El presente informe fue elaborado por AlertaVenezuela con contribuciones de 15 organizaciones venezolanas dedicadas a una variedad de temas y derechos, y consiste en una compilación de valoraciones, según la experticia y mandato de cada organización, sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones aceptadas por el estado venezolano en el marco del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU).
En el tercer ciclo EPU, Venezuela aceptó 221 de las 328 recomendaciones formuladas por los estados. Para este informe se analizaron 88 de las 221 recomendaciones aceptadas, a partir de la respuesta a la consulta formulada a organizaciones de la sociedad civil. Las recomendaciones están agrupadas en diferentes bloques de derechos, como se verá en el índice y ordenadas de manera consecutiva. Cada recomendación fue valorada según el grado de cumplimiento por parte del estado venezolano, según cuatro categorías: cumplida, parcialmente cumplida, no cumplida y en regresión. Es posible que sobre una misma recomendación haya valoraciones diferentes, ya que cada organización maneja sus propios indicadores de evaluación de cumplimiento.
El estado venezolano ha desconocido en reiteradas ocasiones el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, así como los informes presentados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, elaborados con base en resoluciones del Consejo de Derechos Humanos. El rechazo de Venezuela a estos mecanismos se basa en argumentos sobre una supuesta práctica selectiva en el monitoreo sobre algunos países, así como por alegaciones de injerencia en asuntos internos, al tratarse de mecanismos que no cuentan con el consentimiento del estado concernido.
Venezuela reconoce al Examen Periódico Universal como el único mecanismo válido de monitoreo de derechos humanos entre pares. En tal sentido, el total incumplimiento de recomendaciones voluntariamente aceptadas por el estado venezolano, desmienten su narrativa sobre una supuesta cooperación con el sistema internacional de protección de derechos humanos en espacios de revisión entre pares, incluso cuando se trata de recomendaciones aceptadas por el país.