Por cuarto año consecutivo, la plataforma HumVenezuela presentó los resultados de su diagnóstico comunitario, con información recogida entre julio y noviembre de 2024. Se trata de la encuesta más completa realizada, con cobertura en los 24 estados del país y un incremento de más del 90% de hogares encuestados con respecto a la primera muestra.
La encuesta registró una ligera mejora en los ingresos, pasando de US$ 3,4 a US$ 5,7 diarios. Sin embargo, HumVenezuela advierte que este leve incremento se produjo “a expensas de más horas de trabajo informal precario y empleos riesgosos”. Al respecto, se señala que, aunque cerca de 500.000 personas salieron de la condición de necesidad, por el incremento de sus ingresos familiares, éstos son frágiles y cambiantes dada la volatilidad de la economía nacional, y muestra de ello ha sido que “900.000 mil personas cayeron en necesidades severas”, principalmente representadas en la intención de migrar, la falta de atención médica para problemas graves de salud y los niños, niñas y adolescentes sin alimentación en la escuela y el hogar. Por esta razón existe una “crisis estancada”, donde el dato económico no es suficiente para evitar graves privaciones en otras necesidades sociales como alimentación, servicios públicos como electricidad y gas, salud, educación y seguridad.
La alimentación sigue siendo precaria con siete de cada diez venezolanos teniendo que recurrir a diferentes estrategias para la obtención de alimentos, aunque de manera incompleta, ya que aumentó el número de personas que permaneció con hambre o que pasó días enteros sin comer.
En el campo de la salud, el 49,8% de os encuestados con problemas de salud graves no recibieron atención médica en 2024 y un 46,7% no tuvo acceso a medicinas, como resultado de un colapso acumulado del sistema de salud que ha tenido una caída del 80% de sus capacidades en los últimos 20 años, es decir, desde mucho antes del inicio de la imposición de sanciones genéricas.
Se registró un leve descenso del abandono escolar y de la no escolarización entre 2023 y 2024, pero 2,9% de los niños en edad escolar perdieron más de 100 días de clases y 9,3% entre 50 y 100 días. De esos días de asistencia, más del 70% de escolares no tuvieron acceso al programa de alimentación escolar.
La encuesta registró también un aumento de las fallas en el suministro de electricidad y de agua por tuberías. Por otra parte, el 55% de los encuestados deben trasladarse a pie, a causa del déficit de transporte.
En suma, el análisis integrado muestra una escala de 19.6 millones de personas con al menos una necesidad que dejó de ser satisfecha o no podría serlo por la caída de capacidades, de las cuales 13.5 millones enfrenta que la satisfacción de sus necesidades “se encuentra en estado crítico” y para 5.6 millones “las privaciones son severas”.
Frente a este panorama que evidencia la persistencia de una emergencia humanitaria compleja, la secretaria de seguridad nacional de EE.UU., Kristi Noem, ha afirmado que en Venezuela se han producido “mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia”, por lo que es seguro retornar. Narrativa que ha sido secundada por el presidente de Panamá, según el cual la crisis en Venezuela “se ha estabilizado”. No obstante, la página web del Departamento de Estado sigue teniendo a Venezuela en categoría 4 (Do not travel / No viaje), sugiriéndole a los ciudadanos de ese país que, si de todas maneras deciden viajar, “deben redactar un testamento y designar beneficiarios de seguro apropiados y/o un poder notarial”.
A la violencia delictiva y la extorsión de los funcionarios se ha sumado en los últimos meses la persecución política contra extranjeros. Según el mismo Maduro, hay 150 extranjeros presos, los cuales son señalados como “mercenarios”. Siete ciudadanos de EEUU y dos de Colombia fueron excarcelados en febrero. La Cancillería colombiana afirmó que los colombianos detenidos “no han podido acceder a asistencia consular” y advirtió que, en el caso de los otros detenidos, se podría estar en presencia de un cuadro de desaparición forzada, toda vez que las autoridades se han negado a revelar su paradero.
Si Venezuela no es segura para los venezolanos, ni para los extranjeros, tampoco lo es para los deportados. Al referirse a los deportados, Maduro ha vuelto a afirmar que “Nosotros sí queremos que vuelvan. Si por allá no los quieren, nosotros sí los queremos, con amor, y abrimos nuestros brazos”. Esta misma afirmación fue hecha por Maduro en 2020, con motivo de la pandemia de COVID-19 que obligó a unos 250 mil venezolanos a regresar al país, solo para enfrentarse a una enorme campaña en su contra, liderada por Maduro y reproducida por todos los comandos de la Guardia Nacional que acusaban a los retornados de ser armas biológicas y que alentaban a la población a denunciarlos. El mismo discurso se escuchó cuando se produjeron las primeras deportaciones durante el gobierno de Biden, para luego señalar a los deportados como causantes de las protestas postelectorales.
La emergencia se mantiene, afectando a nacionales, residentes y visitantes extranjeros y deportados por igual; incluso trabajadores humanitarios han sido afectados por la represión. En este contexto, es importante que la comunidad internacional manifieste de forma explícita su apoyo a los trabajadores humanitarios que realizan sus actividades en un ambiente cada vez más adverso. Igualmente debe estar alerta para no caer en la narrativa oficial, ni reproducir acríticamente los discursos criminalizantes y normalizadores que pretende imponer el gobierno de facto para reposicionarse en el mapa internacional.