Han transcurrido tres meses desde la elección presidencial en Venezuela y se comienza a observar una sensación de desgaste, como si las opciones para el respeto y reconocimiento de la soberanía popular estuvieran agotadas.
Durante algunas semanas, el sistema de las Naciones Unidas tuvo claramente a Venezuela en el radar. Hubo declaraciones del vocero del Secretario General, llamados de atención del mismo Guterres y hasta una llamada telefónica de este con Maduro. Además, es indudable que la decisión de Guterres de publicar el informe preliminar del panel de expertos que la ONU desplegó en Venezuela para la elección, tuvo un enorme impacto para contrarrestar la narrativa oficial con la que los represores pretenden presentarse como víctimas.
Desde AlertaVenezuela hemos advertido que la publicación del informe preliminar del panel de expertos no puede ser el único ni el último movimiento de la ONU en este complejo tablero. Hemos propuesto la conformación de un mecanismo internacional independiente que proceda a la verificación de las actas del 28 de julio, como paso consecuente, derivado de la publicación del informe del panel de expertos. Además, un informe preliminar, es un primer paso hasta el informe definitivo y conclusivo. Si se dio a conocer el primero, debe publicarse el segundo.
Por otra parte, desde 2022, AlertaVenezuela ha venido sugiriendo la idea de que las instancias políticas de las Naciones Unidas en Venezuela realicen una consulta exploratoria sobre la pertinencia del nombramiento de un enviado especial del secretario general, como un primer paso para avanzar hacia un papel más activo de la organización frente a la crisis político institucional de Venezuela.
Si bien el período 2019 – 2021 parecía más oportuno para sentar las bases para la creación de esta figura, no es hoy una opción descartable, en la medida en que todos los esfuerzos deben ser agotados para evitar un trauma mayor a la población venezolana. El riesgo reputacional no puede convertirse en el freno a una actitud más proactiva de Guterres en el conflicto de Venezuela, pues es mucho más lo que está en juego.
Mecanismos como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MII) han hecho su tarea. El último informe de la MII es un aporte invaluable del sistema de derechos humanos de la ONU para entender el alcance de la represión usada por aquellos que detentan el poder en Venezuela, para tratar de silenciar a quienes exigen el respeto a la voluntad popular expresada el 28 de julio. El secretario general debe dar traslado de este informe a los órganos políticos para generar un diálogo que rompa la separación artificial entre los espacios políticos en Nueva York y los de derechos humanos en Ginebra.
Lo que ocurrió en la noche del 28 de julio fue un grosero desconocimiento de un derecho humano con tremendas repercusiones en el ámbito político. En consecuencia, es imprescindible explorar la conexión entre ambos planos y hacia ello debe apuntar la comunidad internacional, conjuntamente con el establecimiento de un mecanismo de verificación independiente de los resultados electorales y la exploración de la figura de un enviado especial. Todavía hay tiempo para prevenir.