“La diplomacia de rehenes” ha sido un recurso utilizado por varios países y organizaciones para incidir en decisiones políticas y económicas de otros gobiernos. No es un fenómeno nuevo, pero tampoco muy común, ya que suele germinar en los países autoritarios que requieren de tácticas de supervivencia ante el aislamiento internacional y las presiones de las que son objeto. Se refiere a la captura deliberada de personas extranjeras como moneda de cambio para obtener beneficios políticos, económicos o diplomáticos, convirtiéndose en una herramienta de influencia geopolítica cuando llega a ser articulada y no desafiada.
En el caso venezolano, la diplomacia de rehenes cobró auge tras el desconocimiento a la voluntad popular en las elecciones presidenciales de 2024. La maquinaria de represión contra la disidencia, luego de años perfeccionándose, incorporó un enfoque transnacional en doble sentido: perseguir a venezolanos disidentes fuera de las propias fronteras y también a los ciudadanos extranjeros que ingresan al país. Por ello las cárceles ya no sólo castigan a nacionales, sino que muestran una connotación más cruel y sistemática como mecanismo de política exterior al encerrar a personas que entraron a Venezuela para hacer turismo o visitas familiares. Pisar el territorio puede convertirlos en víctimas de una detención arbitraria y estar sujetos a canje.
Poco después de la elección presidencial de julio de 2024, el mismo gobierno afirmó haber detenido a unos 150 extranjeros. La mayoría fueron arrestados entre agosto de 2024 y febrero de 2025. Las nacionalidades van desde España, Italia y Alemania hasta Colombia, Ucrania, Uruguay, México, Argentina, entre otras. Han sido detenidos sin pruebas y bajo cargos genéricos como “terrorismo” o “conspiración” y sufren los patrones violatorios característicos de la política de represión, como desaparición forzada o incomunicación, tratos crueles o torturas, ausencia de debido proceso y estigmatización pública. Sin juicio y a la deriva, sufren además la falta de acceso consular, lo que viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Incluso en los casos donde llega a concretarse esta visita, se hace con un alcance limitado y condicionado por la lógica de chantaje que acompaña a la diplomacia de rehenes. Es evidente que estos casos, por provenir de la misma raíz y tener motivaciones esencialmente políticas, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Los países del mundo están en la obligación de proteger a sus nacionales. La búsqueda de protección puede legítimamente conducir a una dinámica de canje con el régimen de facto. Nada en estas líneas pretende desmerecer las negociaciones políticas o cualquier otra estrategia de incidencia a cargo de los Estados. Sin embargo, hay que mirar la estructura represiva y no quedarse solo en sus consecuencias (los casos individuales): la ganancia obtenida en concesiones rápidas y puntuales podría implicar el peligro de otros nacionales en el país o de otros potenciales que deban viajar y pasen a ser la ficha de cambio. Es un sistema que no puede sino alimentarse en la medida en que se utiliza. Por lo tanto, la discreción o la “diplomacia silenciosa” como único abordaje de los Estados tiende a reforzar la lógica de chantajes y no puede asegurar resultados sostenibles y conforme a principios.
En medio de la expansión acelerada del fenómeno, preocupa que algunos Estados, fieles al compromiso de amparar a sus nacionales, acuerden por presión indebida, concesiones tales que signifiquen reconocer a Maduro o a sus instituciones como legítimas. Esto sería una forma letal de daño a la población en el país -venezolanos y de otras nacionalidades- quienes estarían expuestos a los desmanes de un gobierno cuyo costo internacional ha tendido a ser nulo. En el peor escenario, su eventual reacomodo ante la comunidad internacional puede derivar a un modelo de aislamiento donde la represión y sus consecuencias políticas, sociales y económicas deje en mayores aprietos a los países democráticos que seguirán buscando cómo enfrentarlo desde un lugar menos favorable.
Actualmente se están dando varios casos simultáneos en los que se usan a los presos políticos extranjeros para presionar reconocimientos políticos e intercambios comerciales, lo que solo sostiene el ciclo de detenciones y la persecución de más personas, como parte de una lógica identificada hace décadas en la antigua URSS como la dinámica de la puerta giratoria. El caso más grave de todos es la presión que hay sobre Chile (porque permanecen presos y en malas condiciones los hermanos Amestica) y Colombia (con más de una docena de presos en Venezuela), para dificultar las investigaciones en Chile del asesinato del teniente Ojeda en febrero de 2024. Colombia tiene a 4 supuestos miembros del Tren de Aragua que están siendo solicitados por Chile para su extradición por el caso Ojeda, mientras Venezuela intenta convencer a Colombia para que sean enviados a Caracas, lo que afectaría el caso.
La única salida posible debe combinar una estrategia de múltiples frentes donde la negociación y el silencio no sea la única vía, en tanto puede resultar contraproducente. La denuncia pública, las demandas ante la justicia penal internacional y los organismos multilaterales, así como las sanciones individuales, forman parte de un elenco de opciones disponibles. Se requiere de una respuesta multilateral, coordinada y de alto nivel entre los países que permita frenar con un sistema de presión colectiva el avance de la diplomacia de rehenes. No serán las prohibiciones de viajes a los nacionales, ni los encuentros bilaterales con Maduro, lo que ayudará a revertir esta nueva arma de la represión transacional. Es clave concertar sobre la premisa de que el régimen de Maduro nos perjudica a todos, y que es preciso el liderazgo de otros actores hasta ahora con bajo perfil, como el Secretario General de Naciones Unidas, asumiendo un rol decidido ante una crisis con impacto global.