Amnistía Internacional publicó su informe “Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela”, en el cual analiza la situación de 15 personas que estuvieron o están en paradero desconocido desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y concluyó que en el país siguen cometiéndose crímenes de lesa humanidad como parte de la política de represión contra la disidencia real o percibida. Los casos corresponden a Alfredo Díaz, Andrés Martínez (español), Damián Rojas, Danner Barajas (colombiano), Dennis Lepaje, Eduardo Torres, Eudi Andrade, Fabián Buglione (uruguayo), Jorgen Guanares, Jose María Basoa (español), Lucas Hunter (francoestadounidense), Raymar Pérez, Rory Branker, Rosa Chirinos y Yevhenii Petrovich Trush (ucraniano).
La organización señaló que la semana posterior a las elecciones, las autoridades reconocieron la detención de 2.229 personas, donde “prácticamente la totalidad de estas detenciones fue arbitraria y motivada por razones políticas”. Según afirmó, “este aumento de las detenciones arbitrarias por motivos políticos estuvo acompañado por un repunte similar en la práctica de desapariciones forzadas”, lo cual estuvo respaldado por declaraciones estigmatizantes y de acusación de altas autoridades contra opositores, personas defensoras, manifestantes, periodistas y otros sectores de la sociedad civil.
Amnistía reportó que las estrategias del gobierno para reprimir las expresiones a favor de un cambio político tras las elecciones de 2024 siguieron un patrón recurrente: las personas eran privadas ilegalmente de la libertad, y en muchos casos inmediatamente incomunicadas, se negaba su detención, u ocultaba su suerte y paradero; y se les privó de garantías procesales básicas, como el derecho a un juicio justo, a la defensa, a ser escuchadas por un juez imparcial, a conocer los cargos o pruebas en su contra; y en definitiva, acusados de delitos vagos como “terrorismo”, castigándolos por ser disidentes.
En los casos de detención de ciudadanos de otros países, Amnistía Internacional calificó que la “detención habría sido motivada por la nacionalidad de las víctimas”. Esta práctica justamente estaría siendo utilizada por el gobierno de Nicolás Maduro para justificar sus narrativas sobre supuestas conspiraciones y ataques extranjeros, “pero sobre todo como moneda de cambio con fines de negociación con terceros países”. Al respecto, agregó que la detención de ciudadanos extranjeros refleja la política represiva y la narrativa oficial alrededor de la disidencia percibida, en estos casos, con fines de presión a otros Estados.
En línea con el incremento de las desapariciones forzadas como herramienta de control político, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos informó recientemente al Consejo de Derechos Humanos que 28 personas fueron víctimas de desaparición forzada tras las elecciones presidenciales y todavía se encuentran en paradero desconocido. Al menos 12 son ciudadanos de otros países que carecen de acceso a la asistencia consular. En su intervención, cuestionó las condiciones de detención, “incluso el hecho de que a los detenidos se les niegue la atención sanitaria y se dificulte su acceso a los alimentos y al agua potable”. Señaló que algunos detenidos fueron sometidos a periodos de incomunicación por haber exigido públicamente la mejora en sus condiciones de reclusión. El Alto Comisionado elevó su denuncia al Estado pidiendo “poner fin de manera inmediata a las desapariciones forzadas y las detenciones en condiciones de incomunicación, y que los ciudadanos extranjeros arrestados puedan recibir asistencia consular”.
Asimismo, ante el incremento de las denuncias de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en Venezuela, la organización PROVEA publicó una herramienta básica de orientación inmediata para quienes enfrentan o acompañan estas graves situaciones. El documento surge como una respuesta a la necesidad de fortalecer la acción ciudadana con educación con el fin de resistir la arbitrariedad y promover el respeto de los derechos humanos en un espacio cívico cada vez más amenazado por el gobierno. Esto es otra forma de dar cuenta de los niveles de injusticia y presión con los que debe lidiar la sociedad civil venezolana y de interpelar a quienes pueden influenciar al régimen de facto sobre si están haciendo todo lo que está a su alcance para prevenir y responder a estos crímenes.
El patrón de desapariciones forzadas como medio para sembrar terror en la población se ha extendido más allá del periodo postelectoral para consagrarse como política de Estado orientada a clausurar totalmente el espacio democrático y cívico en Venezuela y a avanzar en la instalación de un Estado totalitario. Entender que este crimen forma parte de una práctica rutinaria contra la disidencia del Estado venezolano es fundamental para observar la escala y los impactos de los crímenes de lesa humanidad en curso, y reitera la absoluta indisposición del Estado de cesar en su arbitrariedad y abrir cauces a la negociación.
AlertaVenezuela llama a la comunidad internacional a seguir redoblando sus esfuerzos de monitoreo y protección de personas en riesgo en Venezuela y a exigir rendición de cuentas a través de la justicia penal internacional y el cese de la represión con gestiones de alto nivel que involucren un compromiso más activo del Secretario General de las Naciones Unidas.