En el marco de la represión posterior a la elección presidencial del 28 de julio, se han verificado, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones. Sin embargo, aunque se sospechaba que los detenidos podrían haber sido torturados, siguiendo un patrón ya recurrente, no existía evidencia de ello, debido a que las detenciones han estado acompañadas por incomunicación e imposibilidad de designar un abogado.
La misma Misión Internacional Independiente de Establecimiento de Hechos advirtió en su informe de septiembre de 2024: “es probable que la mayoría de los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes posteriores al 28 de julio de 2024 no hayan sido reportados todavía por las víctimas o sus familias”.
A finales de septiembre y comienzos de octubre se realizaron las primeras audiencias de presentación de niños acusados de terrorismo. Tres audiencias se realizaron a menores del estado Carabobo, trasladados al estado Guárico. Una audiencia fue el 27 de septiembre, otra el 2 y otra el 3 de octubre con dos, siete y dos menores respectivamente, para un total de once niños que interactuaban por primera vez con sus madres. Allí se confirmaron las peores sospechas: los niños fueron torturados, perdieron piezas dentales y presentaban quemaduras en las tetillas por aplicación de electricidad.
Algunos niños admitieron las acusaciones bajo tortura, otros se resistieron a declararse culpables ante la juez, pero el resultado fue el mismo para todos. Pasarán a juicio por terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vía pública y resistencia a la autoridad, sin derecho a libertad condicional mientras dura el proceso y con posibles penas de entre 6 y 10 años de cárcel.
El 3 de octubre, otros tres niños fueron presentados en el estado Lara para audiencia preliminar. Fueron imputados por terrorismo, incitación al odio, daño a la propiedad y obstaculización de la vía pública, y enfrentarán el juicio privados de libertad. La organización Movimiento Vinotinto anunció que faltaban otros tres adolescentes por audiencia preliminar, quienes seguramente correrán la misma suerte.
La defensa pública no cuestionó la validez de confesiones obtenidas bajo tortura y la juez no vio la evidencia física. Los niños han sido tratados como adultos, en juicios telemáticos, sin poder nombrar un abogado de su elección, sin protección como menores, en centros de detención para adultos. Algunos han manifestado intenciones suicidas.
El mismo 3 de octubre, el Observatorio Venezolano de Prisiones difundió un audio grabado por las madres de ocho adolescentes acusados de terrorismo, detenidos en el Centro de Detención Preventivo de Adolescentes y Féminas de Caraballeda,estado La Guaira. En el audio, los menores gritan desde el centro de detención y piden ayuda a sus madres, afirmando que estaban siendo golpeados y que no les daban la comida que enviaban sus familias.
Ahora se conoce la información sobre niños acusados de terrorismo en tres centros de detención, en tres estados, en un lapso de 8 días que han sido torturados. Estos no son hechos aislados y estremece pensar que se conocerán más denuncias.
Es inadmisible imaginar que este nivel de degradación en el que actúan de forma coordinada, sistemática y generalizada policías, militares, carceleros, defensores públicos, jueces y fiscales pueda superarse con cursitos y asistencia técnica. Cuando los niños gritan por tortura, los adultos de organismos internacionales no pueden ser sordos, por mantener un espacio de interlocución con un gobierno criminal. Es hora de actuar.