Tal como había anunciado días antes de su imposición, el 10 de enero Maduro presentó ante la Asamblea Nacional (AN) un proyecto de reforma de la Constitución que, según dijo, deberá ser estudiada y desarrollada por el órgano legislativo. Luego, el 15 de enero firmó el decreto de creación de una comisión para reformar la Constitución, con el propósito de «ampliar la democracia» y «la construcción de un nuevo Estado». Ese nuevo estado, seguramente se configurará en la lógica del estado comunal.
Por ahora, se desconocen los detalles de la reforma. La comisión a cargo está presidida por el fiscal Tarek Saab, quien estará acompañado por la esposa de Maduro, Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el diputado Hermann Escarrá. La figura de la comisión para reformar la Carta Fundamental no está prevista en la Constitución.
Cabe recordar que en 2017 Maduro había convocado a una asamblea nacional constituyente que, después de dos años y medio de sesiones, reformó la Constitución, por lo que este nuevo anuncio para modificar la constitución desde un espacio más cerrado -y seguramente más controlado- podría conducir a cambios que sirvan de piso a una estructura de corte totalitario.
Al momento de anunciar la iniciativa de reforma constitucional, Maduro informó que la AN instalaría una mesa de diálogo político junto al Consejo Nacional Electoral (CNE) para acordar el cronograma electoral de 2025, pese a que ni la AN ni Maduro tienen facultades para establecer dicho cronograma.
En efecto, la AN creó la Comisión Especial para la Revisión de Normas y Leyes Electorales, la cual comenzó a reunirse en enero. Jorge Rodríguez, presidente de la AN recordó que la única ley que no puede modificarse en los seis meses previos a una elección es la Ley Orgánica de Procesos Electorales, pero que el resto de la legislación electoral puede ser modificada lo que sugiere que se producirán cambios en el andamiaje normativo relacionado con el proceso de reconocimiento de partidos, postulación de candidatos y el desarrollo de los comicios. De esa manera, se buscaría dar sustento jurídico al largo proceso mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia configuró una oposición a la medida del chavismo, con el objeto de determinar quiénes son los candidatos de la “oposición”.
Además, a finales de diciembre fue publicada en la Gaceta Oficial la Ley Orgánica de las Comunas, un instrumento que pretende desplazar a las alcaldías y gobernaciones como instancias de gestión territorial y local, y que se corresponde con el inconstitucional “Estado Comunal”. Todo apunta a que la reforma constitucional anunciada buscará articular las diferentes figuras del estado comunal que ya se han venido posicionando, incluyendo a reciente elección de los jueces de paz comunal.
Todos estos anuncios e iniciativas se produjeron en el contexto de la más férrea ola represiva que condujo en los primeros días de enero a un número sin precedentes de detenciones arbitrarias seguidas por desapariciones de corta duración, incluyendo al yerno del presidente electo Edmundo González, un expresidente del órgano empresarial Fedecámaras, un candidato a la presidencia y el defensor de derechos humanos Carlos Correa, entre otros. El asunto de las desapariciones llevó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU a hacer pública una alegación general en la que identifica “un patrón de desapariciones forzadas así llamadas ‘de corta duración’ ocurridas en el contexto de las elecciones presidenciales en Venezuela, del 28 de julio de 2024”.
En simultáneo, Maduro se sigue apostando al aislamiento, al tomar medidas sin precedentes contra Italia, Francia y Países Bajos, países a los que se ordenó reducir su representación diplomática en el país a tres funcionarios.
Por otro lado, hay voces que no ayudan a la causa de la recuperación de la democracia en Venezuela, como es el caso del expresidente Álvaro Uribe, quien sugirió una intervención internacional en Venezuela para desalojar a Maduro del poder; llamado realizado 9 días antes de la juramentación de Donald Trump, de quien todavía no se conoce con claridad su posible agenda frente a Venezuela.
Las posturas extremas solo servirán para que Maduro suba más los muros de su proyecto totalitario, pretendiendo victimizarse. Es por ello que la comunidad internacional debe mantener los derechos humanos en el centro de la atención, sin ceder a los chantajes de quienes detentan el poder en Venezuela, ni dejarse ganar por una línea guerrerista.