al mundo a causa de la crisis por diseño ensamblada por el chavismo en Venezuela y que apenas empieza a tener movimientos en tribunales internacionales para responder a los horrores que se han atravesado.
La causa por la justicia sobre crímenes de lesa humanidad tiene entonces otro frente en Argentina y no solo en la Corte Penal Internacional, que se encuentra en la etapa de investigación y sobre el que el Fiscal tiene toda la autonomía para definir, en el momento en el que lo decida (no hay un plazo), cuándo tendrá un caso o varios donde establezca responsables directos y órdenes de captura o comparecencia ante los tribunales de La Haya. En este caso se ha activado Argentina como antes lo hizo por víctimas del franquismo, y como también ha ocurrido en Alemania, por poner un ejemplo, con sirios víctimas de su propio gobierno, que ya han migrado a Alemania.
Para este caso la justicia argentina debe avanzar cuidando que su proceso no sea politizado ni viciado por distintas presiones, como ocurrió con la presencia de la ministra de seguridad argentina, Patricia Bullrich, y una integrante del Consejo de la Magistratura, en una audiencia. La preservación de la pureza de un proceso judicial, desde el principio, ayuda a cuidar que todo lo que venga en adelante se desarrolle bien, que es lo mejor que le puede pasar a las víctimas que esperan ser reivindicadas.
Mientras tanto, la sociedad tendrá que trabajar tanto en su propio control de expectativas como en reforzar la necesidad de documentar y denunciar más casos ante otros mecanismos internacionales, porque un hecho como este entusiasma y demuestra que el camino de la justicia puede ser doloroso y lento, pero fortalece la memoria, el establecimiento de la verdad, la necesidad de reparación y el reconocimiento de todo lo que ha ocurrido, aunque por años muchos actores internacionales no le creyeron a los venezolanos.
Otra cosa clave es trabajar en la preservación de pruebas, testigos, víctimas y familiares, porque en este nuevo terreno de justicia, su riesgo aumenta considerablemente frente a las retaliaciones de los torturadores. Por eso hasta las reacciones y celebraciones a este tipo de noticias están bajo análisis y monitoreo, y para proteger se necesita más que buena intención. Es clave que otros estados participen y brinden apoyos.
Este primer paso en Argentina puede ser seguido por otros países que desean mostrar solidaridad con los venezolanos, sobre todo con los que ya viven en sus territorios, porque se puede complementar desde cada Estado el trabajo de la Corte Penal Internacional y no solo esperar por ella desde la distancia.