La magnitud de la crisis en Venezuela se acrecienta cada día. Desde lo social, desde lo político, desde la emergencia humanitaria, la situación se agrava de manera sostenida y, en este momento, el eje de la política internacional del país, si pudiese llamarse así, se centra en la administración perversa de los migrantes, su utilización como moneda de cambio con la que se obtiene el recurso más preciado para el régimen autoritario: tiempo.
Así, Nicolas Maduro ha pasado por todos los extremos posibles en su manejo y concepción de la migración. En una primera etapa optó sencillamente por negar la existencia del fenómeno migratorio. Desafiando la cruda realidad, obvia ante los ojos del mundo, de millones de venezolanos huyendo de su país, Nicolás Maduro y sus cómplices, con Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez en rol estelar, repitieron hasta la saciedad que el fenómeno migratorio era “una invención de la oposición”, que tal cosa no existía, que Venezuela vivía un periodo de prosperidad.
El discurso de negación se mantuvo por un cierto tiempo, pero progresivamente, ante la evidencia cotidiana de los migrantes, los caminantes, ante la llegada notoria de la migración a los países vecinos, esta narrativa fue mutando. Repentinamente, no sólo la migración sí existe, sino que súbitamente el otrora negador se transformó en el “defensor” incondicional de los migrantes. Maduro multiplicó las acusaciones a los distintos países receptores de venezolanos, señalando supuestos maltratos y promocionando campañas propagandísticas absurdas, como un llamado plan “Vuelta a la Patria”. Este plan, por su parte, se deshacía en elogios televisados de aquellos que retornaban al país, en proporción minúscula comparada con quienes lo abandonaban, y hacía loas a Maduro en tanto generoso dirigente preocupado por su pueblo. Contrariamente a lo propagado por el sistema de medios públicos del país, quienes regresaban, muchos de ellos retornando atemorizados ante el covid 19, eran acusado abiertamente de ser enviados como “armas biológicas” para diezmar a la población venezolana y recluidos en condiciones carcelarias al pisar territorio nacional.
Esta fase se mantuvo hasta finales de 2024, cuando ante la llegada de una nueva administración a los Estados Unidos, y la consiguiente incertidumbre que la acompañaba, el péndulo -migrantes sí, migrantes no- aceleró su movimiento oscilatorio. Así, unos pocos días Maduro podría declarar repetidamente, ante la presión del gobierno norteamericano exigiendo la “deportación” de los migrantes a Venezuela, que no permitiría que esta se realice. Y no la permitió. Acusó a los Estados Unidos de conductas imperialistas inadmisibles, al tiempo que impidió que un grupo de venezolanos deportados entre a su propio país.
Esta indignación, sin embargo, le duró poco a Maduro. Una vez que los Estados Unidos anuncia que extenderá la licencia para que pueda continuar su operación en Venezuela la empresa petrolera Chevron, de manera automática Maduro autoriza el aterrizaje de vuelos con migrantes deportados. Queda evidenciado, de manera clara, cuan falso y cambiante ha sido la posición oficial con relación a los migrantes, que son ciudadanos venezolanos con derechos.
Mientras tanto, se produce un escandaloso envío de más de doscientos ciudadanos venezolanos apresados en los Estados Unidos a una cárcel del Salvador. No existe constancia alguna de que estos ciudadanos hayan cometido crímenes, no ha habido juicio, ni siquiera expediente, y sin embargo son enviados a una cárcel de máxima seguridad, a la que llegan siendo humillados, expuestos y vejados como parte de una operación propagandística.
Esta situación nos permite señalar la existencia de graves violaciones de derechos humanos. No es aceptable realizar un procedimiento de expulsión masiva y encarcelamiento de migrantes sin la realización de un juicio que determine claramente las razones que sustentan la medida, como también es violatorio de toda norma enviarlos a un tercer país en el que no han cometido delito. Al no haber juicio no hay condena, no hay defensa, no hay lapsos, no hay derechos.
El gobierno de Nicolás Maduro ha contratado un escritorio jurídico en el Salvador y este ha presentado un recurso de Habeas Corpus en defensa de algunos de los migrantes y oponiéndose a la calificación de “terroristas” bajo la cual han sido encarcelados. Ello, a pesar de que él mismo ha detenido a más de dos mil ciudadanos venezolanos a partir de la elección presidencial del 28 de julio pasado, acusándolos de terrorismo.
Los migrantes han quedado a merced de un juego político en el que no tienen voz ni parte, son utilizados por Nicolas Maduro para, gota a gota, obtener ventajas inmediatas en su desesperada búsqueda de supervivencia ante el secuestro que perpetró de la pasada elección presidencial del 28 de julio. Incluso la oposición ha sido ambigua frente a la situación, y no ha levantado la voz ante la violación de derechos de ciudadanos venezolanos, dado que asume que el gobierno de los EEUU, promotor de esta iniciativa, es un apoyo que no puede perder.
Los migrantes han quedado a la intemperie, y sólo la mirada atenta de la comunidad internacional y la oportuna denuncia de la violación de sus derechos puede contribuir a reivindicar su grave situación.