En Venezuela, por décadas se realizó la jornada electoral presidencial en la primera semana de diciembre del año en cuestión, con el fin de que la asunción del gobernante electo se realizara en la primera semana de enero, período que permite llevar a cabo los asuntos propios de las comisiones de enlace, tal como lo establece la constitución. Este diseño institucional ha sido alterado por Nicolás Maduro de manera arbitraria, quien, en 2018, a través de un Consejo Electoral subordinado al poder ejecutivo, determinó la fecha de realización del acto electoral presidencial para mayo de ese año. Esta decisión, motivada por necesidades de la campaña presidencial de Maduro, trajo consigo un exabrupto constitucional: el candidato ganador, presidente electo, tendría que convivir con un presidente en ejercicio por ocho meses.
Ahora, con miras a la elección en este 2024, Maduro ha repetido la operación, fijando la fecha electoral para el 28 de julio, con lo que este lapso de convivencia entre presidente en ejercicio y presidente electo duraría seis meses. Esto tiene por objetivo dificultar a sus opositores la posibilidad de configurar sus equipos para defensa del voto y realizar las alianzas propias de una elección, entre otras.
Por otra parte, el presidente de la asamblea nacional electa de manera írrita en 2020, Jorge Rodríguez, ha anunciado que no habrá voto en el exterior en aquellos países con los que el poder ejecutivo no mantiene relaciones diplomáticas, lo que priva a millones de venezolanos, primordialmente los que se encuentran en Argentina y los Estados Unidos, del derecho de participar en la elección. Esta decisión ha sido anunciada por un actor político y no por el Consejo Nacional Electoral, en una suerte de confesión pública que evidencia que, en el gobierno de Maduro lo político aplasta lo institucional. El CNE, por su parte, acata gustoso la imposición, ignorando que su deber real es el de realizar todos los esfuerzos por motivar, incrementar, facilitar y expandir la participación ciudadana en la elección. Así, su deber es el de instar al ejecutivo a generar las acciones conducentes al establecimiento de relaciones consulares, o algún otro mecanismo ad hoc, con el fin de garantizar el derecho de los electores en el exterior.
Por otra parte, el CNE no define claramente cuáles son los requisitos para acceder al registro electoral (RE) en el exterior para aquellos países en los que sí podría activarse. Es sabido que el régimen de Maduro ha establecido condiciones inconstitucionales para el voto en el exterior, de manera que al ciudadano que vota en Venezuela se le piden menos requisitos que a quien se halla en el exterior, que debe demostrar, adicionalmente, que se encuentra de manera legal en el país receptor, y no hay mecanismos claros y uniformes para demostrar tal cosa. Ello es grave, por cuanto podría adjudicar la decisión de determinar quién puede ejercer un derecho constitucional en las autoridades de otro Estado, así como por el hecho de que es abiertamente discriminatorio el crear un tipo de requisitos para los nacionales en el territorio y otro para los nacionales en el exterior.
Pero las barreras a una elección libre y justa no paran allí. Las detenciones arbitrarias son uno de los mecanismos preferidos por Maduro para sacar de circulación a opositores incómodos y diseminar el terror en los partidos políticos y la sociedad civil, y ello lo hace Maduro mediante acusaciones infundadas de terrorismo, conspiración y traición a la patria que canaliza mediante el también írrito fiscal general, siempre atento a los deseos del partido de gobierno.
Esta tendencia se ha agudizado, primero, con la detención-desaparición en simultáneo de tres jefes regionales del comando de campaña de María Corina Machado el pasado 23 de enero en tres estados del país, seguida el 9 de febrero por la detención-desaparición de la coordinadora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel. Más recientemente, el 9 de marzo, fue detenido Emil Brandt, coordinador del partido de Machado en el estado Barinas. Todos ellos han sido detenidos sin que se sepa su condición y ubicación durante varios días. Por último, el dirigente del partido Causa R en el estado Monagas, Whilfer Piña Azuaje fue detenido y se encuentra desaparecido desde el 11 de marzo.
A este acoso hay que añadir el elemento central de la estrategia de Maduro para permanecer en el poder: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), subordinado también al poder ejecutivo, ha señalado que María Corina Machado, quien resultó electa con una abrumadora votación en las primarias realizadas por la oposición para elegir su candidato presidencial, está inhabilitada para optar a cargos públicos. La exposición del tribunal carece de todo sentido de legalidad, y sólo repite una de las estrategias más usadas por Maduro, quien ha inhabilitado a lideres políticos e incluso a partidos políticos repetidamente. No hay que olvidar que el TSJ reconfiguró la composición de la oposición venezolana al imponer nuevos directorios de partidos políticos, desplazando a sus dirigentes, creando de esa manera una oposición a su medida, que es la que ahora fue convocada a “consultas” para decidir la fecha de la elección presidencial.
Este es el clima en que se preparan las elecciones en Venezuela. Es relevante destacar que, en los acuerdos de Barbados, firmados por el gobierno y la plataforma unitaria en representación de la oposición, se establecen el compromiso de realizar “invitación a misiones técnicas de observación electoral acordadas, incluida la Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de organismos electorales y el Centro Carter…” Sin embargo, la fecha establecida para la elección no permite la planificación ni el despliegue de los técnicos electorales que requiere una correcta y cabal observación electoral, lo que disminuye las posibilidades de que los citados organismos estén en capacidad de atender el compromiso.
Así, la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, el arresto y violación de los derechos humanos de numerosos dirigentes de su partido, la fijación de una fecha que claramente dificulta el despliegue de observación electoral y la detención arbitraria de activistas de la sociedad civil como Rocío San Miguel, constituyen alarmantes evidencias de que las elecciones presidenciales en Venezuela están siendo diseñadas con total prescindencia de los criterios democráticos que distinguen a una elección libre y competitiva.
Todo lo anterior muestra lo imprescindible que resulta que la comunidad internacional no sólo comprenda la gravedad de la situación actual de la democracia venezolana, sino que coadyuve en la defensa de los principios electorales internacionalmente aceptados, y mantenga una activa actitud vigilante frente a los próximos desarrollos en el país.