Como uno de los escenarios políticos más esperados, el 2025 abrió paso a una nueva ola de represión contra la disidencia real o percibida en la antesala de la toma de posesión del 10 de enero, fecha en que constitucionalmente Maduro inició la consumación de un golpe de Estado al “juramentarse” Presidente sin mostrar las actas electorales que lo respaldan.
El Estado había planificado este escenario con tal de asegurar la permanencia en el poder del gobierno de facto. Caracas y ciudades aledañas fueron militarizadas ante los anuncios de protestas del 9 y 10 de enero, por lo que se desplegaron más de 1200 efectivos de seguridad, según afirmó Granko Arteaga, jefe de la Dirección General de ContraInteligencia Militar, para “garantizar la paz del país y que el 10 de enero se juramente el presidente”.
La reactivación de la modalidad más violenta de la maquinaria de represión, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos identificó en marzo de 2024 y septiembre de 2024, esta vez viene con el saldo en la primera quincena de enero de, al menos, 83 detenciones arbitrarias. Véase las dimensiones extraordinarias de la represión de 2025, cuando en 2024, en el marco del plan “Furia Bolivariana”, hubo 32 detenciones reconocidas durante todo enero. Este año, según la organización Foro Penal, la gran mayoría de las detenciones han ocurrido el jueves 9 de enero con ocasión de la movilización de la oposición con al menos 46 casos confirmados, mientras que el segundo día con más casos ha sido el 7 de enero, con 17, entre ellas las del defensor de derechos humanos Carlos Correa, el ex candidato presidencial Enrique Márquez y el yerno de Edmundo Gónzalez Urrutia, Rafael Tudares. Parte de las víctimas incluyen a un adolescente, periodistas, colaboradores de María Corina Machado, y hasta un intento frustrado contra ella misma.
Debe destacarse que la mayoría de estas detenciones, al no ser reconocidas por el Estado o negar el paradero de las víctimas, constituyen desapariciones forzadas, uno de los crímenes contra la humanidad que, junto al crimen de persecución, está siendo empleado por el Estado en aras de disuadir el trabajo de la sociedad civil en el contexto postelectoral.
La comunidad internacional está presenciando una escalada de la violencia estatal generalizada y debe asumir que se trata de la continuación de los patrones represivos implementados al menos desde 2014. Lo que es novedoso es el contexto de esta violencia estatal, enmarcada en un golpe de Estado en curso, es decir, desde la posición de un gobierno que se sabe perdedor de las elecciones y constitucionalmente debe ceder el poder, pero al que ha preferido aferrarse acudiendo a su herramienta disponible que es la fuerza. De modo tal que debe preverse que la violencia política puede tener dimensiones inéditas.
El Secretario General de la ONU expresó el miércoles 8 de enero mediante su portavoz su “profunda preocupación” por la “detención arbitraria y persecución” de opositores y familiares, la Unión Europea instó ese mismo día a la liberación “inmediata” de todos los presos políticos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión de los Hechos de la ONU hicieron lo propio, así como presidentes y otros funcionarios de alto nivel. Existe, sin embargo, un silencio ensordecedor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la cual sigue decidiendo la pasividad ante el agravamiento de los crímenes de lesa humanidad. La vía de la complementariedad positiva pasó a ser el escudo para justificar su inacción. Hacemos un llamado a los Estados a exigir al Fiscal Karim Khan a ejercer plenamente su mandato en la Situación Venezuela I, abriendo casos y emitiendo las órdenes de arresto correspondientes.
Anclado en el uso ilegítimo de la violencia y bajo el control férreo de las instituciones del Estado, Nicolás Maduro hizo una pseudo-juramentación como Presidente el 10 de enero, consumando el inicio del golpe de Estado. Llama la atención que Maduro no estuvo en condiciones de cumplir con los postulados mínimos de la Constitución para aparentar las formas. La Constitución obliga a juramentarse ante la Asamblea Nacional, lo cual presupone la constitución de la Asamblea para realizar la investidura presidencial. Ese día, en cambio, no hubo quórum de los diputados de la Asamblea Nacional, y el lugar estuvo repleto de funcionarios de gobierno, militares y ciertos invitados internacionales que se prestaron para convalidar el fraude electoral, como fue el caso del embajador de Colombia en Venezuela y las dictaduras de Cuba y Nicaragua. Además, el acto tuvo severas restricciones a la prensa. Al no estar ni los propios diputados del gobierno, hay una muestra elocuente de la falta de respaldo interno del gobierno y las fracturas que está enfrentando.
Por otro lado, en el contexto del golpe de Estado, la Ley Simón Bolívar comienza a ser aplicada por el gobierno. En rueda de prensa del 13 de enero, el fiscal general Tarek William Saab señaló a Leopoldo López, y los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque de llamar a “una intervención armada”, abriéndoles una investigación y solicitud de alerta roja ante Interpol por los delitos de “instigar acciones armadas contra la República, traición a la patria, conspiración y asociación”, indicando que están estipulados en la Ley Simón Bolívar. Esta ley, concebida para perseguir a quienes se consideren de alguna manera vinculados con “medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas”, o “el desconocimiento de los poderes públicos”, puede jugar un papel relevante en el incremento de la represión. Los países o instituciones que emitan sanciones personales, como acaba de ocurrir con Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido contra varios funcionarios venezolanos de mediano y alto rango, deberían reforzar sus políticas de protección a favor de quienes sean perseguidos bajo la excusa de las sanciones que dicten.
Unido a la amenaza de la Ley Simón Bolívar, Maduro firmó un decreto para activar un proceso de reforma constitucional asegurando que la Asamblea Nacional tiene la “autoridad política y moral” para liderar esta reforma sin someterse al escrutinio popular. Aunque Maduro no explicó las razones detrás de esta decisión ni los cambios concretos que se planean, es de esperarse la apuesta a un modelo político para consolidarlo en el poder. Esto dejaría a la oposición y a los ciudadanos sin herramientas institucionales a nivel local para desafiar al sistema, lo cual supone un riesgo estructural que debe prevenirse.
En síntesis, el escenario político en curso es de extremo peligro y trae manifestaciones consistentes con el Terrorismo de Estado, como viene denunciando la CIDH, que ya debieron disparar las alarmas en la comunidad internacional. Por eso las respuestas deben ser acordes con la nueva realidad política que transita Venezuela. AlertaVenezuela llama a los Estados a intensificar el uso de sus canales diplomáticos, así como los mecanismos disponibles conforme con el Derecho Internacional, a los fines de: i) proteger a activistas, defensores, periodistas y cualquier persona perseguida por oponerse al gobierno; ii) apoyar con acciones coordinadas de alto nivel en el restablecimiento de la democracia y el estado de derecho; iii) favorecer soluciones que tengan por norte la garantía de derechos humanos.