Para comprender el panorama electoral que afronta Venezuela en 2025, es imprescindible hacer una breve recapitulación y recordar la elección más reciente, la elección presidencial que tuvo lugar el 28 de julio de 2024. Ese evento, cuyo objetivo formal es el de garantizar el respeto al voto de los ciudadanos y que el resultado obtenido sea acatado, se redujo finalmente a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara la supuesta victoria de Nicolas Maduro secuestrando toda evidencia de los complejos mecanismos de seguridad que garantizan la pulcritud del certamen, las propias actas de votación, e impidiendo la realización de las auditorias de rigor.
En este contexto, seguido de una descomunal ola represiva que ha llevado a la cárcel a numerosos lideres políticos nacionales y activistas regionales, Nicolas Maduro ha convocado unas elecciones parlamentarias y regionales que tendrán lugar el próximo 25 de mayo. De esta manera, sin haber presentado las más elementales evidencias tangibles del resultado de la elección de 2024, sin haber procesado las incontables denuncias de fraude presentadas ante el CNE, sin haber dado respuesta ante el hecho de que la oposición presentó públicamente más de un 80% de las actas de votación y que éstas le otorgan una victoria por amplia mayoría, el Estado-partido busca avanzar en la consolidación ilegítima de su gobierno con la elección de la totalidad de los miembros de la Asamblea Nacional, los gobernadores de estado y los diputados nacionales.
Esta nueva elección, sin embargo, no trae consigo mejora alguna en los mecanismos destinados a garantizar un resultado fidedigno, y, por el contrario, repite y agrava las numerosas irregularidades que se produjeron en 2024.
Por una parte, la convocatoria se realiza con graves falencias en el cronograma electoral, publicado tardíamente, del cual se ha eliminado la publicación de las actas de votación en la página web del ente electoral. Cabe destacar que esta página web, tras décadas de funcionamiento, ha sido desactivada desde la fraudulenta elección de 2024. De esta manera, las decisiones del órgano sólo se conocen por vía de la publicación en gaceta electoral o, muy frecuentemente, por anuncio público hecho por lideres políticos del partido socialista unido de Venezuela. La desactivación de la página web tiene consecuencias gravísimas para la celebración de eventos electorales, el ciudadano no tiene acceso directo a información tan básica como la verificación de su centro electoral, al registro electoraloa los cambios que por razones logísticas pudieran presentarse. El argumento esgrimido por el CNE respecto de este asunto es que la página web fue objeto de un “hackeo” que la sacó de circulación y evitó que se pudiesen publicar los resultados del pasado 28 de julio. Parece, pues, que le ha tomado nueves meses al poder electoral crear una página web.
Adicionalmente, la definición de la fecha para la realización del evento es arbitraria, se modifica una y otra vez, y tiene lugar cuando al mandato de los actuales titulares de los cargos a elegir aun le faltan varios meses para concluir.
Un factor no menor es la realización de la elección en el marco de la reciente declaración de emergencia económica en todo el territorio nacional, que otorga al ejecutivo poderes extraordinarios, ampliándose entonces el control de los órganos del Estado mediante una legitimación legal claramente inconveniente para un proceso que debe ser equilibrado. En un país en el que la separación de poderes es inexistente, es muy mal presagio que el gobierno recurra a un ensanchamiento de sus facultades y a la suspensión de garantías.
Por otra parte, la administración pública, debido a la crisis energética, prestará servicio dos días por semana, de manera que los trámites que puedan realizar los ciudadanos ante el poder electoral tendrán mínimas posibilidades de obtener respuesta.
En síntesis, este cuadro refleja el agravamiento de las condiciones electorales que existieron en 2024. No sólo se evidencia que el gobierno que lidera Nicolas Maduro no hace esfuerzos por mejorar las condiciones y respetar las garantías electorales, sino que profundiza la opacidad del órgano electoral. Esta opacidad dista de ser producto de la incompetencia: es un plan dirigido a fomentar el desánimo del elector, a restarle al voto su rol como expresión ciudadana de construcción de la democracia, a preparar el camino para -una vez más- anunciar el resultado que convenga a sus cálculos políticos. En definitiva, el voto pasó a ser un mecanismo de manipulación y control de la población.
Es por ello que la mirada atenta de la comunidad internacional debe contribuir a la denuncia que amplios sectores de la sociedad civil han hecho, exigiendo el respeto de los estándares de una elección libre, transparente y genuina, incluyendo los resultados presidenciales de 2024, establecido en el marco constitucional y en la legislación electoral. La salida electoral es el único camino para la redemocratización de Venezuela y la superación de la grave situación social y económica que hoy vive el país.