Venezuela volvió a estar en el radar del monitoreo internacional durante la primera quincena de marzo exhibiendo cada vez más heridas del contexto postelectoral junto a otras preocupaciones vinculadas a la emergencia humanitaria compleja y el cierre del espacio cívico luego de la pseudo-juramentación de Nicolás Maduro como presidente de facto.
El 5 de marzo, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación publicó informe tras su visita de país recogiendo un conjunto de inquietudes que merecen ser destacadas. En materia de seguridad alimentaria y malnutrición, el informe da cuenta del dato de la FAO según el cual, en comparación con 2004-2006, “la prevalencia de la subnutrición en la población total se ha más que duplicado (del 7,8% al 17,6%) en 2021-2023”. La hiperinflación, la escasez de combustible, la falta de producción local y de institucionalidad democrática agravan la inseguridad alimentaria de la población venezolana.
Se sostiene que la canasta alimentaria para una familia de cinco miembros se ubicaba en 532 dólares en 2024, mientras que desde marzo de 2022 el salario mínimo se mantenía en 130 bolívares (2,19 dólares el 10 de febrero de 2025) debido a la devaluación. La pérdida de ingresos y políticas de protección tienen un impacto desproporcionado en grupos vulnerables, como mujeres, niños, pueblos indígenas, población carcelaria y adultos mayores.
El Relator Especial sumó su rechazo a la legislación regresiva contra el espacio cívico y democrático, lo cual surte efectos “interdependientes e interconectados con la realización del derecho a la alimentación”. En este sentido, instó al Estado a derogar la “Ley Anti-ONG” y criticó la ausencia de datos oficiales y de políticas de transparencia, lo que dificulta una evaluación de la situación, particularmente “sobre el uso de los recursos públicos y la implementación de los programas sociales (CLAP)”, del cual denunció su uso clientelista y discriminatorio, ineficacia y su permanencia a pesar de su supuesto carácter temporal.
Además de las restricciones severas al derecho a la alimentación, el 18 de marzo el Consejo de Derechos Humanos debatió sobre la actualización oral de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos (en adelante “la Misión”). La Misión manifestó que el gobierno de Venezuela sigue llevando a cabo acciones que constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política, cometido en relación con los delitos de encarcelamiento o privación grave de la libertad física, y otros crímenes del Derecho Internacional.
Entre sus preocupaciones, resaltó la continuación de las detenciones arbitrarias de personas opositoras, o percibidas como tales, varias de las cuales podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración. Señaló que al menos 84 detenciones se verificaron los primeros 15 días de 2025, las cuales incluyen a 2 adolescentes y 1 persona con discapacidad. Asimismo, se pronunció sobre 150 personas extranjeras detenidas, la mayoría colombianos y norteamericanos, acusados de participar en conspiraciones, en muchos casos sujetos a situación de incomunicación, así como sobre la muerte de 7 personas en el contexto de las protestas postelectorales en el estado Aragua, quienes recibieron disparos por miembros del Ejército y la Guardia Nacional Bolivariana.
La Misión hizo un llamado a la comunidad internacional a cumplir su rol, documentando, denunciando y proveyendo lo necesario para proteger a la población venezolana, incluyendo a los miembros de la sociedad civil. Esta solicitud dirigió un mensaje directo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional “a investigar los delitos de crímenes de lesa humanidad, más que educar sobre cómo se debe funcionar dentro de un país miembro”.
Paralelamente al diálogo interactivo con la Misión, las Relatoras Especiales de asociación, defensores de derechos humanos, y libertad de expresión, publicaron una alegación conjunta sobre la anulación de pasaportes de defensores, periodistas y miembros y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Según la comunicación, desde las elecciones del 28 de julio de 2024, se habría anulado, de manera arbitraria, los pasaportes de al menos 62 personas, entre ellas 10 personas defensoras de derechos humanos, 40 personas que realizaron observación electoral y 12 periodistas. Las Relatoras condenaron el posible efecto amedrentador e inhibitorio que tales medidas tendrán entre la sociedad civil, “reduciendo el espacio cívico en el país y afectando seriamente a su capacidad de seguir llevando a cabo su trabajo esencial de documentación y defensa de los derechos humanos”. Como en otras oportunidades, el Estado no respondió a esta comunicación.
El deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos en Venezuela continúa. Por ello AlertaVenezuela llama a la comunidad internacional a seguir desplegando esfuerzos de monitoreo, denuncia, financiación y protección a los fines de mantener la lucha democrática en el país y que los derechos humanos promuevan y se conviertan en el centro de una negociación multinivel dirigida a restaurar el orden democrático y constitucional.