En el campo internacional, la flagrante violación de los derechos políticos de la sociedad venezolana por parte del régimen que comanda Nicolas Maduro ha tenido graves consecuencias para su estabilidad de gobierno. Desde el primer momento, numerosos Estados y organismos internacionales levantaron su voz ante lo obvio: Maduro no puede pretender proclamarse presidente de Venezuela sin que se presenten los resultados completos y desagregados de la elección.
Sin embargo, las cosas se han complicado aún más cuando Maduro ha radicalizado la violencia contra sus opositores, que, a juzgar por lo que se desprende de las actas de votación en poder de la oposición, son aproximadamente el 70% de quienes participaron en el evento electoral, duplicando la votación obtenida por el oficialismo. Así las cosas, se han hecho moneda cotidiana las detenciones arbitrarias, las evidencias de tortura, la desaparición forzosa de lideres políticos y, en un giro sin precedentes, numerosos casos de tortura y detención de menores de edad.
El régimen ha apostado por la huida al frente: en vez de afrontar la derrota y cumplir con lo establecido en la ley respecto de la presentación pública de los resultados electorales, ha comenzado una cadena de acciones orientadas a generar terror en la ciudadanía y, al mismo tiempo, pasar -en el ámbito internacional- de las declaraciones agresivas a un nivel desesperado que no solo obvia la diplomacia, sino que configura una suerte de exaltación de la política de micrófono, llena de insultos, procacidades y amenazas.
Esta conducta ha reforzado la convicción de la comunidad internacional de que el fraude electoral ha dinamitado la legitimidad de Nicolas Maduro a efectos de la inauguración del próximo periodo constitucional que deberá tener lugar en enero de 2025. Los mandatarios que han manifestado su desaprobación ante este fraude han recibido no solo insultos, sino también ruptura de relaciones diplomáticas y retiro de la acreditación de sus misiones en el país.
Entre los casos mas relevantes esta el de la Embajada de Argentina, que recibió la solicitud de asilo de un grupo de miembros del comando de campaña del partido opositor Vente Venezuela y poco tiempo después sus funcionarios diplomáticos fueron expulsados del país. Posteriormente, la Embajada del Brasil se encargó del resguardo de la sede diplomática argentina, la cual sufrió cortes de luz y de agua, así como la presencia amenazante de escuadrones policiales y militares, hasta que el gobierno anuncio el retiro de la autorización concedida a Brasil, cuya cancillería, según reporto el diario El País, de España, le recordó a Venezuela que, de acuerdo a la Convención de Viena, “Brasil mantendrá la custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que el Gobierno argentino indique otro Estado que el Gobierno venezolano considere aceptable para ejercer las funciones mencionadas”. El Gobierno de Lula también advirtió al de Maduro ante la tentación de asaltar la legación para detener a los colaboradores de Machado al subrayar “la inviolabilidad de las instalaciones de la misión diplomática argentina, que actualmente alberga a seis asilados venezolanos”. La autorización fue restablecida una vez que intervino personalmente el presidente Luiz Inacio Lula Da Silva.
Otro punto decisivo en los sucesos posteriores a la elección del 28 de julio ha sido el que ha tenido lugar en la organización de Estados Americanos, que ha emitido una resolución instando a la presentación de las actas de votación como único mecanismo de resolución de la compleja situación de Venezuela. La organización, posteriormente, ha recibido la exposición realizada por el Centro Carter, que fungió como observador electoral durante el proceso, y este ha comunicado su evaluación del evento, así como de las actas en su poder, las cuales reflejan de manera inequívoca la victoria del candidato González Urrutia.
Ante la situación sobrevenida, en la que el ente electoral nacional sencillamente se niega a revelar los resultados electorales desagregados, tal como señala la ley, este hecho, la presentación formal de las conclusiones del Centro Carter ante un organismo internacional de la mayor relevancia, con las correspondientes actas entregadas por el CNE a los partidos participantes en la elección y contentivas de los mecanismo de verificación acordados, constituye un elemento legitimador ineludible de tal resultado.
De esta manera lo ha asumido la Unión Europea, cuyo comisionado para las relaciones exteriores, Josep Borrell, ha declarado «…estas actas, junto con las que presentó la oposición, reflejan un resultado que siempre hemos señalado, que Maduro no ganó las elecciones y que las ganó el líder opositor hoy refugiado en España…» Borrell ha ido más allá, añadiendo que “… la solución a la crisis que se registra en Venezuela solo puede ser por la vía política y que la misma debe surgir de la presión internacional…”
Así, la comunidad internacional ha respondido ante la violación de los derechos políticos de los venezolanos y frente a la oleada represiva que se ha incrementado a partir de la elección, pero la crisis no se resuelve y por el contrario, se agrava cada día más. Se ha producido un avance fundamental, al pasar de exigir al Consejo Nacional Electoral “la presentación de las actas” a la asunción del hecho de que las actas presentadas por la oposición son documentos oficiales, emanados de la autoridad electoral y que muestran todos los certificados de seguridad, por tanto, constituyen la evidencia misma del resultado electoral.
La represión debe cesar, las torturas a menores de edad, las desapariciones forzosas, los juicios amañados y sin defensa, el terror como mecanismo de dominación. Para ello, es imprescindible que los actores internacionales mantengan la exigencia del respeto a la voluntad popular expresada en la elección, con el fin de que sea posible avanzar en el camino de la restitución democrática.