Hace un par de semanas levantamos una alerta sobre la expansión del fenómeno de la “diplomacia de rehenes” en Venezuela, temiendo que los Estados respaldaran esta práctica sin importar las consecuencias para los cientos de presos políticos -nacionales y extranjeros- en el país y en perjuicio de nuevas víctimas bajo la dinámica de la puerta giratoria -salen unos detenidos para que entren otros- que viene implementando el régimen de Maduro. La puesta en marcha de la diplomacia de rehenes con otros Estados revela que las detenciones arbitrarias dejaron de ser un mero costo político para convertirse en un potencial beneficio político, lo que resulta incuestionable en el caso de Venezuela.
Hoy esa preocupación se ha intensificado con el último canje de presos entre los Estados Unidos y Venezuela, con la intervención de El Salvador. El intercambio involucra a 252 venezolanos deportados desde EE.UU. en marzo de 2025, recluidos en el CECOT por supuestos vínculos con la organización Tren de Aragua. El Presidente Bukele afirmó que los detenidos enfrentan cargos por homicidio, robo y violación, aunque no se presentaron pruebas. Es un hecho que fueron removidos de los Estados Unidos sin debido proceso. Por otro lado, Venezuela excarceló a 10 estadounidenses y a un número de presos venezolanos aún sin definir. Una de las críticas más relevantes es la opacidad del proceso: se desconoce los detalles legales de cada caso, incluyendo quiénes componen la lista de excarcelados. El secreto alimenta la desconfianza sobre la negociación y sus supuestos resultados, así como un temor fundado sobre cuál será el destino de los repatriados por parte de Maduro, quien cuenta con antecedentes represivos contra los migrantes venezolanos, riesgo que sólo aumenta en los casos de personas que han solicitado asilo por persecución política.
En términos generales sobre este canje de gran escala operan dos niveles de análisis. Por un lado, un análisis más básico que se limita a aplaudir las excarcelaciones y argumentar que el gobierno de Maduro perdió al no recibir reconocimiento ni ningún tipo de concesiones, o al menos no del tipo del que serían de su mayor importancia, como el tema de las licencias petroleras y las sanciones. Por otro lado, un análisis más elaborado, que, aunque celebra las excarcelaciones de personas arbitrariamente detenidas, no entra a realizar conjeturas de quién ganó y quién perdió, porque entiende que los tres gobiernos involucrados han ganado en lo fundamental: en saber que pueden hacer política dañando la vida de cientos de personas usándolos como “peones”. Más allá de que el acuerdo sea, como algunos sugieren, una mezcla de diplomacia, derechos humanos e intereses políticos, la maquinaria de detenciones extorsivas ha probado resultar útil, especialmente para Venezuela.
Volviendo sobre la diplomacia de rehenes, lo que acaba de suceder lamentablemente forma parte de una tendencia en crecimiento. Como ha advertido la Relatora sobre Tortura de las Naciones Unidas, “cada vez es más frecuente que determinados Estados detengan a ciudadanos extranjeros con acusaciones falsas o exageradas para lograr objetivos de política exterior o de otro tipo (…) estos Estados demoran y dificultan la liberación y niegan que las personas retenidas sean rehenes o hayan sido privadas de libertad de manera injustificada”. En el caso venezolano, además, debe recordarse que, si bien la toma de rehenes no se enumera explícitamente como uno de los actos considerados crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma ni en el derecho internacional humanitario, los daños inherentes a la toma de rehenes, -como la tortura- la convierten en un crimen de lesa humanidad, cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y conocimiento de dicho ataque. Esta posición se sustenta en la opinión de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia cuando declaró a Tihomir Blaškić culpable de trato inhumano o cruel de civiles y, en particular, de su retención como rehenes, y calificó estos actos como crímenes de lesa humanidad.
A la luz de los precedentes jurídicos, si el Estado venezolano encuentra que la diplomacia de rehenes le genera rédito político, deberá entonces asumir el probable costo de seguir engrosando su lista de crímenes de lesa humanidad. Y, en ese sentido, es fundamental que los Estados comprendan la magnitud del problema generado en Venezuela y adopten medidas no sólo dirigidas a liberar a los rehenes, sino a denunciar, prevenir la práctica y enjuiciar a sus autores, estableciendo mecanismos de cooperación internacional para realizar estos fines. Atender sólo la consecuencia (los rehenes), sin enfrentar la causa (el régimen de facto) abona a la perpetuación del sistema. Los usos de ese sistema pueden tornarlo más complejo y dañino, y en esa medida, más difícil de contener. Qué otros Estados repliquen la diplomacia de rehenes es un síntoma elocuente de su vocación por instaurarse. Por tanto, la cuestión no son los detenidos en Venezuela, lo que constituyen razones suficientes para actuar, sino también el desarrollo de un modo delictivo de influir en las relaciones internacionales quebrando los principios más básicos del Derecho Internacional.
Reiteramos nuestro llamado a articular una estrategia de múltiples frentes donde la negociación no sea la única y necesaria vía. Se requiere de una respuesta multilateral, coordinada y de alto nivel que disponga de todas herramientas del Derecho Internacional para frenar con un sistema de presión colectiva el avance de la diplomacia de rehenes. No serán las prohibiciones de viajes a los nacionales, ni los encuentros bilaterales con Maduro desde una lógica de sálvese quien pueda, lo que ayudará a revertir esta nueva arma de la represión trasnacional. Es clave concertar sobre la premisa de que el régimen de Maduro nos perjudica a todos, y que es preciso el liderazgo de otros actores hasta ahora con bajo perfil, como el Secretario General de Naciones Unidas, asumiendo un rol decidido ante una crisis con impacto global.