La Corte Penal Internacional (CPI) es crucial para las víctimas venezolanas y para toda la sociedad. Representa la posibilidad de juzgar en el máximo tribunal global los crímenes más atroces cometidos en el país, ante la imposibilidad de obtener justicia dentro del sistema judicial venezolano. Este proceso genera enormes expectativas y también resistencia: las víctimas claman por justicia, mientras los responsables y sus aliados intentan frenar el avance judicial y normalizar la represión.
En redes sociales y medios de comunicación conviven la esperanza y la frustración. A veces, incluso, gana terreno un discurso derrotista que desprecia cualquier vía internacional: desde la ONU hasta la OEA, pasando por la Corte Interamericana y la CPI. Este ruido busca acallar la voz de las víctimas y sembrar desánimo. Sin embargo, a pesar de ese ambiente hostil y de las presiones sin precedentes que enfrenta la Corte —incluyendo amenazas tras las órdenes de arresto contra Putin y Netanyahu—, la investigación sobre Venezuela sigue adelante.
¿Qué ha pasado en la situación Venezuela I?
El examen preliminar comenzó en 2018, a raíz de la represión de 2017. En 2021, el fiscal Karim Khan anunció el inicio formal de la investigación desde Caracas. Desde entonces, el Estado venezolano intentó frenar el proceso, apelando a la cooperación que exige el principio de complementariedad. Pero esa etapa concluyó: Venezuela perdió sus seis apelaciones entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, y la Fiscalía reafirmó su compromiso con el caso, incluso denunciando públicamente el encarcelamiento de niños en diciembre de 2024.
La investigación no se ha detenido. El objetivo es establecer la responsabilidad individual de altos cargos por crímenes de lesa humanidad como persecución política, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, cometidos de forma sistemática y generalizada. Aunque los tiempos no son públicos ni predecibles, la investigación ha seguido un ritmo comparable al de otros procesos, como el de Filipinas. Desde mayo de 2025, Khan está fuera de funciones por una investigación en su contra, y el vicefiscal Mame Mandiaye Niang, quien además tenía entre sus responsabilidades supervisar el equipo de investigación de la situación de Venezuela, ha asegurado que los trabajos continúan. El paso siguiente sería emitir órdenes de arresto o comparecencia y abrir un caso penal contra responsables específicos.
Transparencia, precedentes y posibles avances
El viernes 1ro de agosto, los jueces de la CPI tomaron una decisión clave: pidieron al fiscal Khan que se aparte de la situación Venezuela I. Aunque fue él quien abrió la investigación y su equipo venció al Estado venezolano en todas sus apelaciones, los jueces consideran necesario garantizar la percepción de imparcialidad y transparencia, ya que una abogada del equipo de defensa venezolano es su cuñada. Solo ante la percepción de que pudiese haber conflicto de interés, y además para preservar la confianza en el proceso, se le exige que se excuse y se aparte de la investigación. Así se sienta un precedente de algo que no debe pasar, aun cuando formalmente nada impedía la participación de Alagendra en un equipo opuesto al de Khan y aun cuando ese supuesto privilegio no le fuera útil para ganar ninguna de las apelaciones. Este precedente refuerza la confianza en la Corte y sobre todo elimina posibles argumentos futuros de la defensa de los perpetradores. Los mismos que contrataron a la cuñada del Fiscal perdieron una carta que podían usar más adelante.
¿Y ahora qué?
El trabajo de la Corte sobre Venezuela no se reinicia ni se detiene: sigue adelante a pesar de las presiones. Sobre todo, porque la Corte también necesita marcarse logros en un año tan complejo. Que haya órdenes de arresto contra otros líderes mundiales —como Putin o Netanyahu— demuestra que la Corte puede actuar sin excepciones. Que Duterte esté ya detenido por el caso de Filipinas muestra que los tiempos judiciales, aunque largos, producen resultados. También demuestra que puede haber órdenes de captura no conocidas públicamente. Y el hecho de que Khan quede fuera del caso Venezuela desactiva una futura recusación que podría haber retrasado el proceso.
La CPI se protege y prepara el terreno para avanzar hacia un juicio histórico. Ante eso debemos pedir celeridad y más acciones de los Estados Parte que deben salvaguardar su mandato, cooperar con ella, fortalecer su financiamiento y también ser responsables con las víctimas que han llegado a otros países. La situación Venezuela I empezó por una petición de seis Estados que hicieron la remisión a la Fiscalía: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. En sus territorios hay víctimas y testigos potenciales, hay migrantes que necesitan protección, algunos incluso tienen nacionales presos en Venezuela que también han sido víctimas de los crímenes de lesa humanidad que investiga la Corte. Es mucho lo que pueden hacer desde la diplomacia y la política, hablando alto y claro, para acompañar a los venezolanos en su búsqueda de justicia.