Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la oposición y virtual presidente electo de Venezuela, se vio forzado a salir al exilio el 7 de septiembre, tras la orden de captura emitida en su contra por el fiscal impuesto Tarek Saab, por cargos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación para delinquir.
El caso contra González estaba siendo visto por un tribunal contra terrorismo y, según la legislación venezolana vigente en esta materia, se trata de delitos imprescriptibles. Sin embargo, Saab señaló ante los medios que “el estatus del caso trae un cambio en el estatus procesando (sic) que está evaluando el Fiscal 58 Nacional bajo nuestras órdenes. Nosotros junto a José Vicente Haro [abogado de González], en las próximas horas o días, estableceremos la forma, tiempo y lugar de cómo ese caso quedará cerrado judicialmente” (negritas añadidas).
Una vez más, las declaraciones de Saab evidencian la ausencia de independencia del sistema de justicia, al afirmar que los cargos de delitos imprescriptibles serán retirados por orden suya, es decir, sin que medie ningún argumento jurídico, tal como fueron inicialmente impuestos desde la arbitrariedad del poder.
Por otra parte, el anuncio hecho por la vicepresidente Rodríguez hace referencia al otorgamiento de un salvoconducto a González “una vez ocurridos los contactos pertinentes entre ambos gobiernos, cumplidos los extremos del caso y en apego a la legalidad internacional”. ¿Qué país serio negocia la salida de un supuesto terrorista? ¿Qué país serio le otorga asilo a un supuesto terrorista? Ni González ni ninguno de los miles de perseguidos y procesados, adultos y niños, después del fraude del 28 de julio, son terroristas.
Este análisis no se centra en los motivos personales o en los cálculos políticos que pudo tener González para pedir asilo, sino en las implicaciones para la comunidad internacional de su decisión, y de la respuesta de Maduro y del reino de España, desde un enfoque de derechos, a partir de lo que González no es.
González no es un terrorista. Eso tiene poderosas repercusiones desde la perspectiva de los derechos humanos, pues si quien lidera una corriente que afirma que hubo fraude en el anuncio de los resultados por parte del órgano electoral no es responsable de terrorismo, mucho menos pueden serlo sus seguidores. Esto confirma la arbitrariedad de las miles de detenciones y los juicios sin garantías que se siguen bajo la orden de Saab.
El de González no es un caso aislado de persecución política. La persecución por motivos políticos en Venezuela es una política de estado que comenzó a aplicarse desde 2002, bajo el gobierno de Hugo Chávez. El caso de González es el más reciente y escandaloso, pero no el primero ni el único. La responsabilidad de su exilio no es suya, sino del sistema político que lo condujo a esa acción. Es a la dictadura y no a la víctima a quien hay que exigirle cuentas. Además de los miles de perseguidos políticos que se encuentran arbitrariamente presos, en la clandestinidad o en el exilio, hay seis personas asiladas en la embajada de Argentina en Caracas desde marzo de 2024, esperando un salvoconducto, mientras son blanco de asedios por parte de los órganos de seguridad del régimen.
González no es un migrante económico por las sanciones. Desde inicios de 2024, se empezó a incrementar el número de personas saliendo de Venezuela en búsqueda de protección internacional, a causa de la escalada represiva. Esta tendencia se comenzó a consolidar después del 28 de julio, siendo González el más visible de los exiliados. Es hora de que los gobiernos desistan de reproducir acríticamente la narrativa impuesta por Maduro sobre la migración venezolana, como una migración económica, de tránsito o temporal, a causa de las sanciones de EEUU y la UE. Quien sanciona a la población venezolana es el gobierno de Maduro, al cerrar medios, prohibir redes sociales, restringir internet, anular pasaportes, criminalizar la protesta, torturar, condicionar alimentos, vivienda, empleo, educación y salud. Es la violación sistemática y generalizada de derechos la que provoca la migración, situación que hace a la población venezolana titular de protección internacional de conformidad con la Declaración de Cartagena.
González no es Guaidó. Juan Guaidó asumió la presidencia a partir de una interpretación -válida o cuestionable- de la constitución, según la cual se habría producido un vacío de poder, dando como resultado un gobierno paralelo. En la actualidad, por el contrario, hay un presidente en funciones con dominio del aparato estatal de manera dictatorial y otro electo, perseguido y en el exilio, hasta el 10 de enero de 2025. González no se ha planteado un gobierno paralelo, porque no es una opción oportuna ni pertinente. Lo que corresponde es crear las condiciones para la toma de posesión en la fecha pautada.
González no es un exiliado más. Quién salió de manera forzada de Venezuela el 7 de septiembre fue el presidente electo, quien además es un diplomático de carrera. Eso le da a González un amplio margen de maniobra en el escenario internacional. Desde afuera, González puede liderar el desarrollo de una auditoría independiente de los resultados electorales que se encuentran en manos de la oposición, así como convertirse en el interlocutor válido de la voluntad soberana del pueblo de Venezuela para transformar el desconcierto y el desasosiego en una nueva oportunidad, que no es misión menor.
En este contexto, identificamos tres tareas para la comunidad internacional. En primer lugar, no cesar en la exigencia de una auditoría independiente con el apoyo de las Naciones Unidas, como mecanismo para hacer respetar la voluntad popular. Segundo, redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de los asilados en la embajada de Argentina y la integridad de la sede que los alberga, así como para obtener el pronto otorgamiento de los salvoconductos a su favor. Tercero, aplicar de manera grupal y prima facie la definición ampliada de refugio de la declaración de Cartagena a la población venezolana que huye de la persecución.