El viernes 11 de octubre el Consejo de Derechos Humanos con 23 votos a favor renovó por dos años los mandatos de la Misión de Determinación de los Hechos y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre Venezuela. Como resultado, al menos hasta septiembre de 2026 ambos organismos continuarán con la investigación, seguimiento y reporte sobre los crímenes y graves violaciones que prevalecen en el país.
En el caso de la Misión, se amplió expresamente su mandato a las violaciones de derechos humanos ocurridas antes, durante y después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, y a la violencia de los grupos armados conocidos como “colectivos”.
La renovación no sólo es una victoria para las víctimas, familiares y defensores que han clamado por la justicia y la verdad en medio de tantas adversidades, sino que es un recordatorio para los máximos responsables y perpetradores que sus crímenes son imprescriptibles y no serán olvidados, y que la comunidad internacional mantendrá la atención sobre Venezuela en la medida en que no inicie la reconstrucción del Estado democrático de derecho y se asegure la rendición de cuentas y las reparaciones debidas.
Como consecuencia del contexto de represión inédita que atraviesa el país tras la declaración fraudulenta de Nicolás Maduro como presidente electo, el Consejo pidió a la Oficina del Alto Comisionado un informe actualizado antes de finales de 2024. Por tanto, la actuación del Estado deberá someterse al escrutinio internacional una vez más en el año, en una fecha próximamente a definir. Como indica la organización Provea, este informe de finales de año, junto a las actualizaciones orales tanto de la Misión de los Hechos como del Alto Comisionado en marzo de 2025, es una respuesta del Consejo para seguir de cerca los hechos en enero de 2025, cuando debe proceder la toma de posesión del nuevo presidente.
La crisis venezolana está marcada de esta manera por un periodo continuo de incertidumbre y graves riesgos de violencia asociados al conflicto político y la agudización del terrorismo de Estado, uno de cuyos momentos más tensos puede tener lugar con ocasión de una eventual consumación definitiva de Nicolás Maduro como presidente. Aunque esto es así, no debe ignorarse que el conflicto político-electoral es apenas unas de las dimensiones de la emergencia humanitaria compleja que lleva cerca de una década.
Venezuela sigue sumida en una crisis humanitaria que, como la represión electoral reciente, es de una naturaleza, escala y severidad sin precedentes. Cabe recordar que la cuarta medición del Informe de seguimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) de HUM Venezuela, con una visión de las condiciones de vida de la población desde marzo de 2022 hasta noviembre de 2023, concluyó que el 69,6% de la población vive en pobreza multidimensional, con ingresos mensuales en promedio de $102,5 que apenas cubren el 12,8% de una canasta básica de bienes y servicios esenciales. El déficit de ingresos para comprar una canasta básica de alimentos se ubicó en 72,4%. Al respecto, más de 40% de los hogares utilizó varias estrategias para conseguir alimentos, donde se extenuaron medios de vida, se redujeron otros gastos esenciales y se sacrificaron activos productivos.
En materia de agua y saneamiento, el 86% debió satisfacer sus necesidades de agua mediante fuentes alternativas, al acentuarse las deficiencias del suministro regular del servicio por acueductos. De 73,7% a 82,5% aumentaron los reportes de señales de agua contaminada, un 12,5% de las personas debió beber agua no segura y se incrementó, de 17% a 27%, la proporción de personas que no usó en sus hogares métodos de purificación.
En materia de salud, alrededor de 87,8% de las personas depende del sistema sanitario público para la atención de sus necesidades de salud, un 97,6% no contaba con protección financiera y 54,8% carecía de recursos económicos para gastos de salud. Aproximadamente el 72,4% de las personas que acudieron al sistema sanitario público no encontró atención y 69,9% perdió servicios por reportarse inoperativos.
Por último, los datos sobre educación básica no son mejores. En el período evaluado aumentó, de 45,1% a 51,6% la asistencia irregular: un 48,3% por deficiencias del sector educativo, 35,1% por dificultades del hogar y 16,6% por problemas del entorno. Un 18,1% recibió menos de 50 días de clases. Un 56,6% de los NNA no recibía PAE y 28,5% de los que tuvieron acceso, no recibieron alimentos en cantidad suficiente y calidad adecuada.
La realidad cotidiana no refleja mejoras en ningún aspecto. Por lo contrario, las condiciones de vida se han ido agravando, gracias a la ineficiencia y corrupción del aparato de gobierno para atender a su población, así como de la represión política que sigue dejando en un segundo plano a las necesidades humanitarias de millones de personas en el territorio y de otros millones que debieron migrar a causa de las carencias esenciales en derechos sociales. Esto significa que la crisis humanitaria no ha desaparecido, sigue agudizándose y posiblemente en las próximas semanas tendremos un reporte actualizado para dar cuenta de ello. La población no puede, ni debe, esperar los tiempos de la política para recibir la protección requerida.
AlertaVenezuela llama a la comunidad internacional a seguir incidiendo por las vías diplomáticas y usando las herramientas que prevé el Derecho Internacional para que se haga respetar la voluntad soberana del pueblo venezolano y se proteja entretanto a la población adentro y fuera del territorio, lo que incluye la adopción de medidas coordinadas que coadyuven a aliviar la crisis humanitaria y los riesgos de persecución por el Estado.