El régimen de Nicolás Maduro ha intensificado su represión hasta cruzar el umbral del autoritarismo y adentrarse, ya abiertamente, en prácticas que configuran un espacio totalitario. Hoy ya no solo persigue a la oposición tradicional, sino que arremete contra voces críticas de su propio espectro ideológico. Un régimen que ha mantenido por décadas un discurso claramente izquierdista, que se precia de relacionarse con gobiernos como los de Cuba y Nicaragua, ha desatado una nueva ola de detenciones, amedrentamientos y persecuciones. Ejemplos de ello lo constituyen la abogado María Alejandra Díaz y la activista Marta Lía Grajales, que son la confirmación de que en Venezuela se ha instalado una lógica de control absoluto, donde toda crítica es criminalizada.
Un patrón con antecedentes
La represión a voces internas no es nueva en el chavismo. Ya en tiempos de Hugo Chávez se documentaron casos de purga política contra aliados convertidos en disidentes, como el General Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa, quien fue encarcelado en 2009 tras mostrarse crítico del oficialismo. Murió preso.
Tareck El Aissami, una de las figuras más poderosas del chavismo, fue desaparecido por meses, acusado de corrupción y encarcelado en 2023, evidenciando que ni los cuadros históricos están a salvo del ajuste de cuentas.
Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas del propio Chávez, fue marginado y hostigado tras denunciar el colapso económico y la corrupción del madurismo, para luego ser detenido de manera ilegal.
La larga lista incluye a otros activos chavistas como Juan Barreto, Nicmer Evans, Andrés Izarra, entre otros. Estos precedentes muestran que el chavismo nunca toleró la disidencia interna. Pero lo que ocurre hoy bajo Maduro es más profundo: ya no se trata de aislar a dirigentes políticos o militares, sino de criminalizar la defensa de derechos humanos y la autonomía sindical aun de quienes han apoyado la llamada “revolución”.
Díaz y Grajales: la nueva etapa represiva
María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista y exconstituyente, fue sancionada y suspendida tras cuestionar, mediante un amparo presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia, la transparencia electoral de las elecciones del 28 de julio de 2024. Perseguida, debió refugiarse siete meses en la Embajada de Colombia antes de lograr salir del país con apoyo internacional.
Marta Lía Grajales, activista colombo-venezolana de la ONG SurGentes, fue detenida arbitrariamente en agosto de 2025 mientras participaba en una protesta pacífica. Fue imputada con cargos de “odio” y “conspiración”, provocando la condena de la ONU, Amnistía Internacional y organizaciones de la izquierda internacional.
No son estos los únicos casos de detenciones arbitrarias de voces de la izquierda son sólo los más visibles, la lista es notablemente larga.
La ofensiva contra el sindicalismo
Como si no bastara con el hostigamiento al chavismo crítico, Maduro ha anunciado la reestructuración del movimiento sindical venezolano, con el propósito de subordinarlo directamente al Estado y al partido oficialista. Esta medida busca disolver la autonomía sindical, neutralizar cualquier forma de organización obrera independiente y reemplazarla por estructuras controladas desde Miraflores.
El control de los sindicatos —espacios históricos de resistencia y de defensa de derechos laborales— constituye un paso decisivo hacia el totalitarismo. La represión ya no se limita a opositores políticos o activistas sociales, sino que apunta a eliminar cualquier forma de organización autónoma de la sociedad civil, condición indispensable para un sistema democrático.
El círculo político e ideológico alrededor del poder se está reduciendo progresivamente. Junto a las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos, y otros actores de la sociedad civil, hoy referentes de la izquierda crítica que alguna vez comulgaron con el proyecto de Chávez, o que aún lo defienden, constituyen un claro perfil de víctimas de la represión política contra la disidencia en Venezuela. Su “traición” ha sido desmarcarse del madurismo y no guardar silencio ante los desmanes de un régimen que se afana en enquistarse en el poder, sin importar las consecuencias.
Del autoritarismo al totalitarismo
Si con Chávez la represión fue selectiva, con Maduro se ha generalizado. El uso de leyes ambiguas como la Ley contra el Odio, la criminalización de la protesta y la captura del sindicalismo independiente consolidan un modelo totalitario que no tolera disidencias ni siquiera dentro del chavismo originario.
La represión contra Díaz y Grajales, sumada al intento de absorción del movimiento sindical, muestra que en Venezuela ya no existe margen para la crítica ni para la organización social autónoma. La consigna del poder es clara: lealtad absoluta o persecución. El chavismo ha pasado de un autoritarismo que castigaba a disidentes selectos a un totalitarismo que busca sofocar todo espacio autónomo de la sociedad.
Hoy Venezuela enfrenta no solo la represión de voces críticas, sino la tentativa de eliminar la pluralidad social y sindical, procurando la instalación del Estado-partido en todo el ámbito de lo político y la moral privada. En este contexto, la defensa de los derechos humanos y la solidaridad internacional resultan indispensables. Callar equivale a legitimar la consolidación de un régimen totalitario en el corazón de América Latina.