En abril de 2025, Maduro nombró a su ex cuñada Laura Guerra Angulo como nueva presidente del Banco Central de Venezuela, afianzando así la falta de independencia de la autoridad monetaria. Para entonces, ya comenzaba a ampliarse la brecha entre el tipo de cambio oficial del dólar y el precio de la divisa en el mercado paralelo. Para el 9 de mayo, la brecha alcanzó el 24% y siguió creciendo en las semanas siguientes hasta llegar a un 40%. En un país con la economía dolarizada de facto, estas variaciones tienen un fuerte impacto en la población y en los indicadores económicos, y el gobierno lo sabe.
Un mes más tarde, el 9 de junio, el fiscal general anunciaba que ya habían sido detenidas unas 50 personas por “venta ilegal de divisas” y agregó que los detenidos “a través de distintos medios, incluyendo redes sociales, publican y realizan operaciones en divisas a una tasa de cambio distinta a la oficial, atentando contra el sistema financiero y económico del país”, como si la economía se moviera por redes sociales o las personas prefirieran pagar un dólar más caro solo porque alguien lo decreta en Instagram.
Las detenciones se produjeron en los estados Aragua, Barinas, Lara, Zulia, La Guaira, Yaracuy y en la ciudad de Caracas. Como ya es costumbre, el fiscal dio a conocer una larga lista de delitos supuestamente cometidos por estas personas, entre los que se encuentran terrorismo, legitimación de capitales, asociación para delinquir, oferta engañosa y captación indebida.
Las detenciones no frenaron la brecha, ni la subida del dólar oficial, lo que demuestra que las causas de este aumento no están en redes sociales. El 11 de junio el dólar oficial pasó la barrera de los 100 bolívares, umbral que había roto el dólar paralelo en marzo. Al día siguiente, se suman nuevas detenciones, esta vez afectando economistas, profesores universitarios y hasta un ex ministro de finanzas del chavismo, ahora crítico de Maduro, Rodrigo Cabezas.
La situación procesal de estas personas es incierta y solo se han dado a conocer los nombres de 20 de los 58 detenidos hasta el 12 de junio. Se afirma que todos están en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en el sector La Yaguara de Caracas, pero se desconocen detalles sobre comunicación con familiares, nombramiento de abogados y demás derechos como procesados. En el caso de Cabezas, su familia ha denunciado que se encuentra desaparecido tras su detención en la ciudad de Maracaibo, desde donde fue trasladado a Caracas, sin que se conozca su paradero. Extraoficialmente se ha tenido conocimiento de la detención de otros profesores universitarios sobre los cuales no hay más información porque sus familias han pedido no divulgar detalles, con la expectativa de que de esa manera se solvente su detención arbitraria, pese a que el silencio rara vez ha funcionado en casos en los que la privación de libertad tiene motivaciones políticas.
De la misma manera como silencia información sobre los detenidos, el gobierno oculta el estado de la economía. Así, la opacidad sigue siendo la principal característica de la gestión gubernamental, acompañada por la represión contra quien informa. Al referirse a los profesionales detenidos, el Observatorio Venezolano de Finanzas sostuvo que “La labor de estos profesionales es esencial para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, el fortalecimiento de la transparencia institucional y el ejercicio del derecho ciudadano a estar informado. Atacar a quienes generan y comparten datos económicos confiables no solo vulnera principios democráticos fundamentales, sino que también limita la comprensión colectiva de la realidad nacional”. Cabe recordar que desde octubre de 2024 el Banco Central de Venezuela no publica cifras relacionadas con indicadores económicos, lo que alimenta la necesidad de información por fuentes independientes. De nada sirve matar al mensajero frente a un dólar que se dispara e indicadores económicos que van en caída.
Mientras la represión amplía su espectro de víctimas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio un avance de lo que será su presentación sobre Venezuela en el diálogo interactivo a realizarse el próximo 27 de junio ante el Consejo de Derechos Humanos, afirmando “me preocupa la tortura y malos tratos en centros de detención y la vulneración de garantías procesales”.
La cita del 27 de junio en Ginebra, debe ser el escenario propicio para que los países democráticos alcen su voz en repudio de esta nueva escalada de represión, en paralelo con el repunte de la emergencia humanitaria compleja.