En el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), Venezuela aceptó 221 de las 328 recomendaciones formuladas por los Estados. Muchas de las recomendaciones aceptadas fueron formuladas por países amigos de Venezuela como Bielorrusia, Bolivia, China, Cuba, Indonesia, México, Nicaragua, Rusia, Sudáfrica, Turquía, Vietnam y Yemen, entre otros.
Venezuela reconoce al Examen Periódico Universal como el único mecanismo válido de monitoreo de derechos humanos entre pares. Por el contrario, el Estado venezolano ha desconocido en reiteradas ocasiones el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, así como los informes presentados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), elaborados con base en resoluciones del Consejo de Derechos Humanos. El rechazo de Venezuela a estos mecanismos se basa en argumentos sobre una supuesta práctica selectiva en el monitoreo sobre algunos países, así como por alegaciones de injerencia en asuntos internos, al tratarse de mecanismos que no cuentan con el consentimiento del Estado concernido, en lo que respecta a la aprobación de una resolución que solicite un monitoreo especial sobre ese Estado.
Al cumplirse dos años de las recomendaciones formuladas a Venezuela en el tercer ciclo del EPU, AlertaVenezuela realizó una consulta a organizaciones de la sociedad civil que hacen seguimiento a este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos. En la consulta participaron 15 organizaciones que analizaron 88 de las 221 recomendaciones aceptadas. Cada recomendación fue valorada según el grado de cumplimiento por parte del estado venezolano, según cuatro categorías: cumplida, parcialmente cumplida, no cumplida y en regresión.
Los resultados de la consulta se recogen en un informe que presenta un balance desolador. Ninguna de las recomendaciones aceptadas voluntariamente por Venezuela fue cumplida. Tan solo el 9,09% de las recomendaciones fueron parcialmente cumplidas y el 40,9% fueron incumplidas, mientras que la mitad de las recomendaciones no solo no experimentaron avances, sino que se observó una importante regresión, como es el caso del respeto del espacio cívico, la realización de elecciones transparentes, la promoción del diálogo para la reconciliación nacional, el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, la adecuación del sistema penitenciario a las Reglas Mandela y la investigación oportuna e imparcial de crímenes como las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza.
Incluso en áreas como los derechos económicos, sociales, cultuales y ambientales predomina el retroceso. De 8 recomendaciones, se observó cumplimiento parcial en una, incumplimiento en 5 y regresión en 2.
En tal sentido, el total incumplimiento de recomendaciones voluntariamente aceptadas por el Estado venezolano, desmienten su narrativa sobre una supuesta cooperación con el sistema internacional de protección de derechos humanos en espacios de revisión entre pares, incluso cuando se trata de recomendaciones formuladas por países amigos y aceptadas por el país.
Venezuela ha intentado excusarse en una supuesta selectividad para desconocer el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, así como los informes presentados por OACNUDH. La hipocresía del gobierno de facto llega al punto de rechazar la selectividad cuando se trata de rendir cuentas por las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país, por una parte, y exigir, por otro lado, un examen individualizado de la situación de Palestina, las deportaciones de venezolanos a El Salvador, por mencionar solo dos casos recientes.
Venezuela ignora deliberadamente que existe una Comisión Internacional Independiente de Investigación (COI) sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, y una Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, relatoría que desconoce el gobierno de Israel y se niega a cooperar y cuya relatora fue recientemente sancionada por los EE.UU. e Israel. Por otra parte, once mandatos de la ONU se mostraron “alarmados por deportaciones ilegales de Estados Unidos a El Salvador”.
El sistema de derechos humanos de la ONU sí ha respondido a las aterradoras situaciones de Palestina y El Salvador, entre muchas otras, aplicando exactamente el mismo estándar que se aplica a Venezuela, basado en el hecho de que no se puede alegar injerencia ni selectividad cuando se levanta la voz ante graves violaciones a los derechos humanos. Es Venezuela la que decide invocar cualquier excusa, por más inconsistente que sea, para intentar escapar del monitoreo internacional.
La comunidad internacional debe rechazar el chantaje del doble discurso de Venezuela y asumir que, si el gobierno de facto no cumple ni siquiera las recomendaciones hechas por sus amigos, es porque carece de todo interés genuino en la protección de los derechos humanos, por lo que el silencio o la diplomacia silenciosa no son opciones en la interacción con un gobierno que desprecia la vida y la libertad de sus ciudadanos. Asimismo, la evidente falta de cooperación con la protección de los derechos humanos debe llamar a otros mecanismos de justicia internacional, como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a replantear su estrategia de trabajo frente a Venezuela, ya que todavía insiste en una idea de complementariedad positiva con la justicia local que no tienen ningún asidero.