Nicolas Maduro esconde el resultado de la elección presidencial, pero no esconde el uso desenfrenado de la represión a la sociedad venezolana y a sus adversarios políticos.
El pasado 28 de julio Venezuela celebró una elección presidencial a la que concurrieron numerosos candidatos, de los cuales sólo dos tenían, según los sondeos realizados en los meses previos, posibilidades de triunfo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, al igual que todo órgano electoral del mundo, en cada certamen ofrece los resultados electorales señalando cada Centro de Votación, así como cada mesa de votación en todo el país. Así ha ocurrido por décadas, no siempre con la premura que se requiere, pero usualmente en cuestión de horas el CNE presenta los resultados de manera clara.
En esta ocasión no ha sido así. Ni el país, ni las organizaciones de observación electoral que presenciaron el evento, ni la comunidad internacional han visto los resultados de la elección, y sin que ello sea obstáculo, el CNE, conducido por Elvis Amoroso, uno de los más conspicuos defensores del régimen de Nicolás Maduro, presentó una cifra final que da a éste como ganador, a pesar de que los comprobantes de votación que el mismo CNE entregó a cada comando de campaña evidencian una derrota contundente para el candidato/presidente.
Ante la exigencia de la sociedad venezolana de que el CNE presente las cifras desglosadas de resultados, la respuesta del régimen de Maduro ha sido la de llevar la represión y la violación de derechos humanos a niveles de la mayor gravedad, y así lo ha corroborado el informe presentado el 17 de septiembre de 2024 por la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual desde 2019 realiza un seguimiento detallado de la situación de los derechos humanos en el país. Este informe describe los hechos referidos a muertes en el contexto de las protestas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual y basada en género.
Para comprender la magnitud de esta escalada, veamos algunos hallazgos del informe, no sin antes resaltar que éste se produjo en medio de una situación de tal conflictividad y miedo que numerosas víctimas no estuvieron dispuestas a ofrecer sus testimonios debido a las represalias generalizadas a todo aquél que contradijera las posiciones oficialistas. Comencemos por una referencia a sucesos del 29 y 30 de julio “…Durante esos días, y en días posteriores, se registró una violenta represión por parte de los cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados afines al gobierno. Las autoridades pusieron en marcha la “operación tun tun” para detener en sus viviendas a personas que habían participado en las protestas o que habían expresado opiniones críticas contra el gobierno. Esto generó un clima de terror generalizado en la población…”
En coincidencia con esta arremetida violenta, los principales voceros del oficialismo, y de manera particular el recién designado Ministro de Interior y Justicia, comenzaron a describir al gobierno, que anteriormente definían como una “alianza cívico militar”, para calificarlo ahora como una “alianza cívico militar y policial”.
Respecto de las muertes ocurridas durante las protestas postelectorales, el informe señala: “…El 12 de agosto de 2024, el Fiscal General reconoció la muerte de 25 personas en las protestas de los días 29 y 30 de julio, sin identificar a todos los fallecidos. El Fiscal General atribuyó la totalidad de las muertes “a los grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados ‘comanditos’ [agrupaciones locales de simpatizantes de la Mesa de la Unidad Democrática]”. También declaró que no tenía información sobre ningún caso de uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad.”
Recoge el informe “… la misión documentó la presencia de civiles armados disparando e interactuando con los cuerpos de seguridad o actuando en solitario en varias protestas. En varios de los casos investigados, hubo presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana o de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, que hicieron uso de sus armas de fuego para reprimir a los manifestantes…”
Cabe destacar que el uso de civiles armados en rol de fuerza paramilitar para atemorizar y enfrentar a los opositores ha sido una constante en el caso venezolano, y con frecuencia estos grupos actúan ante la deliberada inacción de las fuerzas militares o, en muchos casos, de manera conjunta con éstas.
Respecto de las detenciones arbitrarias en el mismo período el informe señala: “…De las detenciones ocurridas antes de las elecciones, la misión tiene motivos razonables para creer que las autoridades llevaron a cabo al menos 39 detenciones arbitrarias (32 hombres y 7 mujeres) de personas opositoras o percibidas como tales… “
Por otra parte, las detenciones a personas por participar en actos de campaña del candidato Edmundo González, e incluso, de personas que fueron contratadas para prestar servicios a la campaña, han sido también recurrentes: “…Entre las personas detenidas se contaron numerosos miembros o simpatizantes de Vente Venezuela y otros partidos opositores. También se detuvo a dueños, familiares o trabajadores de empresas simplemente por prestar servicios de hospedaje, alimentación, transporte y producción técnica para actos electorales de la oposición…”
Los casos de torturas están de igual manera recogidos en el informe: “…Los métodos de tortura utilizados en los casos investigados incluyeron puñetazos; golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, incluidos en los genitales. Otros métodos registrados fueron la asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de sueño a través de iluminación y/o música con volumen alto las 24 horas del día. Estos métodos coinciden con los métodos de tortura utilizados por la Policía Nacional Bolivariana y por los servicios de inteligencia documentados en informes previos de la misión…”
«Teniendo en cuenta tanto los patrones de acción y la política estatal delineada en informes previos, como el perfil de las víctimas y las declaraciones públicas de altos representantes estatales, la misión tiene motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato«, concluyó el informe.
En este mismo sentido, el informe destaca y reafirma la clara existencia de crímenes de lesa humanidad que requieren la actuación de instancias como la Corte Penal Internacional: “…Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.
Este cuadro de violaciones generalizadas constituye una gravísima limitación al espacio cívico, y la negación de elementales valores democráticos. En el mismo período se acosa a los medios de comunicación, a los periodistas, se cuestiona el uso de las redes sociales y las autoridades detienen a los ciudadanos para “revisar” el contenido de sus dispositivos electrónicos y, en caso de encontrar mensajes críticos se producen detenciones o chantajes amenazantes que buscan obtener dinero de las personas.
De esta manera, la respuesta del régimen que preside Nicolás Maduro ante la exigencia de que sean presentados los resultados electorales se produce en el campo de la más descarnada represión. Sin embargo, estas acciones, al decir de la Misión, conllevan responsabilidad internacional. Así, el informe hace la recomendación siguiente: “…La misión recomienda a la comunidad internacional mantener activamente el monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. En particular, debe insistir en la necesidad de la rendición de cuentas en los casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos internacionales, así como de justicia y reparación para las víctimas. La misión reitera la importancia de apoyar los esfuerzos genuinos de rendición de cuentas a nivel nacional, incluidos los llevados a cabo sobre la base del principio de la jurisdicción universal, así como la investigación de la Corte Penal Internacional…”
Por ello, nuestro llamado a la comunidad internacional es el mismo: la situación de Venezuela configura una violación flagrante de Derechos Humanos, y sólo el respeto a la voluntad popular expresada en los votos el pasado 28 de julio abre el camino a la instauración de un régimen de libertades, respeto a los derechos humanos y al establecimiento de valores democráticos esenciales como la separación de poderes.
