El 2025 trajo una vorágine para la crisis venezolana. En un contexto marcado por la represión poselectoral, el reacomodo de las organizaciones sociales ante la implementación de la ley de fiscalización y la ley Simón Bolívar y los impactos recientes en materia de financiamiento, el gobierno ilegítimo adelanta una propuesta de transformación radical a través de una iniciativa de reforma constitucional. El 15 de febrero Maduro presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Reforma Constitucional, en el marco de la Sesión Solemne por los 206 años de la instalación del Congreso de Angostura, con el cual busca moldear el ordenamiento jurídico para consolidarse en el poder tras el golpe de Estado del 10 de enero.
La reforma estaría centrada en cuatro puntos fundamentales. “La inclusión del poder comunal; los valores para construcción de una nueva sociedad; una nueva base económica y la actualización jurídica constitucional política”, según expuso su promotor, el propio presidente de facto. Aunque refiere a temas generales y aún se desconocen los detalles, las líneas gruesas del contenido son previsibles. Como advertimos, se trata de una apuesta por adoptar un modelo político desde un espacio más cerrado -y seguramente más controlado-, lo que podría conducir a cambios que sirvan de piso a una estructura de corte totalitario.
Dentro de las preocupaciones más notorias del proyecto de reforma, figura el posible desplazamiento de las alcaldías y gobernaciones, a través del “Estado comunal”, como instancias de gestión territorial y local, y la ampliación de las bases para legitimar nuevas formas de persecución de la disidencia real o percibida bajo la excusa de combatir las “amenazas fascistas, neofascistas, sionistas o de cualquier característica”. En vista de que son elementos presentes en el discurso de Maduro, se evidencia el interés de terminar de resquebrajar el espacio cívico y democrático y, de ser necesario, reactivar la violencia estatal, la cual viene de provocar 2400 detenciones, incluyendo de unos 150 adolescentes, y al menos 27 asesinatos, así como numerosos casos de tortura y desapariciones forzadas.
Maduro otorgó un plazo de 90 días para que la comisión especial creada por él mismo presente el proyecto oficial de reforma. La premura del asunto habla de que este año Venezuela enfrenta el riesgo de cambiar su estructura política fundamental, incluso al costo de defraudar masivamente la voluntad popular, como ocurrió el 28 de julio. Curiosamente, mientras se impulsa esta reforma, se postergan las anunciadas elecciones de gobernadores y alcaldes para mayo de 2025; figuras que pasarán a ser simbólicas una vez aprobada la anunciada reforma, a través de algún mecanismo fraudulento, como sucedió con el referendo sobre el Esequibo y la elección presidencial.
La movida de la reforma se agrega a un efecto de bola de nieve que, si bien podría conducir a un mayor aislamiento internacional, dado su tamaño encierra el peligro de promover una suerte de normalización de los crímenes de lesa humanidad y las serias privaciones de la emergencia humanitaria. Así, recién se denunció el colapso de la planta eléctrica que funcionaba en la embajada argentina en Caracas, con lo cual los asilados pasarían a un modo de sobrevivencia. Son varios ataques de gravedad los que se intentan gestar en pocos meses.
El peligro de la normalización, sin embargo, colisiona con la realidad incontenible de una crisis migratoria que continúa su curso y con el fenómeno de la expansión del crimen organizado transnacional desde Caracas, cuyas manifestaciones se hacen cada vez más palpables en varios Estados de la región. Es por ello que el caso Venezuela no puede dejar de llamar la atención: además de una grave crisis de derechos humanos, sigue desarrollándose como una seria amenaza para la estabilidad y seguridad de las Américas.
AlertaVenezuela llama a la comunidad internacional a reforzar su monitoreo sobre Venezuela e impulsar soluciones políticas concertadas, que involucren de manera activa al secretario general de la ONU, y adopten por centro la protección y garantía de derechos de la población. Es necesario subir el costo a las arbitrariedades y generar incentivos con arreglo al Derecho Internacional que lleven a negociar una transición pacífica del poder.