Las elecciones son, junto a la noción de separación de poderes, un factor emblemático de la democracia. La realización de elecciones es quizá el primer factor por considerar a la hora de analizar un sistema político: si éste realiza elecciones ha legitimado a sus gobernantes, ha escuchado la voz del pueblo. Este ha sido el criterio que ha primado históricamente hasta hace poco, y aún sigue teniendo gran vigencia, pero también menor relevancia.
Esta primacía del hecho electoral ha entrado en competencia con criterios que buscan definir más a fondo la conducta democrática de un sistema, de un gobierno, y ello tiene un gran sentido, dado que es posible que un gobierno emane de un proceso electoral democrático y una vez electo implante un desempeño gubernamental a contramano del respeto a los derechos de los ciudadanos y de los principios democráticos.
De tal modo que el hecho electoral, que hasta hace unas pocas décadas legitimaba a un gobierno que se presentara como democrático, hoy es insuficiente, y tal factor sería sólo el primer requisito para calificar un gobierno, en tanto el énfasis se halla en el desempeño, en la conducta cotidiana del gobierno, en la participación libre de la sociedad civil, en el respeto del estado de derecho y, en consecuencia, de la separación de poderes.
Así, el grupo político que acompañó al presidente Chávez y que ahora soporta a Nicolás Maduro ha mantenido un discurso de exaltación permanente de las elecciones. Durante el período del populista Chávez se realizaron numerosas elecciones en las que el sorprendente carisma del líder militar , apoyado en el uso ilegal de recursos públicos y un permanente ventajismo le garantizó sucesivas victorias.
Hoy, la corrupción desbordada, el precario carisma de Maduro y la instauración de un régimen totalitario han implicado retos más complejos a la hora de que el oficialismo pueda obtener una victoria electoral. El tránsito de autoritarismo al totalitarismo ha venido acompañado -en materia electoral- del tránsito del ventajismo al fraude abierto.
De esta manera, aún fresco el reciente fraude cometido el 28 de julio de 2024, en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) secuestró los resultados y anunció una victoria inexistente de Maduro, el gobierno, en una nueva huida hacia adelante, ha decidido convocar nuevos procesos electorales. En efecto, el pasado 21 de enero, el CNE comunicó la realización de elecciones para gobernadores y consejos legislativos regionales, para alcaldías municipales y concejos municipales y para la asamblea nacional.
A las gravosas condiciones electorales que ha impuesto el CNE a sus adversarios políticos, se añaden para esta ocasión otras que hacen aún más obvio el control férreo del poder por parte del bloque dominante: no se permitirá la participación de la Mesa de la Unidad Democrática, aludiendo vagas y falsas acusaciones de “traición a la patria”, basadas en el hecho de que la oposición no reconoce el supuesto triunfo de Maduro.
Para la sociedad venezolana, esta situación plantea retos muy complejos. Por una parte, la no participación en los comicios de las fuerzas democráticas le otorgaría al gobierno el control absoluto de las instancias de representación popular, y por la otra, el evidente manejo fraudulento del régimen a través del CNE de los procesos electorales es una poderosa arma de creación de apatía y desesperanza para un pueblo que ha votado masivamente contra el autócrata sin poder hacer realidad los resultados.
Luego del fraude del 28 de julio pasado, la comunidad internacional ha sido testigo de la magnitud sorprendente de la violación de los derechos políticos de los venezolanos, y ahora observa cómo, cínicamente, Maduro convoca a nuevas elecciones tratando desesperadamente de pasar la página de su consagración, si acaso fuese nueva, como gobernante ilegítimo. Organizar otro intento de “elección” sin una transición de la presidencia y el restablecimiento del orden constitucional, sólo puede llevar a la consolidación del totalitarismo, fortaleciendo la posición de poder del gobierno de facto.
De esta manera, Maduro viola la elección y busca tapar su fraude con otra elección. Sólo un cambio radical en las condiciones electorales podría generar algún tipo de confianza en eso proceso por venir, sin embargo, parece estar demostrado que Maduro sólo permite elecciones que no elijan. La comunidad internacional deberá redoblar sus esfuerzos diplomáticos y de presión según el derecho internacional para prevenir un peor futuro.