Desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos, la operación política orquestada por el proyecto que comenzó Hugo Chávez y que heredó Nicolás Maduro ha mantenido dos ejes fundamentales. En el eje político el norte ha sido la concentración del poder en el ejecutivo, la supresión de la separación de poderes, la promoción incansable de un líder único y la anulación de la institucionalidad de mediación como son las gobernaciones y alcaldías. En el eje económico, la orientación estratégica ha sido el sometimiento de la industria petrolera a los intereses políticos del proyecto llamado “bolivariano”. Esta operación ha tenido como característica central la utilización de la empresa petrolera del Estado, PDVSA, como ente destinado a ejecutar directamente planes gubernamentales en lo relativo a la distribución de alimentos y otras políticas asistencialistas, en oposición al criterio prevaleciente anteriormente que priorizaba el desarrollo de las capacidades técnicas, la innovación en la generación de energía y la mejora constante de los beneficios económicos que la empresa entregaba al fisco.
Esta “PDVSA del pueblo” ha sido dirigida por operadores políticos y no por gerentes petroleros. La diferencia entre uno y otro perfil es radical: el gerente petrolero tiene usualmente una formación técnica en el área, y su mirada tiende a valorar la necesidad de resguardar una industria cuya importancia es tan central que de ella depende en gran medida el presupuesto nacional, por lo que está mucho menos atenta al entorno político inmediato que a la planificación a mediano y largo plazo. El operador político es diferente. Su vínculo con la empresa depende del favor y la gracia del líder político, y satisfacer sus necesidades es primordial. Así, hemos visto como personas que han ocupado la presidencia de PDVSA se comportan como políticos en campaña, repitiendo la propaganda del ejecutivo en un proselitismo activo y sin descanso.
Así, PDVSA ha dejado de ser un proveedor confiable de recursos para el financiamiento del aparato estatal de un sistema democrático y para sus tradicionales socios comerciales internacionales, para pasar a ser una dependencia más de una administración pública populista en un marco autoritario. Este involucramiento de la empresa petrolera en la política partidista ha traído consigo un desplome brutal del rendimiento del negocio: de los 3.2 millones de barriles diarios producidos desde 1970, en la actualidad se producen 0.7 millones. Esta es una de las razones más claras de la crisis humanitaria que vive Venezuela: cortes de electricidad diarios, carencia de servicios de salud y una enorme migración que busca escapar de la precariedad. Y las personas que han estado a la cabeza de PDVSA, recibieron un cargo con júbilo para luego constatar que se trataba de un peligroso encargo. Veamos.
A lo largo de 25 años, el régimen bolivariano ha designado 10 personas en la presidencia de PDVSA. De ellos, cinco han fallecido. Uno de ellos, Guaicaipuro Lameda, quizá el único sobre quien no hay suspicacias sobre su honestidad, tiene orden de captura. Nelson Martínez, fue detenido y falleció estando preso. Otro, Eulogio Delpino, se encuentra detenido. Rafael Ramírez, el más conspicuo en el ejercicio desembozado de la política en desmedro de su rol como presidente de una empresa pública, tiene orden de detención. Un caso muy particular es el de Tareck El Aissami, quien renunció sorpresivamente y estuvo “desaparecido” un año, sin que las autoridades policiales dieran información alguna de su paradero, para luego ser expuesto públicamente como detenido.
La semana pasada, a pesar de que pocos días antes Nicolás Maduro le había halagado públicamente, fue detenido el más reciente presidente de PDVSA, Pedro Tellechea. De este modo, de diez personas que han ejercido el rol, sólo cuatro no han sido detenidas o acusadas por el mismo gobierno de actos de corrupción, quizá porque en su mayoría han fallecido.
Esto es muy llamativo, y pone al descubierto el uso clientelar y politizado del principal recurso del país, pero lo grave es que este uso clientelar para fines personales y del proyecto político ha significado la ruina de la empresa y ha acabado con el patrimonio de los venezolanos. El nivel de afectación del ingreso petrolero es quizá el principal responsable de la gravísima situación de los ciudadanos que ven a diario violentados sus derechos a un sistema de salud, al agua potable y a una educación de calidad.
No obstante, es aún más grave el hecho de que estas detenciones se producen en un contexto de gran opacidad. Estos funcionarios son apresados al perder utilidad política para el régimen, y se les acusa de actos de corrupción sin formalidad alguna y en abierta violación de sus derechos, así como del derecho de la sociedad venezolana de conocer la gestión de quienes manejan los recursos de todos. No hay información sobre las acusaciones, no hay derecho a la defensa, no hay, en síntesis, estado de derecho.
Así, se evidencia una vez más el irrespeto por la institucionalidad, como ha constatado la comunidad internacional ante la realización de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, cuando el régimen abiertamente alteró los resultados para adjudicarse una victoria que no tuvo.
Una pregunta que debería plantearse frente a esos repetidos escándalos y sus consecuencias en la salud de la economía de Venezuela es ¿Cómo esperan países como EEUU mantener una relación sana y transparente en materia de licencias en el ámbito petrolero, cuando al menos el 50% de los presidentes de la estatal petrolera enfrentan juicios por corrupción, a cargo de un gobierno igualmente corrupto? La incapacidad y voracidad sostenidas a lo largo de más de 20 años para el manejo del negocio petrolero debería invitar a la reflexión de actores como los EEUU. Un manejo caprichoso y poco transparente de las sanciones, inconsistente con las razones invocadas inicialmente para su imposición, no solo no favorece a la población cuyos derechos dicen defender, sino que podría estar avalando la corrupción de los actores que manejan el sector petrolero desde el gobierno.
Los actores internacionales han advertido la compleja situación de Venezuela, la violación de derechos humanos, la crisis institucional y la grave situación social de un pueblo privado de los más elementales recursos para el mantenimiento de una vida digna. Por ello, es imperativo continuar exigiendo el retorno de los principios democráticos y, de manera fundamental, la verificación internacional independiente de los resultados de la elección. Aunque resulta muy conveniente para los acreedores, el otorgamiento de licencias no es un mero asunto económico, pues tiene serias implicaciones en el mensaje político que transmite a un gobierno corrupto y dictatorial, tras su pretensión de desconocer la voluntad popular.