Al cumplirse un año de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, ampliamente denunciada como fraudulenta por actores nacionales e internacionales, Venezuela atraviesa el momento más oscuro en materia de derechos humanos desde el inicio del régimen de Nicolás Maduro. El proceso electoral, marcado por la inhabilitación de candidatos opositores, la censura informativa y la coacción al electorado, culminó con la proclamación ilegítima de Maduro como presidente, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral alteró abiertamente los protocolos electorales y secuestró las actas de votación con los resultados, profundizando así la crisis institucional que arrastra el país desde hace más de una década.
Represión post-electoral: un patrón sistemático
Lejos de buscar una salida democrática a la crisis, el gobierno de facto ha intensificado la represión contra líderes opositores, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos críticos al régimen. Desde agosto de 2024 hasta la fecha, organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado más de 2000 detenciones arbitrarias relacionadas con la disidencia política. Entre los detenidos se cuentan dirigentes de partidos políticos, así como defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas.
Muchos de estos presos han sido procesados por tribunales militares o bajo acusaciones infundadas de “conspiración”, “terrorismo” o “traición a la patria”, en juicios sin garantías mínimas. Las condiciones de reclusión en centros como El Helicoide o La Tumba siguen siendo denunciadas por organismos internacionales debido al uso sistemático de torturas físicas y psicológicas.
Criminalización de la sociedad civil
En paralelo, el régimen ha redoblado sus ataques contra las organizaciones no gubernamentales, acusándolas de operar como “agentes extranjeros” o de “desestabilización”. El proyecto de Ley contra las Organizaciones No Gubernamentales, aprobado por la Asamblea Nacional oficialista en enero de 2025, impuso fuertes restricciones al financiamiento, registro y operación de estas entidades. Como consecuencia, decenas de ONG han tenido que cesar sus actividades o salir del país, dejando a comunidades vulnerables sin servicios básicos de asistencia jurídica, alimentaria o médica.
División y cooptación de la oposición
Otro pilar de la estrategia autoritaria ha sido el intento deliberado de dividir a la oposición democrática, promoviendo liderazgos paralelos desde el Tribunal Supremo de Justicia, comprando voluntades y fomentando la fragmentación interna. Mientras se mantiene la persecución contra dirigentes con arraigo popular, el régimen ha impulsado el ascenso de figuras que juzga convenientes o aceptables para su proyecto. En ese contexto se realizaron las elecciones de gobernadores y alcaldes el último domingo de julio, sin una presencia plausible de electores, sin una oposición real, sin resultados verificables y sin sorpresas sobre los “ganadores”.
A pesar de estas maniobras, sectores democráticos continúan articulando esfuerzos para mantener viva la lucha democrática, la documentación de violaciones de derechos humanos y el acompañamiento a las víctimas.
¿Y la comunidad internacional?
Aunque la comunidad internacional —especialmente la Unión Europea, la OEA y algunos gobiernos latinoamericanos— ha rechazado los resultados de las elecciones de 2024, la respuesta concreta ha sido insuficiente. Las declaraciones diplomáticas no han logrado frenar la escalada represiva. La falta de una estrategia coordinada y sostenida debilita el impacto de la presión internacional y da oxígeno al régimen para continuar sus abusos.
Conclusión: no es momento de mirar hacia otro lado
A un año del fraude electoral, la situación de los derechos humanos en Venezuela es crítica. El país vive bajo un régimen que de autoritario ha devenido en totalitario, que usa el aparato judicial, militar y comunicacional para mantenerse en el poder, reprimiendo a todo aquel que lo cuestione. A pesar del miedo, la censura y la represión, millones de venezolanos siguen resistiendo. Su dignidad y coraje son la base sobre la cual podrá reconstruirse una Venezuela libre.
La comunidad internacional debe actuar ya. No bastan las condenas retóricas. Se necesita una respuesta coordinada, firme y sostenida que incluya mecanismos de rendición de cuentas, apoyo a la sociedad civil, protección a las víctimas y respaldo real a una transición democrática.